En 2007, publiqué un artículo sobre financiación de los partidos políticos a propósito del famoso 3% en Catalunya; me ha parecido de interés, en esta coyuntura actual, volverlo a reproducir.

Un giro a la transparencia.

Publicado en 11 septiembre, 2007by xaviercassanyes

Cada relevo político, después de una consulta electoral, suele tener como protagonistas decisiones administrativas controvertidas tomadas por los gobiernos cesantes: aprobación de planes urbanísticos o concesiones y adjudicaciones de obra; como, también, revisiones al alza de sueldos, que toman los equipos entrantes. Ciertamente que las unas y las otras merecen ser vistas desde la suspicacia dado que sus beneficiarios suelen ser protagonistas de cuestiones polémicas muy sensibles para la ciudadanía.

Ya expresé en otro momento la conveniencia, y ahora reclamo con urgencia, que se legisle a nivel nacional para que una vez convocadas elecciones Generales, Autonómicas o Locales los respectivos órganos de gobierno, no puedan tomar decisiones de envergadura que impliquen hipotecas presupuestarias o legales para las administraciones entrantes y, también, que los sueldos de los representantes en estas administraciones no puedan superar cierto ratio no en función de los presupuestos que maneje cada institución, sino de criterios socioeconómicos generales; y aún más, habría de desarrollarse alguna fórmula que imprima cierta homogeneidad y proporcionalidad en este asunto, evitando contrasentidos flagrantes como el listado comparativo de sueldos que la prensa ha ventilado estos días entorno a la desmesura de los sueldos de nuestros políticos.

Siendo estas exigencias importantes no serían, sin embargo, suficientes para aportar mayor transparencia y moralidad a la gestión pública si no se reclamara, también, un cambio conceptual en relación a la funcionalidad del político en la administración de los recursos de la comunidad.

El político es servidor de la comunidad pero antes es un ciudadano que como tal responde ante la comunidad y cuya gestión puede ser cuestionada y, en su caso, sujeta a responsabilidad personal, no sólo política. Ya es hora que se legisle en el sentido de que el gestor público, que accede por razón de elección política, responda con su propio patrimonio por los desaguisados que realice. El político que gestiona no puede, no debe, administrar los recursos de todos con mayor ligereza con la que administraría los suyos propios. El cargo público debería estar sujeto a responsabilidad civil subsidiaria por sus decisiones, como hay que exigir que éstas se tomen con responsabilidad, y ambición sin duda, pero con criterios empresariales; en ocasiones con envergaduras de empresa trasnacional, y en otras, con extrema prudencia como en las cuentas de la vieja.

La gestión pública, se dé en la dirección política que sea, puede aunar, y debe armonizar, criterios políticos y técnicos en la toma de decisiones de manera que los resultados sean óptimos aunque pueda albergar riesgos como inherentes a toda decisión. Desde esta óptica, la línea entre la buena gestión con resultados no deseados, la gestión irresponsable y la fraudulenta, son fácilmente detectables. No hay más que acercarse al símil de la empresa privada para valorar qué sería, en éstas, tolerable o no.

Dotar de transparencia a nuestro Sistema exige abordar el tema de la financiación de los partidos políticos que está detrás del porqué de algunos sueldos, y es la cuestión de fondo de sonados escándalos. Mientras los partidos sigan financiándose, en gran medida, a través de las aportaciones de los cargos electos, algunos políticos lo llaman irónicamente impuesto revolucionario, y por donaciones directas de empresas o particulares que, cabe suponer, esperarán cierta ventaja en algunos ámbitos, la salud de los partidos políticos está en entredicho.

El caso del 3%, con que supuestamente se nutría las arcas de Convergencia a cambio de contratas, los casos más lejanos de Filesa, los desvelados en la Comunidad Valenciana, como el caso Naseiro, y otros, son evidencia de que la actual ley de financiación de partidos no es realista ni puede funcionar porque, entre otras, aún considera a los partidos como a sociedades casi filantrópicas o cenáculos propios de siglos anteriores, sin asumir que son organizaciones de masas, ya, indispensables para el funcionamiento del sistema y, por tanto, diríase que  quasi estado.

Hoy los partidos políticos, cuya funcionalidad social está por revisar, son maquinarias electorales; organizaciones articuladas entorno a una matriz de principios genéricos, con una notable amplitud ideológica, cuya justificación es la conquista del poder político. Tienen, pues, necesidad de importantes recursos financieros imposibes de obtener por las aportaciones directas del presupuesto del estado, ni por las cuotas de sus afiliados ni los rendimientos de los votos obtenidos. Como instrumentos esenciales del sistema democrático, los partidos políticos debieran ser financiados directamente por la misma sociedad a la que sirven.

Ya con ocasión de reflexionar entorno al escándalo del 3%, me refería a que un sistema posible sería que fueran las empresas beneficiarias de los contratos de la administración las que aportaran un ratio para la financiación de los partidos políticos representados en aquella institución.)

Creo que es por este camino por dónde los partidos se financiarían de forma más transparente salvándolos, además, de clientelismos posteriores.

(Publicado en ÚLTIMA HORA, 11-Septiembre-2007