El catedrático de derecho constitucional González Casanovas, en una entrevista a finales de 2007 decía que la alegría con que el sector financiero se lanzaba a ofrecer créditos, incluso del 120 por ciento, sobre el valor tasado del inmueble, estaba induciendo a las familias a lanzarse a una aventura peligrosa que podía ser dramática si el segundo sueldo familiar fallaba. No puedo por menos, traer a colación, también, una entrevista por televisión de estos días, en que un inmigrante se veía obligado a vender su casa, hipotecada, que había adquirido hacía año y medio por la insistencia de la inmobiliaria que le convenció de que alquilar era tirar el dinero.

Nadie, ni el gobierno, podría, hace unos años, haber puesto freno a esta escalada inmobiliaria, so pena de haber recibido todas las críticas por intervenir en un mercado jugoso donde Ayuntamientos y Comunidades Autónomas sacaban beneficios que, en el mejor de los casos se invirtieron en infraestructuras, cuando no se diluyeron en una servidumbre de mordidas; que tienen que ser esclarecidas para que se recupere la confianza en el Estado de Derecho y prevenir nuevos episodios.(Extracto UH, 27-9-2008)

Lo que se critica a este gobierno de Zapatero es que no fuera ágil de mente, y rápido en reflejos, para relacionar manifestaciones de expertos, como el profesor Casanovas, los informes del Banco de España del momento… y la crisis que estallaba en agosto de 2008 y que, cuando publiqué el artículo referido en septiembre, los expertos no dudaban que iba a repercutir directamente en la economía española.

Ayer el gobierno hacía un guiño a las demandas de los indignados subiendo el mínimo no embargable para el pago judicial de las hipotecas ejecutadas y, también, el precio de remate, cuando en la subasta judicial no hay postor, del 50% al 60%. Ridículo, al menos tendría que haberse subido al 75% como organizaciones de defensa de afectados, dado que la tasación de los inmuebles las hacían tasadores nombrados por las entidades financieras que a su vez eran las beneficiarias de sus tasaciones, en consecuencia juez y verdugo, o incendiario y bombero a la vez. Creo que si alguien se propusiera llevar a los tribunales a las entidades prestatarias podría ganar casos, ya que crisis aprate, habría base para sospechar una maquinación fraudulenta del precio de las cosas, delito tipificado en el Código Penal.