El político es servidor de la comunidad pero antes es un ciudadano que como tal responde ante la comunidad y cuya gestión puede ser cuestionada. Uno se puede equivocar, pero hay equivocaciones que rayan la negligencia, la irresponsabilidad y, en este caso, debe de estar sujeta a responsabilidad personal, no sólo política. Y ese criterio debe de aplicarse, no solo a partir de ahora, sino en el pasado, proque existe legislación que ampara, como maniobras y manipulaciones artificiosas, decisiones que pueden testarse y contrastarse, como antiprofesionales como malas practicas, con consecuencis de responsabilidad.  Ya es hora de que se legisle en el sentido de que el gestor público, que accede por razón de elección política, responda con su propio patrimonio por los desaguisados que realice.

El político que gestiona no puede, no debe, administrar los recursos de todos con mayor ligereza con la que administraría los suyos propios. El cargo público debería estar sujeto a responsabilidad civil subsidiaria por sus decisiones, como hay que exigir que éstas se tomen con responsabilidad, y ambición sin duda, pero con criterios empresariales; en ocasiones con envergaduras de empresa trasnacional, y en otras, con extrema prudencia como en las cuentas de la vieja.

La gestión pública, se dé en la dirección política que sea, puede aunar, y debe armonizar, criterios políticos y técnicos en la toma de decisiones de manera que los resultados sean óptimos aunque pueda albergar riesgos como inherentes a toda decisión. Desde esta óptica, la línea entre la buena gestión con resultados no deseados, la gestión irresponsable y la fraudulenta, son fácilmente detectables. No hay más que acercarse al símil de la empresa privada para valorar qué sería, en éstas, tolerable o no.

(Extracto del artículo, «Giro a la transparencia», publicado en UH,   11-09-2007)