En Islandia ya saben esa isla de glaciares en tierras de Terranova, que de vez en cuando nos riega generosamete con ceniza volcánica, están procesando a su exprimer minsitro. Islandia es una isla de 300 mil habitantes cuya economía se sustenta en una potente industria pesquera, gracias también a haber extendido unilateralmente (manu amenaza militari) sus aguas nacionales, en perjuicio de la industria pesquera española.
En estos últimos diez años se había convertido en un enclave financiero de primer orden, un gigante con pies de barro y un endeudamiento externo desaforado. En 2008, la deuda bancaria de Islandia es varias veces superior a su PIB. El país de precios prohibitivos y moneda aristocrática, por su elevada cotización, descubre que su realidad es la de una isla del Atlántico norte y sus ciudadanos no deberían sentirse tan ricos. La moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. Un país en bancarrota.
A finales del 2008, fue nacionalizado en Islandia el banco Landsbanki, una entidad hasta entonces puntera del país. Ante la alarma internacional, el Gobierno británico decidió congelar todos los activos de la filial de la entidad IceSave, con 300.000 clientes británicos y 910 millones de euros invertidos por administraciones locales y entidades públicas del Reino Unido. Otros bancos tuvieron que ser intervenidos ( Kaupthing, Glitnir), estos con intereses también en Holanda. La población se pregunta por qué el país debe asumir las deudas contraídas por una mala gestión de los bancos y solicita someter la devolución de esa deuda a referendo. El conservador Geir H. Haarden, y de todo su Gobierno en bloque dimite en bloque.
En enero del 2010 el nuevo presidente, Ólafur Ragnar Grímsson, se niega a tomar una decisión sobre el asunto de la devolución de la deuda y anuncia que convocará una consulta popular. El 93% de los votos se oponen al pago de la deuda internacional. Ante esta situación, el FMI decide congelar las ayudas económicas a Islandia. Paralelamente, la Justicia islandesa impulsa las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos.
Es la primera vez que un parlamento decide llevar a los tribunales a políticos por gestión negligente. Sin duda, y no es por quitar hierro a los casos de corrupción y malversación de fondos en la mente de todos, resulta aún más escandalos y más oneroso y punible socialmente la negligencia en la gestión económica y política. Se dirá que en la toma correcta de decisiones, en su acierto, intervienen factores objetivos y que los análisis de previsibilidad, evolución futura de las circunstancias son cosa de adivinos…Nada más falaz. Ahí están, en nuestro caso español las advertencias del Banco de España, a medidaos de 2007 sobre las que se nos venía en 2008, y aún antes, que todos recordamos artículos de prensa sobre la burbija inmobiliaria que se estaba engordando. ¿Entonces?
Y qué decir de un gobierno de Zapatero, el segundo, cuyo adalid Solbes, todos recordamos el debate con Pizarro, negando la posibilidad de crisis a cinco meses de que estallara, en agosto de 2008.
Sí, pienso que hay base para una instrucción judicial por la magnitud el daño y porque los daminificados en una sociedad, se han producido daños contra la humanidad.