Administración eficiente no es reducir empleo público.

 

El segundo objetivo político para la próxima legislatura autonómica y en Cort, el primero reactivar la economía, tiene que ser racionalizar y equilibrar las cuentas de las administraciones públicas.

Desde el capítulo de ingresos, descartado aumentar la presión fiscal, habrá que buscar nueva financiación a través de ingresos extraordinarios, sea enajenando patrimonio inmobiliario, como sugiere la presidenta Aguirre al alcalde de Madrid, cuestión problemática en momentos de depresión inmobiliaria, o proponiendo operaciones de partenariado con el sector privado, para acometer inversiones de alto valor añadido; por innovación tecnológica, eficiencia y calidad de gestión, sea en servicios de infraestructuras, equipamientos o estrategias de desarrollo local y competitividad en el entorno de nuestro marco económico.

Hacia el capítulo del gasto, el reto está en redimensionar las administraciones públicas y en su adecuación respecto las funciones que tienen encomendadas, buscando eficiencia y racionalidad, pues la calidad en la administración pública tiene que ver, ante todo, con una buena distribución de funciones. Reestructurar y adelgazar no implica reducción del empleo público, como equivocadamente se considera, sino recalificar y definir nuevas RPT (relación de puestos de trabajo) ajustadas a reformas en profundidad, desde las ventajas de la economía de escala, sustituyendo la atomización de unidades administrativas por centralidades polivalentes, y con la implantación de la administración electrónica, que simplifica procedimientos, agiliza trámites y facilita su control y transparencia.

No sobran funcionarios y empleos públicos, sólo están mal distribuidos. Comparando con nuestro entorno, si el empleo público ocupa en España (2008), el 5,52% de la población, hay un funcionario para 18,09 personas; el índice es similar a Alemania e Italia, un 5,47% y 5,77%, con 18,26 y a 17,32 personas por funcionario, respectivamente. Y en Francia y Holanda, el empleo público representa el 8% y el 6,09% de la población, con un ratio de atención de 12,50 y 16,40, mayor gasto.

Respecto a la población activa, los baremos son menos favorables; tomando estadísticas de Eurostat (2008), la tasa de ocupación en España era de 63,7%; mejor situación para Holanda, 78,9%, Alemania 74,6%, y Francia 70,4%; y similar para Italia, 63%.

En conjunto, el empleo público en España está en línea con el de los países de referencia europea, más teniendo en cuenta que el 72% del empleo público se distribuye en servicios básicos, como seguridad, fuerzas armadas…del que el 20,3% es para educación no universitaria y un 18,5% sanidad. Así que, sólo un 28% entraría en esa tipología de funcionario puro, administrativo, en las administraciones públicas.

A grandes rasgos no sobra empleo público aunque, como consecuencia de planes de optimización, puedan darse ajustes que se resolverían por tasas de reposición bajas del 25% como se hizo en los últimos tres años de gobierno popular; en todo caso, mayores al 15% de esta año 2010.

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