Cuando se discutía a cerca del Estado Autonómico se tenía claro que la nueva instancia de poder supondría un incremento importante del gasto pero se asumía porque se preveía que ese desajuste sería temporal, en la medida en que se consolidaran las nuevas administraciones y su capacidad para gestionar las competencias dela AdministraciónCentral.La falta de consenso político respecto la credibilidad en la nueva estructura del Estado sumado a los efectos del 23-F, entre otros, retardó el avance del Estado Autonómico que, en 1985, solo gestionaba el 10,5% del total del sector público español y el 14,6% en 1990, no siendo hasta el final de la década cuando las autonomías comenzaron a gestionar parte significativa del presupuesto, 28,56% del total español en 2000, hasta llegar al 40% actual, correspondiendo a Educación y Sanidad alrededor del 60%; entre tanto, el funcionariado dependiendo de los entes autonómicos ha pasado del 6% (1983) al 50,1% actual, con lo que la administración Central ha reducido su peso del 80% hasta el 22,5 % .

Por lo que respecta a la administración Local,la Administraciónmás próxima y que debería asumir subsidiariamente la mayoría de funciones de gobernanza local, ha pasado de gestionar el 14% del gasto (1983) al 23,5% (2006), teniendo, además, el 60% de su presupuesto destinado a partidas fijas, asignadas a seguridad ciudadana, educación, sanidad y servicios sociales. lo que, sumados a los gastos corrientes de estructura y personal, conduce a que se tenga un presupuesto con poca capacidad de iniciativa para políticas económicas de inversión, empleo y desarrollo local; si la descentralización en el ámbito de la administración Central se ha culminado, casi en su totalidad, el proceso de transferencia de competencias en la esfera Local está por hacer.

A falta de una Directiva europea específica que vaya en la dirección de acabar con el minifundismo Local, habría que reclamar quela Administración, en aplicación del art. 13.3 dela Ley de Bases de Régimen Local, acometa iniciativas tendentes a fomentar, y forzar, por racionalidad económica y funcional, la reforma de la organización territorial municipal incentivando la fusión de municipios en Nuevos entes municipales de mayor tamaño, estructurados con criterios de solvencia económica y financiera; de eficiencia en la prestación de servicios de mejor calidad y con instrumentos de participación política de la ciudadanía y con descentralización hacia las entidades menores, para una mejor incorporación en el gobierno local. Nuevos entes municipales con masa crítica suficiente, desde parámetros del siglo XXI, superando localismos y con una adecuada política de estímulos económicos, y financieros en la línea como se hace con las Cajas de Ahorro, por poner un ejemplo.

Los ensayos de concentración “blanda”, las mancomunidades, a excepción de cuestiones muy concretas como la gestión de residuos, han fracasado por la incapacidad de los municipios de ceder soberanía y, en esa misma provisionalidad, por la incapacidad de los consejos intermunicipales de proponer políticas de futuro. Así pues, la única estrategia que se muestra viable para ajustar los presupuestos municipales, reducir el déficit y dotarse de capacidad financiera para asegurar la prestación de los servicios propios, es la fusión de municipios en otros, en Corporaciones Locales Mayores, que tengan la masa crítica óptima para su supervivencia, viabilidad que cada vez será más complicada, máxime cuando una de las principales vías de financiación, la reclasificación urbanística, se ha agotado o, en todo caso, ya no podrá ser la vía principal de ingresos municipales.

La dimensión de los Nuevos municipios podría estar entre los 40.000 y 70.000 habitantes, para procesos de concentración de poblaciones menores de 20.000 habitantes, aunque también habrá que considerar variables de homogeneidad, complementariedad y capacidad objetiva de desarrollo local. Eso supondría que Mallorca, en una primera fase, podría reducir el número de municipios entre 20 y 30 que conformarían entre5 a 7 nuevos municipios de tamaño entre 45.000 y 65.000 habitantes. Fusionar 33 municipios en 5, supondría la aplicación de la economía de escala a la administración local; con notable ahorro en sueldos, y gastos propios de los cargos políticos; reducción y unificación de costes de los servicios básicos que presta la administración municipal y, probablemente lo más significativo, haber adquirido un tamaño suficiente para la viabilidad de proyectos estratégicos de desarrollo a escala local, regional y en el entorno global.