La ley, que es uno de los elementos más importantes del Estado de Derecho, fija los derechos de los ciudadanos y determina los procedimientos para la exigibilidad de su cumplimiento. Así, los sistemas judiciales se constituyen en garantía de las libertades reconocidas en las constituciones, siendo las administraciones de justicia las instituciones garantes del buen funcionamiento del Estado, del cumplimiento de los derechos y deberes, corresponsables, conquistados por la sociedad. La Ley, su cumplimiento, como es bien sabido, es exigible a través de los instrumentos  que se articulan alrededor del poder judicial, constituyendo éste garantía y viabilidad del Estado de derecho y, más aún, del Estado Social de Derecho desde esta condición de acceso libre y gratuito, para quienes no puedan hacer frente al coste de este servicio.

La multiplicidad de derechos de la ciudadanía, sus incumplimientos, generan un volumen exponencialmente creciente de conflictos a resolver por la Administración de Justicia que dictará resoluciones y sentencias teniendo en cuenta, tanto, la legislación y la jurisprudencia, como la técnica procesal; es decir, las diferentes fases de la instrucción y de juicio y los trámites de procedimiento, excesivamente formalistas, que eternizan la tramitación permitiendo que tecnicismos, y lagunas de la Ley, sea terreno propicio para circunvalar la justicia. Eso, sin considerar que, incluso, una sentencia favorable puede acarrear perjuicios insalvables para el demandante. Como muestra, el de los afectados por el escándalo del aceite de colza donde la prontitud de las indemnizaciones, dado que el mal era irreparable y la atención requerida urgente, resultaba aún más valorable que la misma cuantía de las compensaciones.

La administración de Justicia es, ante todo, un servicio público, como la sanidad o la educación, y aún de mayor calado porque trata de derechos fundamentales y cuya lesión se relaciona directamente con la intencionalidad de otros que pretendan arrebatarlos. Es pues, todo lo relacionado con la justicia, un tema sensible porque el buen funcionamiento de la administración judicial es la medida de la calidad del Estado de derecho y de la democracia, en tanto además, debe de ser un servicio al alcance efectivo de los ciudadanos.

Cada vez que se realizan encuestas sobre el sistema judicial, la primera respuesta apunta al mal funcionamiento de ésta por su lentitud y dilación. Los procesos se prolongan y se entretienen en formulismos o por investigaciones complementarias que resultan laboriosas, complicadas a veces y que, en todo caso, requieren de medios suficientes en número y especialización.

La eficacia de los derechos requiere una acción  reforzada para su protección al margen de la letra de la propia Ley que, sin duda, es mejorable; porque debe de exigírsele que se adapte a las necesidades objetivas de la sociedad. Y demanda actuaciones decididas, al menos, en dos ámbitos: la planificación de la administración de justicia como servicio público que es, y eso significa también la incorporación y valoración del catalán como lengua funcional, y la implementación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la e-justicia, como medio de agilización, simplificación y ahorro de tiempo y del soporte papel.

Ante la próxima transferencia de la Justicia, hay que celebrar que se haya aprobado el establecimiento del partido judicial de Formentera, como también la construcción de la penitenciaria en Menorca, y otras mejoras. Pero quedan en el aire deficiencias fragantes como en Eivissa o la saturación de los Juzgados de vía Alemania, en Palma; allí cabría construir un edificio auxiliar, seguramente un piso o dos por encima de la línea de fachada, en el patio interior del, ahora, aparcamiento. Y, desde luego, está pendiente qué se piensa hacer en el caso de Manacor, al que éste periódico se ha referido recientemente. En Manacor no sólo existe una dispersión de los seis juzgados en tres edificio, hacinamiento y falta de medios, sino que, además, éstos están ubicados en el centro mismo de la población con calles estrechas donde los colapsos son habituales; máxime cuando los vehículos policiales trasladan detenidos, sin depósito para la custodia, lo que implica movilizar varias patrullas al mismo tiempo, cuando se juntan más de dos atestados con detenidos.

Obviamente, desde la óptica del planificador de los servicios de justicia, lo adecuado sería la construcción de un edificio específico, en linde con una vía rápida de comunicación, cerca además de la terminal de tren, que reuniera no solo los servicios propios de la administración de justicia (juzgados, forense, fiscalía, colegio de abogados y procuradores, depósito de detenidos,…) sino también, servicios de atención al ciudadano, servicios sociales, servicios específicos para atención a la inmigración,…aparcamientos, etc. una edificio integrado de servicio al ciudadano en todo aquello relacionado con la justicia.

En la vertiente de la implementación de la e-justicia, es necesario agilizar trámites, generalizando el correo electrónico, con firma electrónica, simplificar los trámites procedementales, lo que supondría reformas de la ley procesal, e implicar a los demás actores de la justicia, letrados y procuradores; y al funcionariado, mal remunerado y, además, en casos como el de Inca o el Manacor, por no entrar en el de los Juzgados de Paz, teniendo que sufragar a su costa, con  merma salarial, los desplazamientos diarios. Como, también, queda pendiente una reforma en la participación de notarías, registros de la propiedad urbana y rural, mercantil, entidades financieras,… para detectar indicios de fraude, estafa, etc. que evitarían largos, y costosos procedimientos para los litigantes pero más aún para la propia administración de justicia, que suelen saldarse con la imposibilidad, por parte del querellante de resarcirse del daño sufrido.

La futura transferencia debe de ser la oportunidad de replantear, profesionalmente, la planificación de los servicios de la justicia en Baleares, ajustando las plantillas, de jueces, secretarios, fiscales, funcionariado en suma, a las necesidades reales de una población creciente, y de tomar iniciativas, incluso, novedosas que den credibilidad, solidez y eficacia a un nuevo sistema judicial.