Comisiones y mordidas

 

 

El escándalo que se ha desencadenado en Cataluña entorno a la afirmación del presidente Maragall que los gobiernos de CiU percibían el 3% por la adjudicación de obra pública, a parte de las consecuencias que tendrá desde el punto de vista de las responsabilidades penales si las hubiere, ha abierto, otra vez, el debate sobre la financiación de los partidos políticos.

Al igual que el aparato administrativo, en sus estadios de local, autonómico, estatal o europeo; las instituciones pilares del estado de derecho: las cámaras legislativas, el poder judicial y el ejecutivo, también en los niveles, por encima y por debajo (nivel estatal, europeo y autonómico); o instituciones de carácter civil como  los sindicatos y otras que articulan la vida económica y social, como cámaras de comercio, observatorios sectoriales,…los partidos políticos pertenecen a ese tipo de institución que constituyendo un pilar tan fundamental para los regímenes democráticos como la propias cámaras legislativas, sobreviven en una especie de alegalidad, no formal por supuesto, pero sí desde el punto de vista de su inserción en la dinámica socioeconómica de la sociedad. Son instituciones cuya financiación resulta misteriosa; si se tratara de empresas al uso serían investigadas por la fiscalía, porque a todos resulta evidente que existe una desproporción entre los gastos y los supuestos ingresos que perciben. Y cuando se nos explica los endeudamientos a largo plazo que son asumidos pacientemente, tanto si el partido va bien como si va mal, uno no puede por menos que echar cuentas de las dificultades con que se consiguen los créditos, la cantidad y solvencia de los avales solicitados, y la importancia de llamarse tal o cual. Recuérdese cómo se “condonó” la deuda del extinto CDS, años después de aquel fiasco. Es decir, la ventaja de la credibilidad personal, o como se quiera llamar, aquello que el dicho popular suele resumir en “el toma y daca”, es decir hoy por mí mañana por ti, que no parece que pueda ser censurable, porque forma parte de la libertad individual, la confianza o confluencia en puntos de vista que exista entre el dador o receptor del favor. Distinto sería que se negara a otros los mismos criterios comerciales objetivos que se aplicasen en el mercado y que eso constituyera una negación de derechos en perjuicio de la libertad de participación de los partidos en la dinámica política.

Pero el caso que nos ocupa ese 3%, de supuesto peaje, por la adjudicación de una obra pública, siendo una irregularidad, una ilegalidad, podría abrir la pista de por dónde se podría arbitrar un sistema creíble, eficiente y transparente de financiación de los partidos políticos. Si como parece ese peaje, ha existido, la impresión generalizada es que sí, como en otras autonomías y corporaciones locales, y ha servido para la financiación de los partidos gobernantes, sin duda que no se trata, aunque penalmente no se puedan hacer distinciones, de casos de corrupción o de mordidas, esa peculiar forma de conseguir favores “untando” proporcionalmente a cada eslabón de la cadena de decisión sobre un asunto. Sino que podría considerarse como una ilegalidad forzada por una legislación insuficiente y que no es eficiente en regular esta cuestión. Salvando la distancia podemos referirnos al caso Matesa, a finales de los sesenta, cuando para poder mantener su política exportadora, la empresa fabricante de telares, tenía que incurrir en la ilegalidad dadas las duras restricciones en la política de cambio que limitaban sus operaciones con el exterior.

Hay que encontrar un sistema de financiación de partidos que permita el funcionamiento de los mismos con arreglo a su implantación y a sus responsabilidades en la sociedad. Así, sin entrar, ahora, en valorar la participación directa del estado, a través de las compensaciones por presencia electoral, vía votos emitidos o subvenciones directas, y las aportaciones de la militancia, financiaciones ambas insuficientes, no me parecería mal una aportación directa de las empresas que trabajan conla Administración.

Desde la transparencia y prácticas de buena gobernanza, nada tendría de escandaloso que de la misma forma que la empresa ganadora de un concurso público sabe que tiene que asumir los costes quela Administración haya realizado en la gestión de concurso, los  pliegos de condiciones o los  anuncios en los medios informativos de mayor difusión, por ejemplo, también podría asumir un cierto coste destinado a liberar al estado de la responsabilidad de mantener a los partidos, sostén del sistema democrático. No acometer iniciativas de este tipo y preferir, desde la necesaria transparencia, aportaciones privadas al estilo de los lobbys americanos, levantarían mayores suspicacias y el aumento y nacimiento de nuevos grupos de presión.

Que costes particulares se generalicen no es nada infrecuente. Recuérdese que todavía estamos pagando en la cuenta de la luz la moratoria nuclear porque algunos prefirieron la dependencia del petróleo en lugar del riesgo nuclear. Hubo que indemnizar a las compañías que habían hecho astronómicas inversiones. Y uno sospecha que después del tiempo transcurrido quizás ya se hayan amortizado sobradamente, porque lo del lucro cesante es más que discutible.

Que la democracia cuesta cara es evidente, pero eso es calidad de vida. Y mantener partidos políticos independientes de servilismos económicos es esencial para la credibilidad del sistema. Si se generalizara la financiación del sistema de partidos por adjudicación de contratos con las administraciones públicas, las coaliciones electorales, los pactos, tendrían otro aspecto a negociar, pero eso no los convertiría en menos honestos, sino en más, porque la transparencia, saber qué cobra cada uno y de dónde, dificulta las malas prácticas y aumenta la credibilidad en la política.

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