El “Manifest Groc”, Barcelona 1928

En plena negociación entre el PSOE y Ciudadanos, antes de la segunda convocatoria electoral, en marzo de 2016, el partido de Rivera hacia bandera de la eliminación de las diputaciones, para el adelgazamiento de las estructuras políticas y ahorro. Pedro Sánchez estaba de acuerdo, cita el reportaje de ABC (2016) , aunque ante la división que generaba la iniciativa entre destacados líderes territoriales, el compromiso se matizaba indicando que, más que supresión sin más, se trataría de cambiar las diputaciones provinciales por otros entes con nuevo nombre y una organización reajustada.

El ahorro estimado, según el artículo mencionado, el coste de cargos estaría en unos 91 millones de euros anuales, porque se mantendría la estructura administrativa si se traspasara a otra institución, por lo que el ahorro no sería significativo. Sin embargo, parece relevante la necesaria redefinición de funciones y niveles de competencia porque, con el transformado Estado autonómico, las diputaciones que no tienen funciones políticas sí tienen peso orgánico actuando de contrapoder político, lo que no sería su encomienda constitucional.

Las diputaciones como órganos de administración Local, no política, análogas a los ayuntamientos, y con ámbito de actuación provincial tienen funciones, grosso modo, de coordinación de municipios, prestación de servicios y fomento de actividades de desarrollo y asistencia social, recibiendo la mayor parte de los fondos de otras administraciones.

Sobre esto resaltar la diferente consideración que se tiene sobre el hecho provincial en Euskadi y en Catalunya. Mientras que en el País Vasco y Navarra las diputaciones Forales tienen tradición histórica ligada a los Fueros, y arraigo, peso político y recaudan los impuestos, en Catalunya, la división provincial ex novo supuso cuartear el territorio catalán arbitrariamente desde, y por intereses, ajenos a la idiosincrasia, costumbres y economía locales y comarcales.

Antes de la división provincial de Javier de Burgos, en 1833, que fue concebida como unidad para convertirse en unidad administración intermedia, entre Estado central y municipios (buscando marginar los clientelismo feudales), Catalunya mantenía su unidad, una intendencia o provincia administrativa, Principado de Cataluña, como en tiempos de Floridablanca.

De ahí que sea en Catalunya donde la división provincial es más cuestionada y es contrapesada por las comarcas, y más recientemente por las vegueries o regions, que buscarían proporcionar los servicios que realiza las diputaciones superando la división provincial, sustituyéndola.

La pretensión de la división provincial de 1833, fue crear unidades coherentes desde el punto de vista social y económico, de manera que pudieran tratarse y considerarse como unidades operativas a la hora de planificar su desarrollo interior y su interrelación con las demás provincias estableciendo, así, mercados interiores; potenciando los tradicionales y locales y ordenando marcos de relación más amplios: en las regiones, agrupaciones más o menos históricas, pero sin soporte administrativo.

Anteriormente a la división territorial española vigente, antes de la implantación de las provincias de Javier de Burgos, la situación era la que describe el Nomenclátor de 1789, que fue una relación de todas las entidades locales y su localización en el territorio. Se conoce como división de Floridablanca, pero no es una división, era la constatación de cómo era el mapa político de España.

Jesús Burgueño, Doctor en Geografía (Universitat de Barcelona) refiere el proceso de redacción del actual modelo provincial exponiendo la problemática que dio origen a revisión del modelo territorial La característica de las provincias en este siglo (a principios del XIX) se resumen en dos: desigualdad de tamaños e irregularidades en los límites. Hay provincias enormes -las de la Corona de Aragón, Cuenca, La Mancha, Toledo, Burgos, León, Galicia, Extremadura, Sevilla, Granada y Murcia en un extremo; frente a las provincias Vascongadas, las Nuevas Poblaciones, y las provincias castellanas de Madrid, Palencia, Toro y Zamora.

La idea de una nueva división territorial venía de antiguo, desde que con el cambio de dinastía España inicio su proceso de imitación del modelo administrativo francés, prosperando la propuesta administrativo de Javier de Burgos que recogió proyectos anteriores, basándose finalmente en el del geógrafo mallorquín, cartógrafo, marino e ingeniero de minas, Felipe Bauzá, revisado por Miguel de Lastarría, presentada al gobierno de Argüelles en 1813.

Refiere Jesús Burgueño que Frente al concepto de provincias del Antiguo Régimen, que se basaban en los órganos de gestión económica, la Constitución de Cádiz da a la provincia un sentido político, basado en dos instituciones: la Diputación y el Gobernador, acción y reacción de las fuerzas gubernamentales homogeneizadoras frente a las tendencias disgregadoras inherentes a la corporación provincial. Cada uno tiene sus funciones, pero se tutelan mutuamente. Como entidad de coordinación y servicio al desarrollo de las nuevas áreas demarcadas, en la que están los municipios y, por tanto, que se suponía con apego al territorio, se contraponía la figura del Gobernador que era el representante del Estado, del gobierno centralizado (sus leyes y directrices) frente a los usos, costumbres y derecho consuetudinario locales.

En suma la reforma territorial trataba de dar el salto cualitativo del estado semi feudal al estado moderno del constitucionalismo liberal. Para ello, era precisa una nueva administración con criterios ilustrados y centralizada, para que interfiriera jerárquicamente a la presión de los estamentos sociales locales en aquellos territorios que, bajo el caciquismo y al cobijo de los poderes localistas, impedían la modernización y la homogeneización del espacio económico, sin las cuales no podría desarrollarse el país. Había, pues, un componente geoestratégico al crear ex novo territorios administrativos, útiles para conformar ámbitos sociológicos y económicos autónomos, que funcionarían bien hasta mediados del siglo XX.

Las provincias y las diputaciones, que fueron instrumentos administrativos de planificación y de desarrollo local, básicamente se dedican a gestionar y aportar recursos a medianos y pequeños municipios para carreteras, alcantarillado, infraestructuras de medioambiente, asesoramiento de planificación… y atención social, por lo que, estando sus funciones sobrepasadas por la realidad competencial de las comunidades autónomas, muchas de esas funciones bien podrían gestionarse desde la estructura autonómica, en direcciones generales de cooperación Local y otras por órganos más específicos y apegados a las nuevas realidades socioeconómicas, territoriales y tecnológicas.

Una nueva ordenación territorial y administrativa tendría que crearse desde las realidades económicas y sociales actuales, ex novo también, como fue la de 1833, y desde las exigencias de una sociedad altamente tecnificada y en la que la tecnología de internet define nuevos espacios de actividad económica y relación social, y todo ello desde nuevos marcos de referencia: Europa y la realidad de la globalización que aunque, y es de esperar, tras esta crisis pandémica será replanteada y re-modulada, seguirá marcando el ritmo de la evolución mundial.

Como la propuesta por Felipe Bauzá, y concretada por Javier de Burgos, una nueva división provincial debiera de mantener los mismos principios de entonces: mantenimiento de los reinos históricos, (ahora las Comunidades Autónomas), su división en provincias más operativas (en 1833 no se habían desarrollado el ferrocarril, telégrafo ni cualquier otro medio moderno de transportes y comunicación), y todo ello, como anteriormente, buscando un cierto equilibrio en cuanto a territorio, población y riqueza (solvencia de proyección económica) de las circunscripciones resultantes.

Se dirigía el geógrafo Bauzá, miembro de la Real Society, en su informe al secretario de Gobernación de la Península, en 21 de septiembre de 1813, diciendo que La regla que debe seguirse en asignar la población de una provincia es que ni sea tan grande que imposibilite su cómodo y expedito gobierno por la autoridad superior local, ni tan pequeña que se perjudique a la economía con el establecimiento de más autoridades y empleados que los necesarios. No es posible por falta de experiencias anteriores en España fijar el número mayor de habitantes de que puedan constar una provincia sin confusión ni embarazo de los negocios. La comisión, recudida a cálculos prudenciales y de aproximación, entiende que el número de habitantes de una provincia no puede sin inconveniente subir de 400.000 (se estableció una media de 300.000), aun en país de población muy concentrada y de comunicaciones fáciles, sobre todo en los principios cuando la oposición de las costumbres y habitudes precedentes hace mayores las dificultades para el establecimiento de nuevo régimen”

Sin desmerecer las virtudes de aquella organización territorial, ni la importancia de las funciones que ejercen las diputaciones, la novedad de la situación actual es el hecho político y administrativo de las Comunidades Autónomas, poniendo en duda de la funcionalidad de la división provincial existente y exigiéndose, en el mejor de los casos, su adecuación a la nueva situación.

Se trataría de su adaptación al tiempo presente y con el foco puesto más en el futuro previsible que el de donde se parte, aunque teniendo bien presente, como apuntaba el geógrafo Bauzá en su informe, en la división que se propone se ha procurado en lo posible no mezclar los habitantes de provincias que las diversidad de leyes, costumbres e idioma habían hecho rivales, es palabras de hoy, los límites de las Comunidades Autónomas, que no deberían rebasarse, dando por asentada la realidad provincial (aunque fuera dudosa, como el criterio fácil de usar los lechos fluviales como demarcación de territorios) y con el propósito de racionalizar a criterios de hoy, y de futuro, modificando, eliminando o redimensionando provincias y con la aquiescencia, aunque no obligación de acuerdo, con cada Comunidad Autónoma. La competencia provincial es de la Administración Central.

La nueva planta provincial entendía que una división administrativa debía de involucrar los lazos históricos anteriores respetar en lo posible los límites históricos establecidos para no dañar la sensibilidad de los pueblos de España desaconsejaba recurrir al criterio de región natural ni siquiera para sustituir sus nombres por los de accidentes geográficos.

En su Informe, Bauzá firma haber procurado armonizar en su propuesta factores tan dispares como los de orden natural o geográfico, histórico, administrativo, territorial, demográfico, económico, e incluso consideraciones eclesiásticas y castrenses, pero priorizando los referentes que garantizasen un cierto equilibrio interprovincial en cuanto a territorio, demografía y riqueza, y sobre todo cuidando de no variar las circunscripciones históricas tradicionales por hallarse firmemente enraizadas en la realidad presente tanto social y cultural como también jurídico-administrativa e incluso económica.

Felipe Bauzá no se le ocultaba la dificultad de cualquier cambio o nueva actuación sobre el territorio como diría hoy. Escribió en su Informe: es preciso transigir con las preocupaciones del provincialismo por aquel tan sabido axioma político: a los pueblos no se han de dar las mejores leyes sino las que mejor puedan recibir. Así, en la división que se propone se ha procurado en lo posible no mezclar los habitantes de provincias que la diversidad de leyes, costumbres e idioma había hecho rivales. Se refería en especial a las que se demarcaban en la antigua Corona de Aragón.

Como es obvio, la división se hizo cuando todavía no habían aparecido al ferrocarril, telégrafo y las comunicaciones terrestres y los medios de transportes eran preindustriales. Se tardaba 7 días y 12 horas en el trayecto en diligencia entre Madrid y Barcelona. Madrid a Irún, 4 días. Madrid a Sevilla, 5 días.

Para abordar una reforma tan axial, como es la división provincial no tendría sentido apartarse de la lógica, de buscar máxima eficiencia administrativa y prestación de servicios y de planificación y desarrollo local, desde la política ideológica, es decir, aquella que se justifica no por razones de operatividad administrativa, sino de ideología política centrada en el rendimiento electoral de corto plazo; que es el común de los motivos por los que se mueven los partidos políticos. Ciertamente, cuando se aprobó el modelo provincial, se trataba de contraponer una administración dirigida desde la Corte, por los Gobernadores provinciales, para contrarrestar los usos y costumbres y legislaciones locales que actuaban de antiguo y que tendían a beneficiar a caciques y terratenientes locales, porque la idea que impulsaba la intromisión centralizadora era el desarrollo económico y la riqueza de las regiones; no su control al servicio de intereses propios de gobierno nacional aunque fuera así, vista la experiencia desde que se desarrolló la nueva planta provincial.

No se oculta que una reforma administrativa de este calado trasciende el plano de una mera reforma administrativa y debiera ser un propósito conjunto de gran espectro político, pero a pesar de que la actual coyuntura política no facilite un debate sosegado, lo que está muy claro tras cuarenta años de sistema democrático es que nunca habrá interés por parte de la derecha, beneficiada electoralmente por el al actual sistema provincial, este gobierno está en condiciones de mayoría para abordar esa reforma. Al menos para para iniciar los estudios serios sobre una propuesta de nueva división provincial.

La de 1833 empezó a gestarse seriamente 30 años antes de su aprobación, pero en el caso presente, las tensiones territoriales en Catalunya y la manipulación del concepto provincial que se hace desde intereses electorales, protegidos por la Constitución difícilmente reformable, habrían de abrir la puerta a abordar esta cuestión.

Una reforma de la división provincial habría de identificar y reformular nuevas áreas de actuación efectiva, desde la nueva configuración de la dinámica económica global fijándose en dos realidades de evidencia: Internet (el mercado global se gestiona de forma telemática por empresas que dependen de las redes de comunicación (fibra óptica de gran capacidad), redes de transporte (gestión y distribución de mercancías y de proveedores) y la fiabilidad de las transacciones financieras. La segunda, separar con claridad el concepto de instrumento administrativo, para el equilibrio económico y desarrollo territorial que en su día se pretendió, de la componente política que ahora tiene como contrapoder autonómico, y como circunscripción electoral.

En la primera consideración, la nueva división provincial (así como su funcionalidad) tendría que contar con las Comunidades Autónomas, trasladando a los gobiernos autonómicos el peso de la reforma, aunque la decisión correspondería al gobierno central porque es competencia de la Administración Central, y porque, en la actual situación, intereses espurios locales pueden distorsionar e interferir el interés de orden nacional.

La nueva planta provincial tendrían que tener muy en cuenta la estructura y la cercanía de los grandes NODOS de Internet, así como de redes de transporte internacional, en especial los HUBS aeroportuarios. En segundo, diseñando que las nuevas unidades provinciales constaran de centralidades de cierta tradición, y con empaque suficiente y adecuado para que resultaran eficientes de cara a la prestación de servicios a la población.

Dada la heterogeneidad del mapa provincial (tamaño, población, PIB y diseminación de la población) y el mapa autonómico, en las Comunidades Autónomas de poca población y mucha extensión, un método de cálculo adecuado podría ser tomar la población en su conjunto y dividirla por un cociente, que resultaría ser el número final de provincias a determinar, de modo que en todas ellas hubiera un número similar de población. Sin duda la preparación de la reforma deberá de aglutinar y coordinar una batería amplia de criterios científicos y baremos con el propósito de encontrar equilibrios entre muchos factores, también culturales y de eficiencia en planificación económica, cultural y de servicios, que tienen que formar parte del debate.

Posiblemente, el tránsito hacia esa reforma provincial conveniente podría comenzar con esa cuestión en Catalunya, donde la división provincial nunca ha arraigado. La Generalitat tiene aprobado su despliegue territorial con las comarcas pero, especialmente, con las llamadas regions o vegueries, rescatando un término medieval, que desde su implantación pretende asumir las competencias de servicios que tienen ahora las diputaciones.

En ese caso, en Catalunya, el paso de reforma provincial podría ir de la mano de ajustar nuevas demarcaciones provinciales con aquellas. Quizás con la excepción de la llamada región de Alt Pirineu i Aran, al norte de la provincia de Lleida, que con solo 61.915 habitantes y una extensión de 5.775,62 KM2, no resultaría eficiente su separación de la actual provincia de Lleida, pues la resultante sería aún más pequeña que la provincia de Soria que cuenta con 88.600 habitantes. La provincia de Lleida, pues, quedaría como ahora.

Esa reforma de demarcación provincial es muy posible que constituyera un buen activo, de cara a un acuerdo político de amplio espectro con el independentismo.

Pero si complejo puede ser el diseño de una nueva planta provincial, a la vista de que en estas cuestiones prevalecen intereses electorales de corto plazo y fácilmente demagógicos, que podrían devaluar la racionalidad organizativa que se pretendería, entonces, quizás haya que recurrir a procesos discursivos propios de lo que se conoce como pensamiento lateral.

El método de pensamiento lateral que aborda los problemas de forma lateral, de perfil si nos vale la imagen, y desde un punto de vista creativo, fijándose en las bondades de los resultados antes que en los procesos razonativos lógicos que normalmente se usarían. Eso es, se trata de aproximar soluciones a las problemáticas que se plantean con estrategias de análisis y exploración de soluciones usando analogías, para que broten resoluciones imaginativas pero no por ello menos eficaces. Se toman prestadas técnicas de otras disciplinas profesionales trazándose analogías que se focalizaran más en el resultado final que en los métodos discusivos tradicionales.

Diríamos que el pensamiento lateral se relaciona con la Teoría General de Sistemas,[2] que se define como un conjunto de los objetos, con las relaciones entre esos objetos y entre sus atributos.

Aplicado al tema provincial, la manera de mover la inamovible pervivencia del estado antiguo quizás tenga de provenir de una solución que se fije en el resultado que se pretende: que es abordar una nueva división provincial con rigurosidad, sacándolo de la esfera político- electoral. Una solución a la inversa a la planteada, no desde la funcionalidad práctica sino, por elevación, desde el resultado pretendido, asimilando el hecho provincial al de Comunidad Autónoma.

Es decir, una nueva división provincial por la que España quede modelada en 19 provincias, las 17 Comunidades Autónomas más Ceuta y Melilla.

Las demarcaciones de las Comunidades Autónomas coincidirían con las provinciales y las actuales estructuras administrativas, las diputaciones, pasarían a formar parte de las administraciones autonómicas en forma de Dirección General de Cooperación Local, o similar, mientras las Comunidades Autónomas establezcan la estructura administrativas que consideren oportuno, de forma que se continuarían prestando los servicios y las demás funciones que en la actualidad.

De rebote, la ventaja de esta solución es que se obligaría a las Comunidades Autónomas a acometer una nueva estructuración interior y planificar de forma racional el desarrollo de sus territorios.

Una segunda consecuencia, nada trivial, sería que se obtendría una reducción en el Senado puesto que la Constitución establece un número mínimo de 4 senadores por provincia, con lo que el nuevo Senado se vería reducido en una primera fase, hasta que en una profunda reforma se llegara a un nuevo modelo y se recogiera éste en una reforma constitucional.

La consecuencia electoral, no deseada, sería una sobre representación de las actuales comunidades uniprovinciales pero, a favor, se evitaría el sesgo de la sobre representación de la España menos poblada, armonizándose mejor el valor del voto de los ciudadanos, vivan en una u otra Comunidad Autónoma. Ya que por elección directa cada provincia elige a 4 senadores con lo que las Comunidades Autónomas con más provincias eligen a mayor número de escaños en el Senado.

Una división provincial haciendo coincidir Provincias y Comunidades Autónomas, se puede realizar mediante una ley Orgánica, sin tocar la Constitución y tendría dos efectos remarcables, aparte de la total oposición de la derecha obstruccionista, pero quizás no de Ciudadanos que en su momento estuvo, incluso, a favor de su eliminación. El primero efecto beneficioso, sería terminar con una división obsoleta, superada por la realidad de las autonomías a nivel de planificación territorial y por entidades de menor dimensión, apegadas al territorio, como comarcas, mancomunidades o áreas metropolitanas que cumplen mejor los servicios específicos para los que fueron legisladas, servir a los ayuntamientos que son los beneficiarios últimos de unas y otras.

La segunda consecuencia práctica sería la eliminación de estructuras superfluas, obligándose a que su estructura administrativa se contuviera en el organigrama de las administraciones autonómicas y que dejaran de ser circunscripción electoral.

Para las elecciones al Congreso, habría de requerirse a las Comunidades Autónomas para que definieran, en el plazo de un año, sus distritos electorales.

Y estos habrían de establecerse con cierta criterios de equilibro entre prevalencia de instituciones previas (comarcales, etc), la población, para evitar grandes diferencias entre el valor de un voto en un distrito u en otro, y amplio consenso territorial y político.

Mientras no se legislara a escala autonómica, se aplicaría como distrito electoral la totalidad de la nueva provincia, es decir, la Comunidad Autónoma.

Ahora, en un momento de sensibilidad por el ahorro en las cuentas públicas y frente a una oposición que desde el inicio de la legislatura ha hecho del acoso y derribo del gobierno su razón política, no cabe duda que no puede estar en ningún acto de calado transformador de las instituciones que tanto le favorecen.

Junto a las medidas de salida de la crisis del COVID-19, que habrían de pactarse con la coalición y apoyos de gobierno y con los agentes sociales implicados, cabe un paquete institucional en el que tienen que estar, al menos, aquellas reformas que pueden legislarse sin la necesidad de tocar la Constitución: Ley Electoral y ese tema eterno de la división provincial.

Son de calado porque tienen repercusiones directas en la formación de las mayorías de gobierno. Una vuelta al eterno reparto de alternancias y, previsiblemente, aún más escoradas cada cual a sus extremos solo puede aportar más radicalidad, e intransigencia, y excitar el nacionalismo e independentismo en regiones donde todavía es minoritario.

Desengañémonos, este país no avanza porque junto a una izquierda avanzada, con cultura de valores de talante europeos y europeísta, se opone una derecha anclada en el pasado institucional, asentada en los valores del franquismo y que se reconoce en el autoritarismo y en la nueva cultura dirigista que se afianzan en algunos, la mayoría, de los socios europeos del Este.

De esta suerte, la alternancia de gobiernos previsible con este sistema electoral, del que la provincia como circunscripción es parte esencial, solo caben alternancias entre modelos de sociedad radicalmente distintos, de manera que el gobierno de uno supone descomponer los avances o retrocesos del otro.

No estamos ante un juego de gobierno y oposición similar al de nuestros vecinos de referencia, los de la Unión Europea de tradición democrática. Sino ante la impotencia de un progresismo de corte socialdemócrata y social liberal, frente al conservadurismo, más ultra que de estilo británico.

No podemos mantener esta situación de construcción y destrucción, por otra generación, debemos arrancar con un modelo constructivo con aquellos que se quieran unir. Buscar el consenso de la oposición es estéril. Un debate largo y parlamentario sobre sería, perder energías, porque al final el debate público, fácilmente manipulable como estamos viendo con las últimas encuestas en Madrid, beneficiaría a la desinformación y excitaría aún más neo nacionalismos rancios.

La virtud de que pudiera armarse una Constitución en poco más de un año, el núcleo principal en seis meses, fue la prudencia, filtraciones al margen. Estas reformas de calado, como la que se plantea de la demarcación provincial (inversa), o la de la Ley Electoral, que ya fue objeto de un informe anterior, tendrían que pactarse entre los grupos de la mayoría e implementarse para que fuera efectiva para las próximas Elecciones Generales.

[1] Ahora, en ese contexto sociocultural y económico en el que las comunicaciones han estrechado las distancias, hablaríamos más que de división provincial de reordenamiento o de nueva división, fusionando y creando nuevas provincias ajustadas a las realidades sociales del territorio.

2La Teoría General de Sistemas opera con nociones, y terminología, prestadas de la biología, como individuo, especie, coeficientes de competencia y con conceptos como modelos, familias que interactúan con el medio circundante siendo así sistemas abiertos. Aplicada a la biología, la matemática o en las ciencias sociales -sostiene la teoría- existen principio, leyes y modelos que les son aplicables como sistemas o clases, subsistemas, sin importar su género en particular, la naturaleza de sus elementos componentes ni la tipología de relaciones o fuerzas que imperan entre ellos, y que tienen alcance universal. De ahí que el tema del TGS sea la formulación y derivación de aquellos principios que son válidos para los sistemas en general. Conceptos, modelos y leyes análogas se reproducen a uno y otros campos muy diversos, independientemente de su naturaleza, siendo así que se comprueba que sus dinámicas responden a modelos similares pueden sostener que las similitudes en sus comportamientos, de dinámica interna y externa, van más allá de vagas superficialidades para dar pie a una cierta lógica de unidad holística, sustentada desde la visión descriptiva y funcional del estructuralismo, con vocación de totalidad.

Aquí, se aplica TGS desde la hipótesis de la congruencia de los sistemas, por la que la faceta de una parte de un todo, tiene que ver con la faceta de otra parte de ese todo.

DOCUMENTA 2

Herrero de Miñón

“Si la Constitución reconociera la personalidad de Cataluña, los independentistas optarían por un nuevo Estatuto”

“El recurso que el PP planteó contra el Estatut de 2006 fue un disparate y me alegro de que la vicepresidenta haya dicho algo semejante”

“Lo que menos necesita España ahora es un nuevo proceso constituyente. El problema no está en la Constitución sino en su desarrollo, incluida la Ley Electoral”

“La unidad de España está menos amenazada que en la Transición. En Cataluña se han dado muchas voces pero no ha pasado nada”.

Miguel Herrero de Miñón (Madrid, 1940) es uno de los tres padres de la Constitución Española vivos. Poco dado a declaraciones públicas desde que ingresó en el Consejo de Estado como miembro permanente (2009), divide su tiempo entre este órgano consultivo y la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Hace pocas semanas publicó el libro (“librito”, dice él) Tres conferencias sobre la reforma constitucional (Tirant lo Blanch), acerca de un proceso que vuelve a dominar el debate político español en tiempos de incertidumbre.

Experto en Derecho Público, considerado el mejor orador del centroderecha español desde que se reinstauró la democracia, Herrero de Miñón fue diputado de UCD y llegó a presidir Alianza Popular tras la dimisión de Manuel Fraga en 1986 (“unos días, hasta que me echaron”). Al año siguiente optó a la presidencia del partido, pero fue derrotado por Antonio Hernández Mancha. Mantuvo su acta parlamentaria hasta 1993 y posteriormente dejó la política. En 2004 abandonó además el Partido Popular, desde el que ha sido criticado por su buena relación con el entorno del Partido Nacionalista Vasco.

Pudo ser el líder de la oposición a Felipe González, pero dice “no echar de menos la política. Estoy muy honrado de haber participado, pero creo que no es para toda la vida. Cero nostalgia”, afirma en una entrevista con EL ESPAÑOL en su despacho del Consejo de Estado, flanqueado por cuadros y tapices, protegido del “preocupante” estruendo que marca la vida política española desde hace un tiempo.

Comienza 2017 y la reforma constitucional está en boca de varios partidos. ¿Cree que se va a abordar en esta legislatura?

Yo creo que lo que menos necesita España ahora es un nuevo proceso constituyente. Lo que necesita es estabilidad, progreso económico, progreso social, y eso no se consigue con un proceso constituyente; porque no necesita nuevas fórmulas constitucionales, sino determinada práctica. Es decir, es importante eliminar la corrupción, pero eso no se consigue con una prohibición constitucional de la corrupción. La realidad no se deja ahormar por declaraciones jurídicas.

España necesita reformar determinadas instituciones. Mi tesis es que la mayoría de esas instituciones se pueden reformar y mejorar con leyes infraconstitucionales. El problema no está en la Constitución; está en su desarrollo. Incluida la Ley Electoral: se puede hacer una nueva sin modificar las bases electorales que hay en la Constitución, y que han dado muy buen resultado. Ninguno de los partidos que ha perdido elecciones desde 1978 ha impugnado el resultado electoral. Que en un país con una tradición de corrupción electoral desde 1808 se consigan hacer elecciones limpias es un capital que no se puede amortizar. Refórmese la ley electoral en lo que se estime necesario, pero manténganse esas bases.

Es decir, ¿un proceso de mutación constitucional, sin reforma?

A veces se puede mantener el texto constitucional modificando su significado práctico (esta es la mutación). Es lo que se ha hecho en todos los países civilizados: Estados Unidos, Gran Bretaña (antes que en ningún otro sitio), Alemania, Austria, Italia, Francia… En Italia, que el presidente de la República tenga más o menos poderes no depende tanto de la letra de la Constitución, sino de la interpretación y la costumbre que se ha creado al amparo de esa Constitución. Es una forma de desdramatizar los procesos de revisión constitucional; en vez de por una reforma formal, por una mutación informal.

En España la dramatización respecto a la Constitución y a la propia política es constante…

Sí, pero eso de dramatizar todo tiene el inconveniente de que no se hace nada. Porque el drama asusta.

Herrero de Miñón en su despacho del Consejo de Estado. Moeh Atitar

En los 40 últimos años en España se ha acabado con el fraude electoral y con algunas lacras más. Sin embargo, existe una notable desafección entre la población con el sistema político, que se extiende a la propia Transición.

La Transición fue un éxito. Fue muy discutido el proceso que se seguía, podía haber habido otro camino alternativo, pero lo cierto es que terminó bien. La Constitución tendrá sus defectos, pero ha dado el periodo de estabilidad y prosperidad más grande que España ha tenido en la modernidad. Algunos que intentan deslegitimar constantemente a la Constitución están donde están merced a la Constitución.

¿Cómo se explica ese distanciamiento de grandes bolsas de electores?

La crisis económica ha afectado a todos y a todo, por supuesto, pero dudo mucho de que haya una desafección general de la ciudadanía respecto a la Constitución. Lo que creo es que hay determinados grupos políticos que cultivan y propugnan la desafección, tal vez porque quieren protagonizar un nuevo proceso constituyente. Hombre, si es por la vanidad de tener sus retratos colgados en el Congreso, se podría buscar una fórmula alternativa, sin necesidad de tocarlo todo…

Supongo que se refiere, por ejemplo, a Podemos, formación que cuestiona incluso el derecho de los dos partidos mayoritarios a encabezar el proceso de reforma constitucional porque no son mayoría en el segmento poblacional inferior a 45 años, ni tampoco en el País Vasco y Cataluña. ¿Es un argumento peligroso?

Es peligroso en la medida en que revela una afección intelectual de difícil diagnóstico. Porque si los partidos mayoritarios no son los agentes que deben conducir el proceso, parece que la alternativa es que deben conducirlo los minoritarios. Habría que invertir todo el proceso político y decir que la democracia no consiste en el gobierno de la mayoría con respeto a la minoría, sino en la imposición del criterio de la minoría. Y eso, no cabe duda, es una cuestión más de psiquiatra que de politólogo.

El lehendakari Íñigo Urkullu ha dicho que la independencia es algo improcedente en el mundo de nuestros días

En los últimos años ha habido infinidad de críticas al Gobierno, y específicamente a Mariano Rajoy, por una presunta falta de pedagogía en el asunto catalán: la ausencia de un discurso político sólido en favor de la unidad de España. ¿Qué opina al respecto?

Me remito a aquello de que bien está lo que bien acaba, o mientras bien dura. El Gobierno del PP y Rajoy han afirmado permanentemente que defienden la unidad de España. La defienden a su manera. Y esa manera no es del todo negativa en los resultados. En Cataluña se han dado muchas voces, pero no ha pasado nada. Y felizmente en el País Vasco (y en esto hay que volver a homenajear el gran sentido común del PNV y del lehendakari Urkullu), la situación ha cambiado mucho. No se deja de afirmar y defender la identidad diferenciada del pueblo vasco, pero Urkullu dijo hace pocas semanas que la independencia era algo improcedente en el mundo de nuestros días.

¿Está ahora más amenazada la unidad de España que en la Transición?

Yo creo que está menos amenazada. Y esa estrategia del Gobierno de Rajoy, que puede compartirse o no pero debe juzgarse por sus resultados, ha dado su fruto. En Cataluña dan muchas voces, pero los independentistas no han conseguido un número suficiente de votos, y parece que se está instaurando cierto espíritu de negociación. Yo siempre he defendido la tesis de que hay que negociar la situación de Cataluña, que no puede ser fruto de una imposición. Pero negociar significa que no se puede partir de hechos consumados y que hay que saber con quién negociar. Sería deseable que el panorama político catalán se clarificara de una manera en que se supiera con quién negociar. Porque si mañana, hipotéticamente, se quisiera negociar con un Gobierno catalán, me pregunto yo con quién cabría negociar.

Ha habido un cambio de lo que durante décadas ha sido el catalanismo político… Ahora las fuerzas políticas son muy distintas, ¿no? Aunque las voten las mismas personas. Es asombroso que la burguesía catalana vote a la CUP. Y es en los barrios precisamente más burgueses donde ha habido más votos para la CUP. Incomprensible…

Lamento que Pujol, que podría haber entrado en la historia por la puerta grande, le haya dado una patada al tiesto

Se han quedado quizá sin referentes. Algún día se calibrará exactamente la responsabilidad de Artur Mas en este proceso.

CiU ha hecho cosas que negaban su pasado, el señor Mas ha tomado posiciones que descalificaba él mismo unos meses antes. Y luego está el extraño fenómeno Pujol, que yo al menos no comprendo, pero que seguro que tiene sus explicaciones… Yo lamento que un hombre que podría y debería haber entrado en la historia de Cataluña y España por la puerta grande de pronto le dé una patada al tiesto.

Ningún miembro de su familia ha pisado una cárcel todavía.

A mí todo me resulta tan incomprensible que he decidido no pensar en ello.

¿La unidad de España, por tanto, está menos amenazada que hace 40 años a pesar de que los periódicos lleven años con editoriales alertando de que la cosa se nos va de las manos?

Una cosa es la opinión pública y otra la publicada, ¿verdad? Y efectivamente la publicada dramatiza mucho. Si se dramatizase menos, las cosas tendrían más fácil arreglo. Cuando se dramatiza mucho todo, y el combate político se convierte en una gigantomaquia en la que todos los participantes se creen gigantes que defienden posturas absolutamente apocalípticas, el compromiso es mucho más difícil.

Yo creo que todo patriota desea la recuperación del PSOE de la Transición

Por su experiencia en la Transición, en cuanto al talento en el liderazgo político, ¿ve menos talla en esta generación que en aquella?

No sé si es inferior o mejor, pero entonces realmente había líderes muy relevantes. No sólo en UCD, el partido que lideró la Transición, sino en el PSOE, con uno tan excepcional como Felipe González; y en el Partido Comunista un líder tan excepcional como Santiago Carrillo. Los partidos nacionales nunca dejaron de mantener sus posiciones, pero tenían liderazgos muy fuertes y, en último término, muy dialogantes.

Ahora, según su libro, el consenso está roto. Usted, como recuerdan muchos radioyentes, era amigo de Santiago Carrillo…

Yo era muy amigo de Santiago Carrillo. Tuvimos una tertulia en la radio durante 11 años.

¿Esa tolerancia, capacidad de diálogo, como quiera llamarlo, se da ahora?

No, no se da. Yo estoy seguro además de que ese tipo de contactos son al final muy positivos para todas las partes. Yo estoy seguro de que Carrillo influyó en mí, y en mi ideología, pero yo también lo hice en la suya. No me cabe la menor duda. Hablar semanalmente durante 11 años termina en una profunda amistad. Y, sin haber tenido esa relación, es evidente que Felipe González fue un líder decisivo para la Transición. Y hoy desgraciadamente en el PSOE ha habido una serie de procesos… Yo creo que todo patriota desea la recuperación del PSOE de la Transición. La Gestora está haciendo lo posible por llegar a eso y será un gran mérito desde el punto de vista de la nación que lo consiga. Si algo se consigue desde el punto de vista de la izquierda, es cuando la izquierda es posibilista y dialogante, no cuando es tremendista.

El modelo territorial hay que reelaborarlo, es de las cuestiones a incluir en la reforma de la Constitución

La figura de Felipe González produce en amplios círculos un rechazo cercano al que les despierta Aznar, como un “amigo del gran capital” que ha vendido sus ideales.

Eso revela que tienen poco conocimiento de la figura de Aznar.

En este escenario político de gritos callejeros (como dice en el libro) y revisionismo permanente, ¿el consenso sobre el modelo territorial a medio largo plazo sigue siendo posible? ¿O nos hemos acercado realmente al abismo como país?

No nos acercamos a ningún abismo. Porque al final las cuentas tienen que salir. Pero el modelo territorial hay que reelaborarlo y redefinirlo, y es de las cuestiones a incluir en la reforma de la Constitución. Pero no de un día para otro, sino de forma muy meditada, informada, estudiada y dialogada. Su redefinición pasa, primero, por reformar la Administración local. Y eso no quiere decir suprimir municipios pequeños, que equivale a desertificar el territorio. (Y ya que se habla tanto del territorio nacional, recordemos que si el territorio se desertifica, deja de ser nacional, es desierto). Mantengamos los municipios, aunque sea fusionando servicios que se puedan fusionar.

Si se acaba con las Diputaciones Provinciales nuestra Administración local se viene abajo

También hay que mantener las provincias, que como dice la Unión Europea en un informe es una entidad intermedia necesaria, porque las comunidades autónomas son muy grandes y los municipios muy pequeños. Y la Diputación Provincial es la que hace posible la existencia de los pequeños municipios, que son necesarios. En España hay ocho mil y pico municipios, de los cuales siete mil y pico tienen menos de 20.000 habitantes y son gestionados por la Diputación. Si se acaba con las Diputaciones Provinciales, nuestra Administración Local se viene abajo.

Su supresión era una petición de algunos partidos, señaladamente Ciudadanos.

Sí… En cuanto al sistema autonómico, se ha ido probablemente por vías que no se pensaron en el momento constituyente. Y hoy en gran medida son irreversibles. Pero en otra medida son mejorables, reconociendo que hay comunidades autónomas con determinada personalidad específica que requieren un determinado tratamiento: Cataluña, País Vasco, Navarra (que ya lo tiene) y Galicia. Y en el resto hay que confiar en el sentido común de los partidos nacionales, que son los que gobiernan en la mayoría, para evitar el mimetismo de ser igual que Cataluña. Me encanta Madrid, soy madrileño, pero no quiero que Madrid tenga competencias culturales y lingüísticas propias, porque nuestra cultura, nuestra lengua, ¡es tan buena que es la común!

No sirve decir “hay que marchar hacia el federalismo”, entre otras cosas porque no hay que ir hacia nada, sino tener algo

Una de las palabras más manoseadas del debate político español es ‘federalismo’. ¿Se puede avanzar más en la descentralización?

Es lo terrible: cuando se habla de federalismo, no se sabe muy bien qué se quiere decir. En el libro lo señalo: hay múltiples formas federales. El federalismo es un proceso, en el que no hay solución de continuidad. Es muy fácil decir “el federalismo es una descentralización política”, “la confederación es una institución de Derecho Internacional”. No sirve prenderse en las palabras y decir “hace falta marchar hacia el federalismo”… Entre otras cosas, no hace falta marchar hacia nada, sino tener algo. Los problemas del Título VIII de la Constitución vienen de que, más que organizar territorialmente España, marcaba unas vías (que después no se siguieron, obviamente) para organizarla territorialmente. Ordenaba un proceso, no una estructura. No abramos ahora otro proceso, organicemos de una vez una estructura.

El PSOE menciona constantemente la palabra “federal”, como un mantra.

Eso viene de la Declaración de Granada [2013], que efectivamente fue una declaración positiva, aunque no se esté de acuerdo con ella. Primero, porque fijaba unos límites: es decir, el PSOE nunca habló del derecho a decidir ni del derecho de secesión. Había líneas rojas, como se llaman ahora. Ahora, cuando propugna una estructura federal, creo que se le escapan las diversas posibilidades que hay. Hay federalismos de ejecución, identitarios, solamente fiscales…

El Estatuto de Cataluña, sea el que sea, debe ser siempre un pacto de Estado. Y hay se debe respetar como tal

¿Hay algún país más descentralizado que España en Europa?

Alemania.

En la facultad de ciencias políticas, hace veinte años, se solían equiparar.

Si no en los principios, sí en la práctica… Aquí, indebidamente, se ha seguido una política neocentralizadora que tampoco se acerca demasiado a lo que era el espíritu constitucional. Aquí las autonomías se consideraban en su génesis como autonomías políticas. Luego las autonomías se multiplicaron por 17 en los Pactos Autonómicos de 1981, que fueron un desastre, en los que pusieron sus pecadoras manos los partidos entonces mayoritarios, UCD y PSOE. Multiplicar por 17 las autonomías es una ingeniosa forma de conjurar los males de tres… Así no se arregla nada.

El célebre “café para todos”.

Exactamente. Entonces el Gobierno y los grandes partidos se convencieron de lo difícil que era manejar aquello e intentaron ir por el camino de la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico]: una fórmula recentralizadora, que el Tribunal Constitucional casó con toda razón. Pero sus principios, a través de la jurisprudencia y una serie de políticas concretas, han seguido la vía recentralizadora. Y claro, eso no sirve para todos, porque rompe la relación con Cataluña. El Estatuto de Cataluña de 1979 era un verdadero pacto de Estado. El que crea que el Estatuto de Cataluña es como la ley del Tribunal de Cuentas se equivoca. El Estatuto de Cataluña, sea el que sea, debe ser siempre un pacto de Estado. Y hay que respetarlo como tal. No pidiendo la secesión, que es romper el pacto de Estado, pero tampoco interpretando las leyes de bases de tal manera que la legislación catalana quede sin campo de desarrollo.

Se ha llegado a extremos como este: recientemente he visto en el Consejo, que emite dictámenes previos a los recursos de inconstitucionalidad, cómo se pretendió plantear (luego se negoció: se amenaza muchas veces y luego se negocia; tal vez fuera mejor negociar antes que amenazar) un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de la Generalitat que obligaba al cierre de los establecimientos turísticos del Ampurdán a las nueve y media de la noche en Nochebuena y Año Viejo. Y se dijo que eso rompía la unidad de mercado. Hombre, no… Eso es crear problemas para dramatizarlos después. Y no se debe ni dramatizar lo que ya hay, que es mucho, ni crear nuevos problemas.

Ése sería, entiendo, un extremo de mala praxis. El otro extremo, aunque su figura se está rehabilitando en los últimos meses, sería el “aceptaré lo que venga de Cataluña” de Rodríguez Zapatero. ¿Qué responsabilidad otorga a su gestión del conflicto catalán?

Indudablemente, alguna responsabilidad tuvo. Pero todas esas declaraciones deben interpretarse en su contexto. Un presidente del Gobierno puede decir a título personal que acepta tal cosa, siempre que cuente con las mayorías parlamentarias, las negociaciones necesarias, etc. Y con la posibilidad de que se planteen recursos al Tribunal Constitucional. Yo estoy seguro de que cuando el presidente Zapatero afirmó eso, lo hizo supeditándolo a todo lo que pudiera ocurrir.

Y lo que ocurrió, primero, fue un Estatuto de 2006 innecesariamente desmadrado. El recurso que el PP planteó fue un disparate, y me alegro de que últimamente la vicepresidenta del Gobierno haya dicho algo semejante. ¡Se impugnaban algunos artículos que estaban en el Estatut de Valencia hecho por el propio PP! La sentencia del Tribunal Constitucional tampoco fue un acierto: hay que ver el tiempo que tardó en salir y las cosas que ahí se dijeron, innecesarias.

Luego la interpretación de la sentencia fue todavía peor: lo que decía la sentencia como cláusula interpretativa se interpretó como declaración de inconstitucionalidad. Yo creo que ha habido una serie de errores en cadena. El error es difusivo; cuando se comete uno se cometen otros después. Pero pienso que todo eso puede estar a tiempo de reconducirse.

¿Se refiere a los nuevos gestos?

Parece que el Gobierno tiene ganas de reconducirlo, y en cuanto a la otra parte… La realidad también tiene su peso. Es decir, no basta con hacer una declaración de independencia para ser independiente; la prueba es que al señor Bossi, que la hizo en Padania después de ganar un referéndum, nadie le hizo caso; no pasó nada.

Herrero de Miñón. Moeh Atitar

El esfuerzo del nacionalismo catalán en los últimos años por defender las bondades de la independencia y el derecho de autodeterminación ha sido ingente. ¿Ha percibido por contraste cierta debilidad intelectual por parte del ‘españolismo’ en la defensa de los méritos de la unidad?

¿Debilidad? No… La verdad es que creo que hay cosas que se mantienen por su fuerza normativa. Sobre la unidad de España hay que preguntar primero, ¿quién la pone en tela de juicio? ¿Con qué fundamento y con qué horizonte? Es cierto que el independentismo catalán ha subido del 15% a cerca del 47%, pero yo tengo la profunda convicción de que si a ese 47% de sedicente independentismo se le diese una salida positiva, optaría por esa salida en lugar de por el independentismo. Es decir, un nuevo Estatuto… Una Disposición Adicional de la Constitución que reconociera la personalidad de Cataluña y las competencias inherentes a esa personalidad, como la Adicional Primera respecto al País Vasco. Podría tener unos efectos igualmente positivos.

La mayor parte de las competencias están ya transferidas y el reconocimiento de la personalidad diferenciada ya se hace…

El diálogo entre el españolismo, entre comillas, y el nacionalismo o indepentismo catalán o vasco ha sido un diálogo de sordos. Porque por una parte se reclamaba el reconocimiento de una identidad, y entonces se ofrecían unas competencias. Muy bien, se decía, déme las competencias, pero yo lo que quiero es que me reconozcan diferente. Ah, usted quiere más competencias. Bueno, démelas también, pero… Y entonces se transferían todas las competencias y no se satisfacía la reclamación profunda. Es como cuando en determinadas enfermedades se acude al síntoma, y para tratarla hay que atender a lo que está detrás. Si lo que se reclama es un reconocimiento de identidad, usted tiene que sentarse y reconocer la identidad de una vez por todas.

España necesita dos, o tres si se quiere, grandes formaciones políticas en el centroderecha y centroizquierda

¿Qué reconocimiento de la singularidad catalana podría ser compatible con el ‘españolismo’?

Eso tienen que decidirlo los que tienen responsabilidades para hacerlo…

Los políticos.

Los políticos en activo, que yo no lo soy… En eso consiste la función política, en ofrecer soluciones a esos problemas. No en crearlos.

¿Qué materias constitucionales serán a su juicio objeto de reforma esta legislatura?

Me figuro que habrá una ponencia de los dos grandes partidos; se sumará Ciudadanos, deberían sumarse los partidos nacionalistas. No sé si Podemos querrá sumarse o no y cuál será su actitud. No sé cómo va a evolucionar eso. Pero hay problemas que se deben abordar, por ejemplo la reforma electoral. Y no se arregla de un día para otro.

¿Básicamente para aumentar la proporcionalidad en el reparto de votos?

Sí…

¿Hubiese sido mejor hacerla hace diez años, cuando el espectro político estaba menos atomizado?

Soy el menos autorizado para hablar de eso, porque el que hizo la Ley Electoral vigente, en gran medida, fui yo mismo.

Se redactó con la vocación de generar estabilidad en una democracia naciente…

Sí… Y la de dirigir la atomización de partidos que había entonces en la derecha y en la izquierda hacia grandes formaciones, sólidas y homologables con las que había (y hay) en Europa. El PSOE quiso asemejarse y se asemejó durante mucho tiempo al Partido Socialdemócrata Alemán. Y después el PP ha conseguido en gran medida homologarse a los partidos de centroderecha europeos. España necesita dos, o tres si se quiere, grandes partidos en el centroderecha y centroizquierda. Pretender atomizar esto territorialmente e ideológicamente no creo que sea bueno para nadie. La reforma debería ser moderada y pensada. Sabiendo lo que se quiere hacer y con quién se quiere hacer.

También se muestra partidario de reducir o suprimir los aforamientos.

Intranquiliza mucho a algunos partidos y debe corregirse. Pero eso en gran medida depende de los Estatutos de Autonomía, que son los que han multiplicado los aforamientos por diecisiete. También se podría reformar un artículo de la Constitución que los prevé. Pienso, no obstante, que la incidencia del desaforamiento sobre la corrupción va a ser escasa. La corrupción se combate no solo con eso, sino con medidas penales y procesales más ágiles, con un compromiso de los partidos muy serio en torno a criterios de gestión corporativa, sin caer en el peligro de convertir eso en una inquisición generalizada.

Y debe atenderse también a la realidad de las cosas: si mañana se persigue a sangre y fuego eso que se llaman las ‘puertas giratorias’, va a haber que buscar con un candil quien quiera entrar en la vida pública. Los políticos en España están mal pagados, están ultraperseguidos y desprestigiados… Si ahora se le niega a un profesional salir de la política incluso con más prestigio para seguir su profesión, ya veremos quién quiere entrar en ella. Sería muy positivo que a la política española, en lugar de ir gentes sin oficio ni beneficio, y que encuentra allí un medio de vida (por eso no quiere dejarlo jamás), entrasen profesionales cualificados.

Si se persiguen las puertas giratorias, va a haber que buscar a quien quiera entrar en la vida pública: los políticos están mal pagados y desprestigiados

¿Habría que subir el sueldo a los parlamentarios?

Sería más útil que las incompatibilidades se refiriesen exclusivamente al manifiesto conflicto de intereses. Ahí sí hay que ser radical.

¿Echó de menos un Gobierno de coalición en España durante la reciente crisis política?

Hubiera sido lo ideal… Y la verdad es que es lo primero que propuso Rajoy. Hubiese sido muy bueno para España.

Su inviabilidad fue una estampa inmejorable de la falta de consenso.

Una de las fórmulas para hacer posibles esos consensos tan amplios es primero crear un clima de confianza y rebajar el tono de la polémica. Cuando al adversario se le pegan patadas en la espinilla, por no decir que se le acuchilla, después pactar es muy difícil. Porque no hay confianza. Creo que ésa fue una de las razones por las que hubo tan fácil consenso en la ponencia constitucional; había un miembro destacado del PC (Jordi Solé Tura), un nacionalista catalán (Miquel Roca), un socialista dogmático (en el mejor sentido del término) como Gregorio Peces-Barba, un conservador radical como Fraga… ¿Por qué fue posible? Porque desde el principio, por múltiples razones, había confianza personal. Algunos (Gregorio, Cisneros, Pérez-llorca y yo mismo) nos conocíamos desde la Facultad. Y todos sabíamos que éramos fiables. Yo había hecho oposiciones junto con Jordi Solé y habíamos perdido la cátedra de Derecho Constitucional, lo cual revela la sagacidad del tribunal. Y perder una oposición juntos une mucho… Crea un ambiente de cordialidad… !Y eso ayuda!

El Senado debería ser una cámara de reflexión, compuesta por personas con experiencia política pero sin filiación

¿Había otros modales, además? (Aparte del conocimiento personal previo).

Pero porque nos conocíamos y había confianza. Y eso se mantuvo después durante años… Prácticamente hasta el año 89. Las relaciones entre los grupos parlamentarios y los parlamentarios eran cordiales. Y positivas. Yo recuerdo que en un momento alguien pidió un suplicatorio para procesarme, porque consideraba que había ofendido su honor. Y el Partido Socialista, desde el primer momento, dijo “votamos en contra como un solo hombre”. Esa cordialidad humana contribuye mucho, pero hay que cultivarla. Eso no se ha cultivado demasiado en la legislatura pasada y es de desear que ahora se cultive más.

Todo el mundo en España habla de la reforma del Senado, que en su libro considera inviable en esta legislatura. Aporta, sin embargo, una propuesta innovadora.

Creo que no la veré, pero alguna vez habrá sentido común para hacerla. Todo el mundo critica el Senado, pero nadie plantea una alternativa seria. Por otra parte, los partidos tienen compromisos personales que les hace difícil entrar en su reforma. Lo que yo planteo en el libro, que no creo que sea una tesis viable, es que el Senado, en lugar de ser una cámara legislativa de segundo grado, fuese una cámara de reflexión, y que estuviera compuesta por personas con experiencia política pero sin filiación política presente.

Seamos sinceros; habrá habido presidentes mejores o peores, unos serán criticables y otros adorables, pero no cabe duda de que el que ha estado varios años en la presidencia del Gobierno tiene una experiencia política que no tiene el común de los españoles. Y el presidente del Tribunal Constitucional o del Congreso. Esas capacidades políticas, en vez de amortizarse (como si en España nos sobrase gente con experiencia), deberían reunirse en un Senado dedicado a reflexionar seriamente y a hacer también otras cosas, como por ejemplo designar a los órganos de control (Tribunal de Cuentas, Constitucional), en vez de que sea fruto de negociaciones de los partidos que deben ser controlados. Pero esa propuesta es muy difícil de adoptar todavía.

Recuerda a los Consejos de Ancianos en Esparta y la Atenas de Pericles.

Sí, pero fíjese… ¿Cuántos políticos españoles hoy saben quién es Pericles?

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Comentarios

Interesante recordar que los censores de lo que se iba redactando de la famosa constitución sagrada de los nacionalistas esspañoles fue el ejército franquista.
Lo que así nace debe cambiarse en cuanto hay democracia. No es el caso de Essspaña.
También es curioso saber que Juan el rey sin trono consideraba positivo el concierto.

Pensamiento Político Xavier Cassanyes

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la sociedad ante situaciones imprevistas, se abre una nueva fase de globalización modulada regionalmente.

El “Manifest Groc”, Barcelona 1928

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