A un año y medio de las próximas elecciones municipales ya se están preparando  las estrategias de los partidos para el asalto electoral.

Mientras, en el campo del Pacte, continúan las desavenencias entre los socios de gobierno como ha sido el plante de Podemos a que se pudiera prolongar el uso de las terrazas en la calzada. La sensibilidad del edil Jarabo ha estado más con los vecinos que buscan plazas para aparcar, que al parecer las han encontrado durante estos meses, que con los propietarios de bares y restaurantes, negocios mayoritariamente familiares y creadores de empleo aunque no sea de gran calidad.

Al Ayuntamiento parece que le supone menos conflicto con sus socios concentrarse en las pequeñas actuaciones, sin duda mejoras para barrios, que negociar decisiones de calado que trasciendan una legislatura. Como la cuestión de los alquileres que es el problema más grave de tiene Palma, y el conjunto de Baleares también.

Recientemente, la consulta que se hizo en Berlín sobre los alquileres concluyó que el 56,9 por ciento estaba a favor de expropiar cerca de 250.000 viviendas para aumentar el parque de alquiler, que sería gestionado por una empresa municipal. La medida no prosperará, al menos la expropiación que supondría un coste de unos 36.000 millones de euros, porque los vencedores de las elecciones municipales, SPD y Verdes, no están por expropiar. Y tiene sentido.

La vía expropiatoria no es una buena medida por la inseguridad jurídica que genera  y por el coste para las arcas públicas. Y, además, porque expropiar viviendas existentes no supone una actuación de planificación urbanística y sociológica, sino de emergencia y cierto desbarajuste aleatorio, porque supone tener que adaptarse a la casuística de dónde se ubiquen las viviendas disponibles.

Ofertar vivienda a precio asequible no solo se orienta al alquiler social, que afectaría a quienes sobreviven en los yacimientos de pobreza extrema (junto a Carrefour, cauce de Sa Riera…) y a familias en vulnerabilidad sino, también, para jóvenes que quieren emanciparse, familias que deben renovar sus actuales alquileres caros y para muchos, que han quedado mal parados por la continuidad de las dos crisis, y que han visto cómo sus empleos o negocios han mermado o desaparecido. Para bajar los precios no hay más solución sostenible que aumentar la oferta y esta de forma, suficientemente, masiva como para que suponga un choque y obligue a su nivelación a la baja. Otra cosa, previsiones de aumentos graduales, como presenta el PGOU de incrementar el parque en 10.737 viviendas en 20 años, no va a conseguir el objetivo de intervenir en la regulación de los precios.

El Ayuntamiento y los Consells tienen en su mano el instrumento urbanístico para crear suelo y, esta vez, con vocación social erigirse en propietarios y promotores; construir vivienda de alquiler en diferentes formatos para cubrir la demanda actual y de los próximos años y, en volumen suficiente como para presionar efectivamente a la baja el precio de mercado.

Hay zonas en Palma que incompresiblemente van a destinarse a equipamientos que la Ciudad no demanda, por exceso. La antigua cárcel, con todos los respetos a otros criterios, no tiene ningún interés arqueológico ni cultural aunque algunos técnicos opinen lo contario. Los criterios técnicos cambian cada veinte o veinticinco años. El zoning, de los años 50 en Estados Unidos, inspiró el plan Ribas Piera que creó los polígonos industriales pero, también, las macro concentraciones educativas, ineficientes, que colapsan la vía de cintura.

Gobernar y planificar a largo plazo es tomar riesgos. Y sería oportuno actuar en espacios desestructurados como el  polígono de Son Castelló. Cabría promoverlo a uso residencial, negociando la cesión de suelo para vivienda social de propiedad municipal y tocando al alza los límites de altura; el espacio es suficientemente grande como para que no afecte al  skyline de Palma. Allí habría una buena bolsa para promoción privada y pública, de alquiler municipal. Además, bien comunicado por metro.

La otra parte corresponde al Consell. Es hora de fijarse en la liberación que supuso la creación del polígono residencial de Son Ferrer, en Calvià.