Según el estudio, los encuestados solo se muestran muy polarizados cuando se refieren a cuestiones identitarias (ideológicas o territoriales). Ahí la polarización ideológica y territorial es entre dos y tres veces mayor que la polarización en torno a otras cuestiones como los impuestos y la inmigración.

La semana pasada se publicaba el último estudio sobre la polarización política en España, realizado por el think tank EsadeEcPol (Centro de Políticas Económicas de ESADE. Madrid). El estudio constata la creciente polarización política y trata de evaluar el grado y la cualidad de esa polarización midiendo el grado de discrepancia en la sociedad en temas  políticos, económicos y sociales concretos.

Eso se explica, a mi modo de ver, porque un 60 por ciento de la población española, la que se ubica en las provincias centrales y las de origen  castellano, entiende con dificultad de derechos a las lenguas e identidad propias, y sintonizan con el discurso histórico del nacionalismo español: centralista y uniformador. De ahí que la cuestión identitaria forme parte esencial de la ideología de los partidos siendo, éste, un argumento significativo de posicionamiento ideológico.

Para entender ese proceso de polarización resulta extremadamente útil fijarse en los barómetros mensuales del CIS, que pregunta sobre la adscripción ideológica del encuestado invitándolo a posicionar en una escala de 1 al 10, siendo el 1 la izquierda más radical y el 10 la extrema derecha.

Comparando los últimos diez años se ve la evolución de la polarización, que en 2010 era del 1,78 (el índice de polarización medido por la desviación típica). Los que se sentían más hacia a la izquierda (posiciones de 1 a 4, era del 34 por ciento; los de más a la derecha, de 7 a 10, del 12,5 por ciento. En 2014, en julio tras la abdicación, el índice de polarización subió al 1,95. Las posiciones de 1 a 4, suponía el 40,4 por ciento y las de derecha, del 7 a 10, el 14,2 por ciento.

El Barómetro del CIS de julio de 2020 muestra un máximo de polarización, con el índice en 2, pero apenas se mueve el porcentaje de izquierda (1 a 4), que está en un 39,3 por ciento, y el de la derecha (7 a 10) se sitúa en 13,1 por ciento. Mientras que la franja de cercanía ideológica de centro (5 y 6, en la escala de 1 a 10) pasa de 30,8 por ciento en 2014 al 39,8 por ciento en 2020. Resalta que el grupo de los que No Sabe/No Contesta, salta de 18,4 por ciento (2010) al 8 por ciento actual.

La sociedad española está más politizada, yo diría más implicada, puesto que los que antes no contestaban, o se mostraban indecisos, ahora sí se posicionan ideológicamente. Aunque apenas ha variado el índice de polarización entre el grupo de la izquierda (1 a 4) y el de la derecha (7 a 10).

Pero es llamativo que si atendemos a la representación política, en el Congreso, resulta que los partidos teóricamente situados en la franja 1-4 (Podemos y PSOE) representan el 44,2 por ciento del hemiciclo, mientras que la franja 7-10, el 40,8 por ciento y quedando el centro, Ciudadanos, el 2,85 por ciento. Y si extrapolamos la posición ideológica de los demás partidos, el segmento 1-4 estaría representado en un 51,42 por ciento y el sesgo 7-10, en un 40, 57 por ciento. El centrismo solo un 8 por ciento.

Al comparar las respuestas de adscripción ideológica de los ciudadanos y la representación en el Congreso vemos escandalosos desajustes. Por un lado, el 39,3 por ciento, de los encuestados por el CIS, que se identifican en la franja 1 a 4 (Izquierda) obtiene una representación en el Congreso de 51,42 por ciento. Una prima de 12 puntos.

Pero el grupo de la derecha, con el que solo se identifica el 13,1 por ciento de los encuestados, consigue una representación en el Congreso del 40,57 por ciento. Una prima de 27,47 puntos porcentuales, más del doble del que se adjudica a la izquierda (12 puntos) y en ambos casos a costa del centro político.

A estas alturas, recuérdese que Clinton ganó a Trump por dos millones y medio de votos, nadie duda de que una normativa electoral injusta es capaz de torcer la voluntad popular a favor de partidos más convenientes para el estatu quo; en nuestro caso, una ley y circunscripciones electorales diseñadas para preservar que la derecha del postfranquismo no pierda el control de la política nacional.