Mejor cuánto antes

.Perfiladas las candidaturas para el 21-D, cuatro opciones electorales se disputan el catalanismo no independentista que querría una salida negociada dentro del marco constitucional. Mientras que para Esquerra Republicana se trata de revalidar la mayoría por la independencia, confirmando la estrategia de la DUI, y la CUP y el PP buscan el respaldo a la gestión política en sus respectivas posiciones, las demás candidaturas pretenden sumar mayorías con que ofrecer un alternativa viable al conflicto político, dificultado por haber entrado en vía judicial.

JuntsperCatalunya, Puigdemont, que parece que se resistió hasta el último momento a dar vía libre a la DUI pero no tuvo calidad de estadista para hacer valer su criterio, ha conformado una candidatura soberanista que, sin apearse de la consideración de Catalunya como nación, se aprestaría a entrar en la cobertura constitucional si el Estado abriera una ruta de nuevo estatus de Catalunya en España. En las antípodas Ciutadans, que no piensa que haya ningún hecho diferencial que justifique una excepcionalidad catalana, y que aspira a liquidar los cinco años de resistencia por la sentencia del Estatut volviendo a la normalidad autonómica. Entre ambas posturas está el PSC y CatalunyaenComú que, contando con la pata nacional en la oposición en el Congreso, pueden trasladar sus resultados electorales en influencia a escala nacional.

Las encuestas, realizadas antes de que se cerraran las candidaturas el 17 de noviembre, sugieren que Esquerra podría ser la candidatura más votada aunque, si hemos de fiarnos de convocatorias anteriores, los sondeos no comienzan a ser significativas hasta los últimos diez días y, aún así, cualquier incidente emocionalmente relevante puede alterar el resultado final cuando las cuentas son muy ajustadas. Ocurrió en 2004, la gestión del atentado de Atocha, favoreciendo al PSOE, como también el 26 de junio de 2016 cuando, ante el inesperado triunfo del Brexit cundió el pánico a lo desconocido, y el PP mejoró su mayoría del 20 de diciembre de 2015.

Es previsible que el independentismo de ERC y la CUP, junto a la candidatura de Puigdemont, sume una mayoría más homogénea que la suma del resto del Parlament. Tanto el PP y como Ciutadans están por bloquear cualquier reforma constitucional que suponga un estatuto especial para Catalunya, mientras que el PSC y CatalunyaenComú, sí están por una reforma que aportaría racionalidad a un modelo territorial desequilibrado que, por presiones y miedo, no se supo cerrar bien en la Transición.

Desde el PP y Ciudadanos se argumenta que si se aceptara reformar la Constitución por la cuestión de Catalunya supondría dar la razón a la estrategia de los sucesivos gobiernos de la Generalitat desde la sentencia que rebajaba el Estatuto de 2006. A eso habría que apostillar que el Parlament de Catalunya tendría legitimidad para trazar estrategias políticas encaminadas a recuperar cotas autonómicas que el Tribunal Constitucional habría rebajado. En todo caso, ¿cómo podría la política catalana hacerse escuchar por un gobierno que ni escucha, ni oye, ni se mueve más que cuando se trata de aplicar el código penal? Lo intentó Artur Mas con el Pacto Fiscal y hubo portazo, ni siquiera se quiso hablar.

Según todas las previsiones, la participación será altísima y nadie podrá dudar de qué piensan los electores catalanes sobre su futuro. El PP tendría que preparar, más pronto que tarde, un plan de acuerdo con el nuevo gobierno antes de que la frustración le estalle y sin discurso.

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