Lo primero será ver cómo queda la ola reformista en el partido socialista. Esta será la clave para aventurar el sentido político de la legislatura y de su capacidad para aprobar reformas en sentido de más democracia, entre ellas la del sistema electoral. Una ley que data de 1977, ideada para penalizar el voto de las zonas urbanas en beneficio de las provincias con predominancia de valores conservadores, estuvieran en el partido popular o en el partido socialista.

En el PSOE, sin fecha aún para el Congreso, se prevén dos candidaturas a la secretaria general: la de Susana Díaz y la de Pedro Sánchez que, sin el soporte institucional de su escaño, podría verse forzado a un  liderazgo de consenso. Patxi López, más cerca de las tesis de Sánchez que de las de Díaz, contaría con el apoyo de la militancia sanchista sin despertar las agriedades del aparato susanista. De cómo se las compongan finalmente, dependerá que el PSOE siga cediendo espacio electoral a Podemos o pueda recuperarlo.

La otra incógnita a despejar está en la banca de Podemos, entre el estalinismo de Pablo Iglesias y Alberto Garzón y la vía posibilista de Íñigo Errejón. Los primeros situarían a Podemos en la oposición antisistema, del estilo de la CUP en Catalunya, sin horizonte de gobierno y aceleraría que las marcas asociadas En Comú Podem, Compromís y, quizás, En Marea, se conformaran como proyectos propios desvinculados de la estrategia podemita. La traducción electoral dependerá del rumbo que tome el socialismo, de quién sea su próximo secretario general. Si triunfara la candidatura de Susana Díaz cabría esperar que el PSOE siguiera transfiriendo votantes a  Podemos pero un  cambio de rumbo, una secretaría general de Pedro Sánchez o de Patxi López, podría volver al PSOE a podemitas del sector posibilista.

Pero el tema estrella es conflicto independentista. Rajoy ya no tendrá más margen para distracciones y tendrá que tomar la decisión de su vida, la que le va a situar en la historia a la altura de Adolfo Suárez: Seguir utilizando al Tribunal Constitucional como cobertura de enfrentamiento con Catalunya, en todo caso traumático, o construir un acuerdo político. El caso es que un buen gobierno debiera hacer posible los mejores acuerdos para beneficio del interés general, del Estado, y de los más de dos millones de catalanes que se manifiestan por la independencia.

El gobierno apuntala su inmovilismo en cuestión autonómica en que no hay demanda social, apoyado en las encuestas del CIS que indican que una mayoría del 38 por ciento de españoles manifiesta estar de acuerdo con el actual reparto de competencias entre Estado y comunidades autónomas. Visión sesgada, porque no tiene en cuenta la regionalización de la encuesta. En el III Barómetro autonómico del CIS (2012), el último publicado, en Catalunya, la respuesta mayoritaria era la de los partidarios de la independencia, el 37,7 por ciento, y el 27,7 por ciento pedía una mayor autonomía. Dos realidades políticas divergentes.

Por mucho que las encuestas favorezcan el inmovilismo, un gobierno con miras de Estado tiene que explorar el acuerdo, de un soberanismo pactista que podría articularse en un pacto federal con el apoyo de PDC, Catalunya Sí que es Pot y PSC  que, electoralmente, podría estar en los 63 escaños del Parlament  y, con el PP, con mayoría absoluta.