Dada la aritmética parlamentaria todo apunta a que Pedro Sánchez tendrá que esperar para ser Presidente. En esa primera asalto, ni Podemos ni el PP están por la labor de una abstención técnica que desencalle la investidura a pesar de que la mitad de sus votantes estarían por facilitar un gobierno de centro y reformista.

 

La propuesta de desaparición de las diputaciones es un escollo para peperos y salvable para los socialistas, si se llegara a una redefinición que supera la improvisación con que se ha presentado. Lo mismo cabría decir del Senado. 

El veinte por ciento de las provincias menos pobladas eligen el ochenta por ciento de los senadores de elección directa. Esta situación es posible porque  la Constitución establece que cada provincia elige un mínimo de 4 senadores. La imagen electoral sería muy distinta si las circunscripciones electorales fueran las comunidades autónomas.

Las diputaciones cumplen funciones que pueden realizarse con mayor agilidad desde la instancia autonómica. No tienen sentido instituciones mastodónticas que en la práctica  actúan como contrapoder político a las presidencias autonómicas y como agencias de colocación de adeptos. Las diputaciones, como la división provincial, y la fusión de municipios o su mancomunidad, son retos a afrontar desde una nueva planta administrativa en la que las Comunidades Autónomas deberían tener el mayor protagonismo.

Sería la ley electoral, sin embargo, el elemento sustancial que podría obrar el milagro de una mayoría de centro reformista y progresista. Ciudadanos y Podemos llevaron en su programa la reforma de la Ley y ambos han sido perjudicados en su representación por esa ley de ingeniería electoral elaborada en 1977 para favorecer al partido mayoritario. La ley d’Hondt, que se adoptó para evitar una excesiva proporcionalidad que posibilitara parlamentos ingobernables ha supuesto uniformar la representatividad política, evitando la pluralidad a excepción de los partidos nacionalistas en sus respectivas comunidades autónomas. Partidos con apreciable número de votantes resultan infra representados. Es el caso de UPyD en las pasadas elecciones o de IU en la actual legislatura que con 923.000 votantes tiene solo 2 diputados, los mismos que Bildu, con 218.000 votantes. O que el partido popular, con 7.220.000 votantes disfrute de 123 diputados, con lo que cada diputado le cuesta 58.699 votos, mientras que al segundo partido, el PSOE, cada diputado le cuesta 61.452 votos, a Podemos 75.207 votos y a Ciudadanos 87.511 votos por diputado electo.

La Cámara alta es otro elemento sustancial que puede concitar el diálogo. La sobre representación de las provincias menos pobladas posibilita un Senado cerrojo inmovilista de la España interior, ruralista, tradicional y conservadora en costumbres, al margen que vote ora al PP o al PSOE, contra iniciativas modernizadoras de las regiones de la periferia; con población urbana, economías más dinámicas y culturalmente progresistas.

Un pacto por un gobierno reformista y de progreso solo parece viable con el compromiso de una reforma constitucional y una legislatura corta, en que se abordaran de inmediato estas cuestiones sensibles: el Senado y la ley electoral. En ésta, modular la aplicación de la ley d’Hondt y la proporcionalidad; la cuestión de los restos de votos que no consiguen representación política; el desbloqueo de las listas; y derogar las medidas restrictivos del voto exterior que impuso el partido popular para dificultar que los votantes españoles en el extranjero pudiera votar por correo, son esas cuestiones tronales que deberían propiciar el acercamiento de Podemos.