Tras alabar las reformas realizadas en el mercado laboral el FMI ha advertido que la bonanza de los indicadores se debe, principalmente, a la favorable coyuntura internacional: bajo precio del petróleo, un euro depreciado frente al dólar y la política monetaria del Banco Central Europeo. Como amenazas internas, la gerente Christine Lagarde, señala la dualidad del mercado laboral y la baja productividad de las empresas como los nubarrones que acechan tras la buena coyuntura internacional. Sus recomendaciones: medidas correctoras para incentivar la contratación indefinida, lo que significaría frenar, los contratos a la carta, y afrontar la baja productividad tanto de las empresas como del trabajador.
Sin duda, las recomendaciones del FMI en materia del mercado laboral se acometerán por la necesidad de aumentar la recaudación a la Seguridad Social y de disuadir de contrataciones fraudulentas. En cuanto a la otra lacra de la economía, la baja productividad, a la que habría que añadir la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones: meter mano en la caja, comisiones por influencias o la burla al sistema legal, solo podrán abordarse con medidas de tipo estructural.
Tanto por lo que respecta al mercado de trabajo como a la empresa el quid de la cuestión, la productividad, consiste como es obvio en el tiempo que se emplea para realizar un producto con los estándares medios de calidad y precio. En España, la productividad ha aumentado gracias a la reducción del número de trabajadores y empresas. Los trabajadores tienen mayor intensidad de trabajo (más trabajo con el mismo o menor salario) y las empresas han aumentado de tamaño, o han desaparecido, mientras se está manteniendo la satisfacción de mercado consumidor de bienes y servicios, que se ha reducido aunque en grado diferente según la actividad.
Incidir eficazmente en la productividad ya no puede realizarse por el ardid de restringir los mercados, ahora toca medidas de carácter estructural como facilitar la racionalización del tiempo de trabajo y de la operatividad de las empresas, principalmente en las pimes y los autónomos que deberían ser tratados con extremada justeza fiscal.
Sobre lo primero, y ligado a la siempre repetida necesidad de volver al horario europeo, concentrar los tiempo de trabajo a fin de evitar los desplazamiento pendulares, en la hora de la comida, buscando concentrar el tiempo laboral en lugar de continuar con los horarios extensos y de bajo productividad. Eso, además de ayudar en la conciliación familiar y su efecto económico favorable, supondría liberar tiempo para el trabajador y el empresario que, en buena parte, podrían disponerse para el consumo o la emprendeduría de nuevas actividades económicas complementarias.
Respecto al segundo, reducir los gastos fijos de seguridad social y el tipo del IVA, para que ambos sean progresivos y relacionados con el volumen de facturación. Los autónomos no deberían estar lastrados económicamente antes de haber tenido ingresos por actividad, lo que favorece la economía sumergida. Para unos y otros, medidas de transparencia fiscal mediante desgravaciones por consumo en sectores donde se detectan las mayores bolsas de economía sumergida.
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