La política es corresponsabilidad.

La respuesta a la crisis tiene que ser política, por la necesaria toma de decisiones reformistas, pero también de la sociedad a la que se exige un esfuerzo adicional de racionalidad, de prudencia y de generosidad para repensar colectivamente nuevas bases de hacer y de compromiso social.

La forma firme y sosegada con que se ha llevado judicialmente la cuestión del abuso de la banca en los contratos hipotecarios, con el resultado de la modificación de la ley hipotecaria en cuanto incorporar la Directiva europea 93/13/CEE (sobre cláusulas abusivas en los contratos con los consumidores), marca el paso de cómo coordinar movilización social y acciones jurídicas. En ese caso ante la Justicia, contra una ley abusiva, e ilegal desde 1993, que ha puesto en evidencia el fracaso y la ineficiencia de las instituciones del Estado ante el deber de velar por los derechos del consumidor, de la ciudadanía.

Llegando más allá, aunque la responsabilidad de la crisis, según el mantra, es colectiva la verdad es que tiene nombres y apellidos cuando se desciende al detalle enmarañado de políticos y parapolíticos, ingenuos, negligentes o corruptos que impulsaron la burbuja y la catástrofe económica del país.

Revertir el desasosiego social al que hemos llegado es responsabilidad de todos pero en especial, naturalmente, de los políticos y de las estructuras de los partidos políticos, auténtico “moll de l’os” de la arquitectura constitucional y formadores de la clase política que nos ha estado gobernando hasta ahora.

La tarea de abrir a la participación de la sociedad, y reformar el funcionamiento de los partidos, es tarea tan prioritaria como la reforma de las administraciones públicas para la racionalización y regeneración de las instituciones porque, no se olvide, la clase política responsable de los desaguisados de los últimos veinte años ha sido la consecuencia de este diseño de partido político, más cercano a los lobbys o sindicatos de intereses que como instrumento de participación política e ideológica.

En esa dirección participativa me parece reseñable la iniciativa Diputado 2.0, que puso marcha en la asamblea de Madrid con una enorme respuesta de participación la, ahora, delegada del gobierno Cristina Cifuentes y que no tuvo continuidad por la dificultad, superable sin duda, de gestionar adecuadamente.