El estado de las autonomías no está en cuestión. La crisis acelera que nos tomemos en serio que no son sostenibles administraciones públicas ineficientes, con duplicidades funcionales entre niveles administrativos, y que prestan sus servicios arbitrariamente, según las competencias y valoración económica de cada paquete de competencias transferidas.

Los diferentes techos competenciales que prevén Constitución y estatutos y criterios poco rigurosos, ambiguos y demagógicos, en la definición de los derechos de la ciudadanía en todo el territorio español enmascaran la situación de las comunidades autónomas. Tanto las comunidades receptoras natas de los fondos de solidaridad como la que los dotan, trasladan a la opinión pública una imagen distorsionada de sus radiografías socioeconómicas, resultando que se imposibilitan planteamientos de crecimiento y desarrollo serios, asentados sobre bases sólidas, por fiarse en indicadores adulterados por una suerte de dumping financiero y económico que afecta a las regiones menos desarrolladas, primadas por un paternalismo ideológico que resulta contraproducente para su desarrollo.

En tanto se mantenga la conformidad de que algunas comunidades autónomas están condenadas a ir a remolque de otras, ni se planteará con criterios de superar los desajustes de hoy, ni las que se sienten lastradas dejarán de mirar el horizonte independentista como estrategia de futuro para competir en el mundo global.

La ambigüedad, que tan buenos resultados aporta cuando se trata de negociar entre equidistancias irreconciliables, como enla Transiciónentre aquel tardofranquismo conciliador y la oposición democrática, resulta poco constructora cuando se trata de comprometer consensos hacia objetivos concretos de futuro a medio y largo plazo.

Cuestionar el modelo autonómico actual, subrayo actual, no significa un salto atrás en el discurso político constitucional como quieren ver algunos. Se trata de racionalizar, con criterios de eficiencia política y administrativa, la estructura del estado profundizando en sentido progresivo el pacto constitucional. Es rigurosamente correcto afirmar que el estado autonómico sería impensable sin el precedente del Estatuto de Cataluña de 1932 y la pervivencia, y reconocimiento explícito en el siglo xix, del foralismo vasco y navarro, pero si la implantación del estado autonómico supuso un avance cualitativo para la consolidación del Estado, por cuanto supuso la primera apuesta seria de engarce de las nacionalidades y regiones españolas en un proyecto nacional unitario, ahora se precisa un nuevo avance cualitativo.

Plantear, en plena dinámica de austeridad pública y con voluntad de criterios de eficiencia, la necesidad de redefinir el modelo autonómico, en mi opinión debiera convertirse en un estado federal con algunas asimetrías como se dan en otros modelo federales, supone un ejercicio de responsabilidad y de voluntad por afianzar y fortalecer a España en Europa y en el concierto global.