(Publicado el 7 de marzo de 1999, en EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES.)

Encauzada la integración económica con el arranque del euro, al que, sin duda, habrá de seguir la armonización fiscal, la homologación socioeconómica y laboral, y demás ajustes, ahora, es momento idóneo para avanzar en la integración política vertebrando instituciones europeas para convertir la Unión Europea en un estado operativo, que habrá de ser plurinacional desde la vigencia de los Estados firmantes de los Tratados de Adhesión, y plurirregional desde la vitalidad de las regiones cuya idiosincrasia, en casos dudables, tienen carta de identidad.

La crisis de funcionalidad del Parlamento Europeo reside, fundamentalmente, en la falta de competencias importantes, por la desconfianza de los Estados nacionales hacia un mega-Parlamento. En el Parlamento Europeo las controversias se diluyen entre equilibrios geopolíticos donde, todo lo más, se da un nada conveniente, deslizamiento hacia paneuropeísmos demagógicos con poco sentido propragmático. Y esto, porque la cualidad de este Parlamento no responde a ninguna realidad social, económica o política europea, ni siquiera a alguna proyección ideal.

 

Resulta una proposición imposible que un parlamento representativo según criterios de tercermundismo asambleista, pueda actuar sin adscripción nacional en temas de trascendencia presupuestaria desde el mismo momento en que se da un desequilibrio grave en la representatividad de la realidad socioeconómica de los Estados europeos en el Parlamento de Estrasbrugo.

La inutilidad política del Parlamento Europeo, permaneciendo como mera comparsa de la Comisión o del Consejo de Ministros comunitario, se seguirá manteniendo así en tanto la Eurocámara no se quiera a sí misma como representativa de la sociedad europea en su conjunto y en su especifidad, porque no es de recibo que mientras los cinco Estados grandes de la Unión representan el 80% de la población y del PIB europeos, sólo tienen, en cambio, una participación del 68% en el Parlamento Europeo y si nos referimos a Alemania y Francia, las cifras son de un 37,5% de población y de un 45% del PIB, por una pírrica representación del 30% en la Eurocámara. ÀCómo no entender el recelo de los países ricos a transferir poder de decisión a la Unión Europea? ÀCómo no justificar que en asuntos presupuestarios y económicos, los europarlamentarios actúen desde obediencias nacionales, ante la evidencia de la asimetría de la representación parlamentaria?

Hay que tratar la representación política de las instituciones europarlamentarias a fondo, antes de plantear más transferencias a Europa, porque de no encontrarse fórmulas que ayuden a equilibrar la concurrencia de los diversos intereses, se puede desembocar en la generalización de grupos de presión al margen de las instituciones democráticas.

Es bien sabido y notorio, que las mega-asambleas, al estilo de los populismos socialistas, son terrenos abonados a favoritismos y corrupciones, más fácilmente diluibles, y en eso puede llegar a convertirse una eurocámara que ya hoy resulta excesiva con 626 escaños para representar sólo a los 15 estados, y que podría alcanzar (en una ponderación aproximada) los 740, en la Europa de los 21, o los 840, en la Europa de los 6.

En mi opinión debe de replantearse la función y la representatividad de la sociedad europea en sus instituciones, promoviéndose un bicameralismo de manera que el Parlamento especialice su funcionalidad en aspectos políticos, libertades y armonización; en tanto que la Cámara Regional Europea (CRE), tendría tareas de primera lectura en asuntos económicos y de desarrollo regional, profundizando en la actividad de la, hoy, Asamblea de las Regiones de Europa, que tienen mero carácter consultativo. Redimensionando la tarea del nuevo Parlamento Europeo, podría reducirse el número de escaños, sin perjuicio a una disminución de la representación ideológicamente plural de cada Estado.

El PE podría tener una media de 575 escaños y la Cámara Regional Europea, 480, en la Europa de los 26. Y en una aproximación para la Europa de los 15, el PE quedaría con 450 escaños, y la CRE con 412, según una mecánica de asignación de representatividad, ponderando población, territorialidad y PIB.

En esta nueva representatividad, la influencia política de los cinco Estados grandes de la Unión en el PE pasaría del 68% actual al 74%; y por lo que respecta a la CRE, la representación de esos cincos Estados llegaría hasta el 79%.

En cuanto a la división de funciones entre ambas cámaras: El PE trataría, en primera lectura, de asuntos de orden político en su sentido más genérico y universal, permitiendo que se desarrollaran debates de auténtica dimensión social, nacional e internacional; mientras, la Cámara Regional, de representación regionalizada, sería, una primera lectura, para temas económicos y de desarrollo comunitario o de cohesión. En ésta, la representatividad de los cinco Estados mayores alcanzaría el 79% del total, y de estos, los tres hegemónicos (Alemania, Francia y Reino Unido) que juntos aportan el 60% del PIB, tendrían una cuota de participación del 47% en la CRE y del 50% en el PE. No resulta excesiva esta participación política, pues, habrá que garantizar, institucionalmente, que la relación entre sus aportaciones presupuestarias y su redistribución, sea más equilibrada que en la actualidad. De lo contrario, será imposible esperar que los estados ricos estén dispuestos a mayores transferencias de soberanía a favor de la unión.

Es oportuno que se plantee, ahora, el debate institucional porque el plante de Alemania respecto a los fondos de cohesión y demás, da ocasión de abrir una línea de negociación de amplio espectro político, donde puedan solventarse, al menos, tres de las cuestiones que, de todas formas, la UE no puede demorar por mucho más tiempo, y, sobre todo, ante la perspectiva de las ampliaciones al Este.

Me refiero a la excesiva dimensión del PE que ya he comentado; a la participación de las regiones (entre 140 a 170, aproximadamente, según el grado de diferenciación que se considere) en la construcción europea y, en nuestro directo interés, la marginalidad en la que se encuentra España respecto a la ubicación de las grandes sedes europeas.

Respecto a esto último, conviene tener presente que la última previsible institución comunitaria que falta ubicar, en cuanto se cree, es la Cámara Regional, y ésta, que fácilmente podría argumentarse para radicarla en Barcelona, corre el riesgo de alejarse hacia el Este, posiblemente en Praga, en cuanto las regiones de los Estados aspirantes a la adhesión sean conscientes de sus posibilidades políticas.

Hay que tener presente que si en la Europa de los 15 apenas hay cinco regiones con arraigo nacional o independentista, en el Este, las minorías nacionales tienen, casi, tanta entidad como las mayorías. De manera que, de no resolverse los encajes nacionales, constituyen un polvorín latente. Lo que ocurre en los Balcanes podría ocurrir en el Este si alguien pretendiera homogeneizar nacionalmente, a los demás. Quiero con esto insistir, en que o resolvemos nosotros (la Europa de los 15) la representación regional en Europa, o nos veremos forzados a hacerlo cuando seamos 26 y, entonces, pesará la demografía y la territorialidad, Europa habrá crecido en un 30% de población y un 25% en extensión, y el centro del interés de los Estados fuertes de Europa nos obligará a aceptar el desplazamiento funcional, hacia el Este.

Una última consideración en torno a la conveniencia de abordar, ahora precisamente, la institucionalización de una Cámara Regional Europea con sede potencial en Barcelona: al tiempo de avanzar hacia el fortalecimiento institucional del Parlamento Europeo, lo que obviamente debe significar mayor peso de los Estados ricos, hay que moderar la presión de estos mismos Estados en la Unión. Esto sólo es posible si se dota a las regiones de poder efectivo que sea capaz de contrapesar intereses estatales.

En una proyección de funcionamiento de esa Cámara Regional, no sería anómalo que regiones de la propia Alemania, pudieran coincidir en interés con otras de Francia, Italia o España, en competencia con intereses de los Landers alemanes más potentes.

Este tipo de reformas institucionales podrían ser planteadas, a propósito de las indudables negociaciones que habrán de resolver el tema de los Fondos de Cohesión, la Agenda 2000. No es que sea de la opinión que hay que ir hacia un entreguismo en estos pero, teniendo conciencia de la argumentación de ambas partes, será preciso, llevar en la chistera, valores de intercambio, y ésa, la creación de la Cámara Regional Europea, implicaría redimensionar la importancia de España en Europa.

La propuesta no es una elucubración imposible, ya que existe un precedente notable, que atañe precisamente a Alemania y a España, en que una cuestión política fue la contrapartida al incremento de la aportación presupuestaria de Alemania a la, entonces CEE: la revocación del veto francés y la entrada de España en la Comunidad. Ahora, bajo la presidencia alemana, bien se podría aceptar una rebaja en la aportación germana al presupuesto de la Unión, a cambio de la reforma institucional, con la creación de la Cámara Regional Europea con sede en Barcelona.

(Publicado el 7 de marzo de 1999, en EL MUNDO/EL DIA DE BALEARES.)