En Chile no ganó la ultra derecha. Ganó el poner cota a la inseguridad provocada, expresamente, por la inmigración de venezolanos huidos de su país con la complacencia de Maduro; que abrió las prisiones o cárceles a los presos comunes para ahorrarse problemas y, de paso, inestabilizar al resto del subcontinente. Es la estrategia de Cuba cuando hizo lo propio y facilitó las huidas masivas a Miami.

El principal problema de América del Sur es la inseguridad que ha aumentado escandalosamente en los últimos cinco años espoleada por la inmigración, en concreto de venezolanos, que con sus métodos de gatillo fácil radicalizan la delincuencia local.

Los gobiernos de izquierdas están siendo sustituidos en la región por partidos de derecha o ultras, como el caso de Chile, no por su grueso ideológico sino porque sí están dispuestos a hacer lo necesario contra la delincuencia de la que, también, forman parte clanes policiales que hacen la vista gorda o cobran mordidas.

Los riesgos de cuerpos armados al margen de la ley no son ajenos a cualquier sociedad. La pérdida de moralidad del servicio público tiene, sin duda, muchas aristas, pero la principal es el sentimiento de inutilidad de su trabajo de garantía de la seguridad de la sociedad a la que deben proteger. La frustración se da cuando se ha perdido toda confianza en el sistema y en las instituciones, principalmente las políticas que tienen la responsabilidad directa de velar por la salud de la convivencia y estabilidad social.

De ahí que fenómenos justicieros, como Bukele en El Salvador, sean visto con admiración y envidia por países que, o nunca se consolidaron como sociedades estables o que han caído en el barranco de la indolencia como proyecto de futuro.

Y ahí la ultraderecha pesca adeptos porque los partidos políticos de tradición  democrática no han sabido, o han temido, armar discursos claros y tajantes sobre la delincuencia y los derechos de las víctimas; el derecho de la mayoría sobre las minorías delictivas.

No se ha sabido reescribir, desde la realidad del siglo XXI, los principios y los derechos que se acrisolaron en el siglo XIX.

Ha tenido que ser un partido como Junts, independentista y que no quiere ver demasiado con España, sin duda presionando por el aliento de Aliança Catalana, quien haya impuesto que se aprobara la Ley de multirreincidencia. Ya saben que el ser detenido multitud de veces por delitos menores acumule su gravedad sumando el valor de las detenciones pequeñas.

Votaron a favor en la Comisión de Justicia, la ley no será efectiva al menos hasta abril (pasados los trámites de Congreso, Senado y vuelta a Congreso), además de Junts, PSOE, PNV, PP y Vox, y no se sumaron los partidos de la izquierda más radical.

Es decir, pareciera que la izquierda irrelevante, la que no tienen otra posibilidad electoral que apoyar a un gobierno, prefiere hacer la vista gorda con la delincuencia de baja estopa, que es la que genera inseguridad ante las capas más desfavorecidas de la sociedad, su electorado natural.

La delincuencia de altos vuelos se mueve en plataformas de inversión, y muchas fraudulentas, con el beneplácito de los medios de comunicación normalizados que no ponen cortafuegos para evitar estafas. La delincuencia de baja estopa, la de calle, tiene la protección de las instituciones políticas, los partidos que no acusan porque está feo; que aún viven en el siglo de Charles Dickens, y que no se han paseado por los lindes de las ciudades, de la inmigración de arrabal.

¿Saben que, en el PIB de España, como el de otros muchos estados, se contabiliza la economía sumergida de la prostitución, las drogas y el blanqueo de capitales?