(Versión ampliada del artículo publicado en Diario de Mallorca)

Los partidos políticos “crearon la democracia y la democracia moderna es impensable sin los partidos”, E. Eric Schattschneider, politólogo estadounidense en “Régimen de partidos” (1942). De los principios y condiciones que caracterizan a la democracia representativa, conviene colegir que además de elecciones libres y, la concurrencia de partidos políticos democráticos en elecciones periódicas, importa el cómo los partidos toman las decisiones y que los procesos participativos  sean transparentes.

El propósito es que los representantes de la ciudadanía elegidos en el Congreso de los Diputados, sede del poder legislativo y que elige el gobierno sea reflejo, lo más razonable posible, de la voluntad de la sociedad. Claro el tema está en la ley electoral y en cómo son las circunscripciones electorales.

En un reciente artículo “En defensa de los partidos políticos: sin ellos, no hay democracia” publicado en El País (28/04/2025) por Meritxell Batet, fue presidenta del Congreso, se refería a la escasa militancia que tienen los partidos en Catalunya, con una caída de 140.000 a 40.000 personas en los últimos 20 años. Según cifras del Ministerio de Hacienda, (Francisco Núñez, VOZPOPULI, (21/07/2024), en 2024, Andalucía con 47.364 y Madrid con 46.433 son las comunidades con mayor afiliación, seguido de Catalunya con 38.000 y la Comunidad Valenciana con 31.384.

De las deducciones, en la declaración de la renta, por afiliación, el 20 por ciento proceden de Madrid. De Catalunya, algo más del 16 por ciento; de Andalucía cerca del 15 por ciento, en la Comunidad Valencia sobre el 11 por ciento. En Baleares el 2,4 por ciento. La afiliación a los partidos es baja. En Catalunya y Andalucía la afiliación ronda el 0.7 por ciento; Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla-León está en el 1 por ciento. Si se pregunta a los partidos, la tendencia es a engordar la cifra para impresionar pero, luego, al contrastarlas con la deducción en hacienda, que no parece que nadie quiere renunciar a una deducción, son realmente diferentes.

Se pregunta y diagnostica, Meritxell Batet, es “el populismo, la polarización extrema y la desinformación como las amenazas para la democracia” y, el poco interés por entrar en ese enredo de crispación. Y llama a la responsabilidad de los partidos para que desactiven los discursos de odio reclamando a la sociedad civil organizada, del mundo académico, de los expertos, de los profesionales a que se impliquen.

A la reflexión de Batet habría que sumar que los partidos políticos han pasado de ser garantía de representatividad de la opinión de los ciudadanos que les votan, a coartada de poder para que sus verdaderos patronos ocupen el doctrinario ideológico. ¡Cuántas veces se visten de lo que no son!

Los partidos políticos fueron mimados por los padres de la Constitución que, en un país sin experiencia de participación política y con una auténtica dispersión de ideologías y de siglas, necesitaba a partidos políticos de masas, y fuertes, con capacidad para aportar programas de gobierno, serios y viables, con habilidad de articular consensos nacionales. En ese objetivo mayor, se olvidaron de definir mecanismos eficaces de democracia interna; más allá de las garantías de derechos y deberes que son preceptivos en cualquier tipo de asociación.

El tema de la democracia interna en los partidos y la dedocracia que ejercen los líderes, muestra hasta qué punto los partidos son responsables de la polarización política y, no todos porque en eso es obligado hacer distinciones.

Tras casi cuarenta años, algunos tenemos la impresión que el sistema de listas bloqueadas, que fue bueno para fortalecer a los partidos y sus liderazgos, como instrumentos del sistema democrático, han contribuido al inmovilismo y a la inercia en el poder;  impresión compartida por la ciudadanía que explicaría la creciente desafección social hacia los políticos que se evidencia elección tras elección, en forma de abstención o voto en blanco, salvo en elecciones en las que se percibe que están en riesgo cuestiones realmente medulares de la democracia.

Si cuando se instauró el sistema de partidos se trataba de fortalecer las estructuras de poder internas de los partidos, poniendo el acento en los liderazgos internos y debilitando la capacidad de elección, y discrecionalidad de los electores, ahora se trataría de dar mayor protagonismo a la población para que, tras escoger la lista política de su agrado, tenga la opción de elegir el orden de elegibilidad.

Los partidos se han olvidado de orientarse en las ideas y de promover la vitalidad interna, que es semillero de iniciativas con el generoso objetivo de procurar el bien común. Contrariamente, hay una buena dosis de actitudes dogmáticas, e inamovibles, en los partidos que conforman y, aún, consagran utilizando terminología eclesial, preceptos de dogma que se convierten en barreras innegociables impidiendo nuevos enfoques y que se tiendan puentes de consenso y de permeabilidad con la sociedad. Se lastran los mensajes políticos con discursos escritos para otras épocas y se entorpece el relevo generacional y la renovación ideológica.

Para las jerarquías de los partidos, reconocer tendencias o corrientes internas se consideran como debilitamiento ideológico. Sin entrar en profundidades, aunque es cierto que procesos de crítica suponen abrir el debate sobre ideologías y estrategias, dar cabida institucional a tendencias internas permitiría a los partidos evolucionar; adaptándose a la sociedad que pretenden representar.

Pero para que la transparencia y la regeneración de los partidos sea efectiva se exige, también, una modificación de la ley electoral en el sentido que se abran las listas de la candidatura al Congreso de modo que las tendencias reconocidas, las cifraría en un 30 por ciento de apoyo de la afiliación, tengan obligatoriamente que estar en las candidaturas al Congreso. Con esa medida se ayudaría a una mayor sintonía entre el votante y su opinión política.

Es de todos conocido, que no siempre que se vota a un partido se hace con entusiasmo sino que, en las más de las ocasiones, se vota por descarte o, como se dice, tapándose la nariz. Que el votante tenga capacidad de elegir al candidato aportaría un plus en la participación al poder desmarcarse del orden de la lista determinado por la jerarquía del partido, cuyos nombres son colocados en la candidatura por su cercanía y seguimiento de los líderes, las más de las veces, a ciegas y sin criterio, desde la ambigua lealtad. Entre miedo a caer en desgracia y ser descabalgado de la progresión política y, casi siempre, de la prosperidad por los cargos a los que se puede acceder. En, el fondo, está la primordial discusión, en el origen de la formación de los partidos políticos, entre si se está ante grupos de presión, y de intereses de los votantes, o los partidos políticos como ideario de organización.

Diríase que los partidos representan a una ideología y un programa, que es el que se presenta como acción de gobierno si se gana. Sean conservadores o progresistas, se espera de los partidos que trabajen para el bien común aunque desde principios e ideologías diferentes pero siempre, sin dudas democráticos. No pueden no aceptar las reglas del juego democrático ni, tampoco, pueden legislar iniciativas contra el control democrático.

Luego está otra concepción de partidos que se parecen más a lobbys o a sindicatos, que representa intereses de grupos que, a pesar de piruetas y argumentaciones peregrinas, trasladan a la opinión pública que su beneficio favorece el bien  común, por eso habría que votarlos.

Me viene a colación una anécdota entre Obama y Merkel, que contaba Mario Monti en unas jornadas de IESE-Barcelona, en octubre de 2013. El programa Valor Afegit, de TV3, reprodujo parte del vídeo en que el, ex primer ministro italiano y ex comisario europeo, a la preguntaba del presidente Obama de cómo tenía que hacer para conectar mejor con la canciller Merkel, respondió que, a diferencia de la mentalidad americana, para los alemanes la economía sigue siendo una rama de la filosofía moral y el crecimiento el premio de una conducta virtuosa; la economía entendida desde principios de racionalidad, austeridad y de bien social. Y en ¿España? ¿Cuál sería la filosofía que estaría detrás de las reglas del mercado? Es evidente que aun compartiendo la visión virtuosa del sistema capitalista, en contraste con la comunista, existen profundas sensibilidades en cuanto el para qué del sistema social que reglamenta las relaciones económicas, sociales, culturales y de convivencia en la sociedad.

El peldaño que nos falta escalar para mejorar el sistema representativo está en los mecanismos que controlan los procedimientos electorales. Uno de ellos es la definición de las provincias como circunscripciones electorales. Con el blindaje de la Constitución, de la provincia como circunscripción electoral, quedaba protegido de que algún gobierno de turno tuviera la tentación de aplicar modificaciones al estilo del gerrymandering. Una técnica de manipulación electoral consistente en redefinir los límites de los distritos electorales colindantes en beneficio electoral de un partido. Con excusas diversas, como de sobrevenido cambio sociológico porque una nueva urbanización y su nueva población tuviera más similitudes con uno u otro distrito electoral. Para la segunda elección de Trump se pusieron en marcha algunas de estas modificaciones a la carta.

Aun así, la definición de las provincias como circunscripciones electorales, establecidas en la Constitución antes de la transformación de España en estado autonómico, fue el empeño de la derecha, sin otro referente territorial pero, también, con el propósito de que las diputaciones, colonizadas por políticos franquistas, siguieran controlando el poder local.

Ahí está el caso de la Diputación de Orense, ejemplo de libro de caciquismos y clientelismo,  cuna de derecha más recalcitrante que ejerció hasta la transición, y contonúa, de patrocinio del partido popular en Galicia.

Hoy, a la vista de la consolidación del estado autonómico, mantener las provincias como circunscripción electoral supone una anomalía por cuanto la población, en relación a la representación en escaños que obtiene en las elecciones generales, introduce una desigualdad en el valor del voto; pues a las provincias más pobladas les puede costar más del doble de votos alcanzar un escaño. Los españoles a la hora de votar no son iguales ante la Ley.

La segunda área de mejora electoral, que depende de la LOREG, y por tanto no requiere de mayorías cualificadas como si es preceptivo para modificaciones constitucionales, es la posibilidad de candidaturas desbloqueadas en las listas al Congreso. Como ya se ha enfocado anteriormente, que el votante pueda discriminar su voto, y si además la ley de partidos obligara a que minorías de los mismos tuvieran presencia en las candidaturas al Congreso, permitiría que quienes quisieran votar a una ideología no tuvieran que plegarse a la forma concreta en que el líder del partido la presente, sino que se admitirían matices que, con respaldo electoral, tendrían la capacidad de facilitar la evolución ideológica de los partidos adaptándose a sociedad.

El caso, es que la polarización de las opciones políticas viene amparada por esa falta de diálogos intermedios, que sí se daría si la estructura de representación política, leyes electorales y partidos políticos, adaptados a esa nueva participación electoral de la ciudadanía, fueran implantados.

Para romper la polarización, visto que la iniciativa no partirá de los partidos, sobre todo de aquellos que sacan beneficio electoral de la mentira, los bulos inciertos y el uso de la desinformación y de conceptos viscerales fácilmente manipulables, no hay otra opción que cambiar las reglas. Romper la baraja por otra que pregunte y dé más juego a los votantes. Y eso es ya urgente!