La Unión europea se ha despertado del protectorado estadounidense. Para Estados Unidos, Europa era un destino literario y romántico y el pasado histórico que no tenían, y anhelaban como los replicantes de Blade Runner (1982), androides que se fabricaban los recuerdos y la familia que nunca podrían tener porque eran máquinas. Ante esa falta de referentes propios, tras someter a las minorías indias, los estadounidenses construyeron su entidad a base de  leyendas y fantasías: la épica de la conquista del Oeste y la bandera en cada esquina, buscando creerse que son una nación cuando, en realidad, son estados agregados con mayores diferencias que nuestra Europa.

El idilio con Europa y termina cuando China compitiendo por la hegemonía mundial toca el monopolio y este presidente opta por la vieja usanza vaquera, el duelo al sol. Con Europa la saña es especial, quiere cobrar el cheque del plan Marshall, que fue una inteligente inversión neocolonial, y presenta una OPA hostil contra la Unión Europea. Busca su desarticulación y su vuelta a la dependencia bilateral, más fácil de enredar, pero el objetivo fundamental es extender el modelo estadounidense neoliberal, prácticamente sin reglas, para que las empresas globales americanas puedan hacer sus negocios libremente cotizando beneficios en sus sedes. Para Estados Unidos, sea Trump u otro, Europa es un problema porque es competidor en mercado terceros desde el modelo de bienestar que afecta a la cuenta de beneficios de las empresas.

Ante esta guerra comercial, y modelo de sociedad no se olvide, Europa está forzada a independizarse de Estados Unidos en defensa y, también, del colonialismo cultural de Hollywood, a pesar de que no podamos evitar, si se quiere unas fuerzas armadas disuasorias de verdad, hacer la lista de la compra al ex socio americano.

El futuro de la Unión Europea está en más Unión y eso supone dejar ya de ser la suma de soberanías para llegar a la Unión Europea soberana, por encima de los estados que la constituyen. Una Europa Federal con autoridad y ejército de la Unión.

Para España esa crisis constituye una oportunidad especial por ser una economía que crece, no solo en la fortaleza de los servicios y también en vectores de tecnología avanzada, sino también porque ha sabido sortear las consecuencias de las crisis, la del covid y la invasión de Ucrania con diligencia, y eso se debe sin duda a la habilidad y buen hacer de este gobierno, y del bloque de la mayoría, y su liderazgo europeo que, mal que le pese a la oposición es innegable y con capacidad para proponer e influir en la política de la Unión.

Socialmente, ni políticamente, España no se parece a Estados Unidos, aunque sí es verdad que a fuerza de rajadas extremistas, de tanto ruido, no sabemos si los partidos políticos tienen alguna idea que proponer sobre cómo se quiere que sea España en el futuro porque, como la Unión Europea, España necesita una redefinición fundamental.

Sabemos que Vox reivindica el franquismo y que el PP se muestra partidario del estado, tal cual hoy, aunque no tiene inconveniente, ni se ruboriza, cuando mira al pasado y asume postulados de la ultraderecha, para gobernar en las autonomías, rompiendo consensos sociales que han funcionado en las cinco décadas de democracia. El PP no es homologable con sus socios europeos, todavía no se ha separado de sus orígenes en la oligarquía postfranquista, ni ha condenado el golpe de estado contra la República ni la dictadura de Franco.

Los que no estamos en el círculo de confianza del Presidente desconocemos cuál es su proyecto político, si es que lo tiene claro. Si lo tuviera y no lo explicara por prudencia política, no haría más que imitar la campaña de Aznar en 1996, cuando, a las preguntas de los periodistas sobre qué pensaba hacer si llegaba a la presidencia de gobierno, contestaba con un escueto: no se preocupen, lo haremos bien. El silencio le funcionó y ganó las elecciones necesitando al enano Pujol. Luego ganó por mayoría absoluta.

Si atendemos a la mayoría política que sustenta al gobierno y a la Declaración de Granada (2013), sobre una nueva estructura federal para el Estado, habría que suponer que en la hoja de ruta de Pedro Sánchez está el estado federal. Si ese fuera el proyecto político de Pedro Sánchez, la transformación del estado autonómico en estado federal, habría que valorar, y enmarcar,  las acuerdos con Junts, tanto la financiación singular para Catalunya como la cesión de la gestión de la inmigración, como un primer paso que, practicado en Catalunya, se encuadra en los nuevos ajustes competenciales de un estado federal; siguiendo el mismo recorrido de la consolidación del estado autonómico, desarrollándose a remolque de las exigencias competenciales de Catalunya.

La nueva relación Catalunya-Estado, como ensayo de organización federal, necesitará, para su culminación, del cambio constitucional y del acuerdo entre los partidos de la actual mayoría parlamentaria y el partido popular. El problema es que la esencia ideológica, el núcleo duro, del partido popular está en la inmovilidad, manteniendo el actual modelo de estado autonómico; antes, cuando era Alianza Popular, los populares llevaban en su programa disolver el estado de las autonomías definido en la Constitución.

¿Cómo sortear la polarización extrema, y la flojera de principios de un partido popular que es capaz de exigir que Vox esté en la mesa sobre Ucrania, cuando es un partido alineado con Trump y Putin?

En una democracia, la legitimidad se consigue a través de las urnas y siempre que las elecciones sean limpias y su sistema electoral refleje, con la mayor aproximación posible, la voluntad de los votantes: atendiendo al principio de un ciudadano un voto y que los distritos electorales permitan que los territorios diferenciados se vean reflejados en el cómputo electoral.

Como ejemplo: los distritos rurales no puede estar al servicio de las ciudades por aquello de que tienen menos población y debe, el sistema electoral, establecer mecanismos correctivos de cierta, pero moderada, sobrerepresentación para que la voz de las minorías no quede anulada. Y similar razonamiento sirve para las entidades de singularidad histórica.

Las comunidades autonónomas no pueden ser uniformaas o tratadas como un totum revolutum, sino que cada una de las autonomias son fruto de un pasado histótico, de entidades independientes con historias diversas e, incluso, enfrentadas que han confluido casuísticamente en el presente por vicisitudes distintas. Y en el caso de las comunidades mediterráneas por la ley de las armas y el derecho de conquista. De modo que la idiosincracia de las comunidades, y de las entidades menores como comarcas o municipios, deben ser consideradas a la hora de establevcer coherencia sociológica al definir un distrito electoral.

La polarización política actual ha prosperado gracias a que el sistema electoral favorece a partidos con obediencia ideológica conservadora, más cerca del pasado dictatorial que de los valores de la democracia, y a una ley de partidos que consagra la estructura jerarquizada y el absolutismo ideológico.

Muchas voces de expertos, y ciudadanía,  manifiestan la necesidad de ajustes importantes en la ley electoral para reducir la desigualdad en el valor del voto según en qué provincia se ejerza. Cambiar las circunscripciones solo pueden realizarse tocando la Constitución, pero otros ajustes podrían aprobarse en una nueva LOREG (Ley electoral, la vigente data de 1977) que solo requeriría la mayoría simple del Congreso.

Conviene tener presente que la ley electoral es el instrumento de la representatividad política y si esta no se esfuerza por valorar la mayor participación de los votantes se facilitará él ascenso de los absolutismos ideológicos.

Si se quiere una transformación de España en estado federal, lo que sin duda alejaría el independentismo como proyecto político, habrá que facilitar que la ciudadanía pueda expresar con el máximo de rigor y compromiso sobre los políticos que desea que la represente y, a mi modo de ver, la clave está en que los partidos tenga que ofrecer pluralidad en las listas electorales y el votante pueda elegir, discriminando, el orden de preferencia en listas desbloqueadas para el Congreso y obligación de reconocer las minorías significativas en los partidos.

Eso, naturalmente, pasa por dar más opciones al votante a la hora de emitir su voto para que pueda discriminar su elección en las candidaturas de los partidos.

Desbloquear las listas al Congreso.