Terminaba mi anterior artículo con la necesidad de ajustes en la ley electoral y de partidos. Respecto a la primera, se trataría, entre otras como el tema de los restos electorales, de desbloquear las candidaturas al Congreso propiciando que los ciudadanos puedan personalizar su voto, poniendo orden de preferencia para la elección de diputados.

Que el elector pueda señalar como preferente, numerándolos, a cada candidato de la candidatura al Congreso. Con esa medida se ayudaría a una mayor sintonía entre el votante y su opinión política. Es de todos conocido, que no siempre que se vota a un partido se hace con entusiasmo sino que, en las más de las ocasiones, se vota por descarte o, como se dice, tapándose la nariz. Que el votante tenga capacidad de elegir al candidato aportaría un plus en la participación al poder desmarcarse del orden de la lista determinada, por la jerarquía del partido, cuyos nombres son colocados en la candidatura por su cercanía y seguimiento de los líderes de los partidos, las más de las veces, a ciegas y sin criterio, desde la ambigua lealtad.

Si el votante pudiera discriminar su voto se aportaría un contrapoder institucional al absoluto poder del aparato, y facilitaría la evolución de los propios partidos por cuanto que el votante, al digitar a sus representantes, empoderaría a quienes están más cerca de su modo de pensar que, en las más de las ocasiones difiere de la línea oficial del partido. Y eso vale para los que yo podría llamar los cuatro partidos vertebradores del sistema político español, por orden alfabético: Convergència-JUNTS, PNV, PP y PSOE.

A la hora del recuento de los votos, el marcado como número uno sería el primero, y así en orden sucesivo. En caso de que no se marcara ninguna se seguiría el orden de la lista, pero si en una lista solo apareciera uno señalado, ese tendría preferencia sobre el primero del listado. No se me oculta que seguramente al principio, tras la reforma, el electorado mantendría el orden de la lista pero, al poco, el votante se acostumbraría a personalizar su voto.

Y ese nuevo instrumento de participación debería ir acompañado de la exigencia de que los partidos, no solo sitúen en las candidaturas al Congreso a los candidatos más afines a la dirección sino también, y en la proporción adecuada, a aquellos que tuvieran un notable respaldo de la militancia. Eso implicaría que legalmente los partidos tuvieran que reconocer tendencias o marcos de opinión, quizás con un umbral del 30 por ciento de afiliados, de modo que, a medio plazo, si las tendencias críticas trasladadas a las listas electorales tuvieran respaldo de votos, entonces, sin duda, se ayudaría a modernizar y actualizar las plataformas ideológicas de los partidos en coherencia con la evolución de la sociedad.

Una de las principales críticas al sistema electoral actual es la dependencia excesiva de los partidos de la voluntad de sus líderes que pueden llegar a carcomer la representatividad y legitimidad de sus mandatos. Los ciudadanos se sienten alejados de la política cuando perciben que las decisiones se toman de manera vertical, por motivaciones más políticas que apegadas a sus opiniones, preocupaciones y necesidades.  Esta desconexión entre los líderes y las bases alimenta la desafección política, la pérdida de confianza en las instituciones y la entrega a aventurismos populistas y demoledores.

Una reforma de la  Ley de Partidos Políticos, en el sentido de obligar al reconocimiento institucional de tendencias, o marcos de opinión, sería una oportunidad para fortalecer la democracia interna de las formaciones políticas. La introducción de primarias abiertas y transparentes, donde todos los miembros del partido y, en algunos casos, incluso los simpatizantes, pudieran participar en la elección de candidatos a cargos públicos, podría contribuir significativamente a democratizar y modernizar los partidos, sus programas y políticas y a una mayor sintonía con las demandas y preocupaciones de la sociedad.