El candidato Núñez Feijóo, que se ha lanzado al ruedo de la investidura por necesidad de tener protagonismo y afianzar su liderazgo en el PP, se llena la boca de hablar de igualdad de los españoles. Trata de aparentar que es el adalid de la España de la igualdad frente a la España periférica, periférica respecto al centro de cultura netamente castellano-española por supuesto, y no quiere darse por enterado de que él es el beneficiario de la desigualdad de los españoles a la hora de votar.

En los feudos de la España inmovilista, la del centralismo nacional contra los que pensamos en una España multinacional y diversa, cada voto vale, en algunos casos, hasta tres veces más que el voto de los que vivimos en la costa mediterránea. El PP ha sido beneficiado por una ley electoral que determina que con menos votos se consigan más escaños por el blindaje de la provincia como circunscripción electoral.

Refiriéndonos a los resultados de las elecciones del 23 de julio pasado, en el Senado, los 120 senadores del PP han sido votados a razón de 235.952 votantes (de media por senador) en cambio los 88 restantes han costado (de media) 440.460 votos cada uno. Y si exceptuamos la Comunidad de Madrid, donde cada uno de los 4 senadores de elección por sufragio se consigue con 1.687.584 votantes, el coste de cada senador del PP estaría en 221.889 votos, la mitad de lo que ha costado a las demás candidaturas.

Algunos datos respecto a la desigualdad del valor del voto de los españoles en el Senado. Exceptuando la Comunidad de Madrid, que concentra 6.750.336 de habitantes en una provincia, y por tanto el coste de cada senador elegido por sufragio es escandalosamente caro, de 1.687.584; y los casos de La Rioja, Melilla y Ceuta, en los que cada senador se consigue por un mínimo de votantes: 79.973, 42.585 y 41.559 respectivamente, la desigualdad de los españoles ante la Ley es manifiesta entre las comunidades autónomas con más circunscripciones electorales: las provincias, según la Constitución.

Esa injusticia, por discriminatoria hacia las provincias más pobladas, supone que los españoles no son iguales ante la ley a la hora de votar. Por ejemplo, el coste de cada senador en Catalunya es de 487.038 votos mientras que en Andalucía cada senador se consigue (de media) con 256.631 votantes, casi un 90 por ciento menos.

En Euskadi, cada uno de los 12 senadores lo son porque ha sido votado por 184.014 ciudadanos (de media) en cambio los 36 senadores de Castilla y León han sido votados por solo 65.907 votantes. La diferencia es que los ciudadanos vascos valen, ante las urnas, que no es poca cosa, casi un tercio menos que los de Castilla y León.

Los senadores de la Comunidad Valenciana son votados por 424.831 votantes mientras que los 16 senadores de Galicia han sido votados por 168.154 cada uno. El voto de los valencianos vale menos de la mitad que los gallegos.

Los 20 senadores de Castilla La Mancha han sido votados por 102.666 ciudadanos de la Comunidad y, en cambio en la Región de Murcia, al lado, cada senador ha sido votado por 382.970 votantes. El voto de los murcianos vale casi una cuarta parte del de los Castellano-manchegos.

En suma, el sistema electoral truca el resultado de las elecciones en beneficio de las circunscripciones menos pobladas debido al mantenimiento de las provincias en competencia con las autonomías que debieran ser el distrito electoral de referencia a nivel nacional.

El Partido Popular consigue 95 de sus 120 escaños en el Senado en las Comunidades donde el coste del senador es más bajo: Castilla León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura, Galicia y Andalucía, además de La Rioja, Melilla y Ceuta.

¿Cómo hemos sacado los números? Dado que el voto al Senado es nominal al candidato y cada elector vota a varios candidatos, a la hora de establecer la representación teórica de cada senador por población hemos tenido en cuenta el coste de cada escaño por Comunidad Autónoma, para simplificar.

Según esta regla, el PP ha conseguido 95 de los escaños del Senado representando a 12.520.839 votantes. Por poner una comparación, la población de Catalunya, Euskadi y Comunidad Valenciana con una población de 15.098.752 personas eligen por sufragio a 40 senadores, menos de la mitad: La prima electoral a favor de las provincias menos pobladas es evidente.

Para el caso del Congreso la desigualdad en el valor del voto es similar, y más conocida. Ya es un tópico comparar los 96.175 votos necesarios para conseguir un diputado en Madrid con los 24.765 que cuesta en Teruel. O los 93.103 votantes por cada escaño en Valencia en comparación con los 46.899 en Soria.

La evidencia es que el sistema electoral, en el que la circunscripción electoral es el elemento discriminatorio fundamental, consolida la desigualdad de los españoles ante la ley a la hora de votar. ¿Por qué no se corrige esa clara discriminación? Entre otras, por la extrema dificultad de modificar la Constitución sin el concurso del partido opositor, precisament el mayor beneficiario del sistema.

Elección tras elección la política española sufre una distorsión entre lo que piensa, y deposita en las urnas, la mayoría social del País y la representación política que consiguen los partidos inmovilistas que quieren, y consiguen de momento, paralizar la evolución del Estado. Porque, en definitiva, se trata de la confrontación del modelo federal, al que apunta el Estado autonómico, y el modelo centralizado de la España decimonónica y que consagró el siglo XX.

Los problemas territoriales en España tienen que ver con esa cuestión. El asunto, el meollo, es que no se trata de España sí o no, sino del modelo de convivencia.

Un análisis detallado de la evolución del nacionalismo al independentismo en Catalunya, demuestra cómo el planteamiento secesionista está relacionado con el portazo del gobierno de turno a revisar la planta territorial. Desde el recurso del PP al nuevo Estatuto catalán y los boicots y recogidas de firmas contra productos catalanes, hasta la actitud taxativa de Rajoy, contraria a un pacto fiscal y social que planteaba Artur Mas. Recordemos las masivas manifestaciones en todo Catalunya, en el años 2012 y siguientes, para mitigar el maltrato y discriminación hacia los catalanes buscando una equiparación con la situación de Euskadi.

La clave de la normalidad política está en corregir el sistema electoral y, sobre todo, la circunscripción provincial que es la responsable primera de la desigualdad entre los españoles a la hora de valorar su voto.

La circunscripción electoral lógica, a escala de elecciones generales, debería ser el marco autonómico. Y, sin tocar la Constitución, hay formas de que las provincias dejen de ser el corsé ideológico que impide la evolución del sistema político.