En el 23 de julio se ha repetido la polarización de la política en torno a dos  ejes ideológicos; irreconciliables porque se alimentan de presupuestos doctrinarios antagónicos. El uno, heredero y partidario de la tradición del liberalismo decimonónico español (centralista y clientelar) que el franquismo se encargó de consagrar, y el otro, una amalgama heterogénea, pero no por ello caótica, de liberalismo social, socialdemocracia, socialismos militantes y radicales utopistas de diferente formación, y de partidos nacionalistas, incluso independentistas de izquierda y de derechas que ante una buena propuesta reformadora podrían llegar a pactar una refundación del sistema político español.

¿Sin el PP y sin tocar la Constitución?

En efecto, pero para ello sería necesario que el llamado bloque de la investidura tuviera la firme convicción de querer evolucionar, desde dentro, el sistema político español a pesar del obstruccionismo de la derecha estatalista, Partido Popular y Vox, que tienen sus fundamentos ideológicos en el tardofranquismo o, literalmente, en la reivindicación del tiempo de la dictadura.

Los bloques ideológicos se han consolidado en estos cuatro años de la legislatura terminada, principalmente por el frentismo enarbolado desde la manifestación anti Pedro Sánchez, en febrero de 2019; aquel coup de force escenificado por el Partido Popular, Vox y Ciudadanos con Foro Asturias, UPN, PAR y UPyD que pretendía ilegitimar socialmente, ante la convicción pública, a Pedro Sánchez como presidente de gobierno por haber aceptado los votos de la oposición política independentista en la moción de censura a Mariano Rajoy.

Tras estas elecciones de julio, en pleno verano y con el temor de que media España estuviera de vacaciones y desmovilizada, resultó que la participación fue cinco puntos más alta que en las pasadas generales, menos en Catalunya, que bajó un tres por ciento por el boicot del independentismo radical. El resultado fue un vuelco respecto de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

El 23-J, Pedro Sánchez y su gobierno de coalición salió indemne y sin desgaste después de cuatro años de una legislatura singular. Con la pandemia; la nueva posición de diálogo hacia Catalunya con los juicios del Procés y los indultos; guerra de Ucrania y las negociaciones con Europa para definir las nuevas estrategias económicas con notable éxito para el gobierno. Y, todo ello, con un persistente ruido de fondo agresivo y combativo hacia la labor de gobierno, por parte de las tres derechas de entonces, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, usando como arietes la inefable presidenta de Madrid y un manipulado Partido Popular Europeo gracias a los buenos oficios y habilidades del talentoso Esteban González Pons.

En la próxima legislatura los dos bloques se vuelven a enfrentar. El bloque de la derecha decimoliberal, los de Vox y Partido Popular, no podrá gobernar, a lo sumo obstruir las leyes que apruebe el Congreso gracias a su mayoría en el Senado. Y ahora es momento de recordar que el sistema electoral para el Senado brinda o facilita las mayorías conservadoras.

La España interior, las dos castillas y Extremadura, distinto el caso de Madrid o La Rioja, tradicionalmente la España más conservadora y menos poblada, aporta al Senado 64 senadores, de los 208 de elección por sufragio universal. Cada Senador representa a  85.637 habitantes, mientras que en las comunidades mediterránea, con Madrid, cada uno de los 68 senadores que aportan representa a 436.400 habitantes.

¿Se puede considerar un sistema electoral representativo y justo? Recuérdese que uno de los baremos de validación democrática está en la igualdad de valor del voto. Solo sería admisibles diferencias menores, pongamos de un diez por ciento, para salvar la imposibilidad de una representatividad homogénea perfecta.

La Ley electoral adolece de graves sesgos en beneficio de los partidos mayoritarios y, en particular de perfil conservador dada la sobre representación por mor de la circunscripción provincial.

De esta guisa, es evidente que los partidos beneficiadospor la actual ley electoral, y en concreto en su aplicación en el Senado, no estarán a favor de modificar leyes que inciden en su línea de flotación ideológica.

Por otro lado, las sucesivas elecciones desde 2015 ponen de relieve que existe una situación de bipolarización consolidada de difícil superación si fuera fidedigna expresión de la voluntad de los ciudadanos pero no es el caso. La permanente, ya, fractura ideológica es resultado de un mecanismo de representación política que falsea la voluntad de los electores cuando en algunas provincias menos pobladas el valor del voto llega a cuadriplicar el de otras.

Por tanto, es hora de acometer las reformas de las leyes que inciden en los procesos electorales.  La LOREG y la propia Constitución. Y aquí está el quid de la cuestión. La LOREG, como ley orgánica, se aprobó por mayoría absoluta y está al alcance del próximo gobierno su reforma. En cuanto a la Constitución, blindada por la dificultad de cualquier reforma al margen de un consenso amplio de dos tercios de las cámaras, la reforma parece imposible. Sin embargo existen mecanismo que podría tener el mismo efecto.

En pleno periodo pre negociador de cara a la investidura del presidente en funciones, PNV y Junts ja han puesto el acento en la necesidad de reformas de calado. El primero, Andoni Ortuzar, manifestaba en una reciente entre vista en El País (31/07/2023) que se espera una respuesta del PSOE sobre el modelo de Estado a la vista de que si persisten los bloques debe abrirse el melón territorial para evitar retrocesos. Y, del otro lado, Junts imprescindible para la investidura exigiría en una negociación de mínimos un nuevo encaje de Catalunya en el Estado. Es decir, reabrir también el modelo territorial. ¿Hacia dónde? Ineludiblemente hacia el estado federal que la Constitución enfocaba y que se truncó con los miedos tras el 23-F y la mayoría de Aznar.

Es hora de poner orden en la estructura territorial. A mi modo de ver es preciso fortalecer las comunidades autónomas por encima del poder provincial que se estructuró hace casi doscientos años para impulsar el desarrollo económico y social en una España rural y anclada en el Antiguo Régimen, en 1833, que nada tiene que ver con la realidad de hoy y los desafíos futuros que exigen otra agilidad y eficiencia territorial.