Estas elecciones del 23 de julio son las más determinantes desde, al menos, la mayoría absoluta de Aznar en 2000.

Uno de los mayores errores políticos cometidos por la antigua Convergència, por Jordi Pujol, debió ser el apoyo a Aznar tras su exigua mayoría de 1996. El triunfo modesto del PP, 156 diputados por 141 del PSOE de Felipe, que estaba atravesando un calvario judicial por el caso  Filesa, financiación ilegal, y que venía de la condena a Juan Guerra, el hermano del vicepresidente, por el despacho de favores en el chiringuito andaluz, hizo calcular a Pujol que era de normalidad democrática dar sus 16 votos al PP para que por primera vez en normalidad constitucional gobernara un partido de derechas. Una derecha que no paraba de repetir que estaba viajando al centro político. No se olvide que el PP se fundó en 1989 bajo la dirección y contenidos políticos de la Alianza Popular de Fraga.

Aquella presidencia de contenido político neoliberal privatizó las empresas rentables del estado: Telefónica, Endesa, Tabacalera, Repsol, Cepsa,… hasta 52 empresas públicas, consiguiendo ingresos del orden de 30.000 millones de pesetas que se contabilizaron como fruto de la buena gestión económica del ministro Rato. La consecuencia de aquella aparente bonanza económica fue la mayoría absoluta de las elecciones del año 2000 en que se acometieron las leyes homogeneizadora del paralizado proceso autonómico y la politización de la cotidianidad social.

El error de cálculo de Pujol era creer que la madurez política de los españoles estaba por encima de las rencillas históricas, e intolerancia, hacia el catalanismo por contraste con la benevolencia con que se trataba a los vascos y eso que ETA seguía activa. O quizás por ello, la sociedad española seguía respetando a estos mientras desconfiaba de los catalanes. Sin duda, los recuerdos de la guerra civil. Franco tuvo aliados potentes entre los vascos de Álava y Vizcaya, y Navarra, pero solo residual entre los catalanes.

Pujol pensaba que era hora de repartir juego y como acto de responsabilidad, ante la historia pensaría, era hora de dar una oportunidad a un gobierno de derechas suponiendo, quizás,  que el ejercicio de gobierno centrara al partido popular virando hacia una derecha de estilo europeo, de la Europa homologable con los principios y derechos de la democracia, de la Europa de los 15.  Enterrando los presupuestos ideológicos de Alianza Popular, el partido de los franquistas que había decidido aceptar el juego constitucional. Recuérdese de sus 16 diputados, solo ocho votaron a favor del texto constitucional, cinco votaron en contra y tres se abstuvieron. Es decir, del núcleo de AP, en 1978 la mitad estaba en contra del nuevo estado y reglas políticas que enmarcaba la constitución, y diez años más tarde esa división de mitades fundaron el Partido Popular. Fraga solo aceptó el estado autonómico cuando fue elegido presidente de Galicia.

El gobierno de mayoría absoluta de 2000 tuvo la habilidad de fortalecer la credibilidad del PP en espacios sociales en los que jamás hubiera entrado sin su eficaz equipo de propaganda capitaneado entgre los que ya estaba, portavoz del gobierno, un joven Miguel Ángel Rodríguez, el Iván Redondo de entonces con permiso de Pedro Arriola, y que ha sido el responsable de la eclosión de Isabel Ayuso en Madrid.

La estrategia frentista que ensayo el elegido Rajoy, cuando perdió las primera elecciones frente a Zapatero y la intolerancia política, torpedeando la reforma del Estatuto de Catalunya, promoviendo mesas petitorias y de boicot a los productos catalanes, y culminando con el recurso al Tribunal Constitucional de la reforma del Estatuto de Catalunya (aprobado por las Cortes y por referéndum en 2006), y que cuya sentencia en  2010 fue el origen del Procés, ha sido la tónica que ha derivado en la extrema polarización actual.

La derecha política, el PP y Vox, se consideran, y lo son, los guardianes del testamento político de Franco que solo impuso al Rey un ruego, advertencia o condición ante a historia, preservar la unidad del Estado. Lo que en términos de la ideología nacional liberal del siglo XIX maximizada por el franquismo implica la derogación del estado autonómico sea de iure o, sencillamente su descafeinamient;  una vuelta al centralismo político y reformando regresivamente, una constitución que estableció el estado de las autonomías cuya intencionalidad era iniciar un proceso reformista que pudiera culminar con una reforma profunda hacia el estado federal. Y tan claro que esta hipótesis es más que acertada, ahí están las declaraciones del recientemente nombra presidente del partmamet balear, de Vox claro,  proponiendo devolver competencias al estado central.

Y este análisis no se puede obviar la peripecia de Ciudadanos, el partido responsable directo de la polarización actual. Fue capaz de enredar lo suficiente como para que el centrismo liberal confiara en él, entregándose luego a los postilados más rancios y, visceralmente, renegar de sus orígenes socialdemócratas, para fortalecer un partido popular que siguió las pautas marcadas, ahora por Vox, y tradicionalmente por esa mitad ideológica que sigue la estela del postfranquismo. Y ahí están las histerias que se ven a cada paso de avance del reconocimiento de las víctimas del franquismo.  Las exhumaciones del Cuelgamuros.

Las encuestas que se están publicando ahondan en la brecha entre el bloque de la investidura y la suma de populares y Vox. No sabemos cómo se desarrollarán unas elecciones convocadas para finales de julio tras la, para mí, correcta e inevitable decisión del presidente ante unas elecciones municipales que en ningún momento tuvieron ese carácter de Local sino de contestación al mismo Pedro Sánchez. Pero, sea una u otra la decisión de los electores, sea o no posible repetir una coalición o gobierno en minoría, me atrevo a pronosticar algún tipo de acuerdo nacional de alcance, también autonómico, entre los dos partidos mayoritarios a fin de marginar a Vox, que solo da sus votos si impone su programa, y atemperar a los de Sumar para evitar personalismos extremos.