(publicado en Última Hora, 2l 23-11-2013)

El Prestige, hundido en 2002, no habría podido hacerse a la mar si la normativa que había aprobado el Consejo de Ministros de Transportes de la Unión Europea, tras el desastre del Erika en 1999, con mayores exigencias en seguridad como el doble casco, no se hubiera demorado en entrar en vigor hasta 2003.

Las navieras que se dedican al transporte marítimo, de   contenedores y de derivados del petróleo, han estado siempre bajo la sospecha de dumping por las, muy razonables, certezas de que aplican condiciones laborales penosas, amparándose en  legislaciones laxas del país de bandera, reduciendo costos operativos y evitando regulaciones estrictas en cuanto a seguridad o tasas fiscales,

El caso del Prestige, abanderado en las Bahamas, propiedad de una empresa liberiana, gestionado por la operadora griega Universe Maritime y fletado por la Crown Resources (USA), ejemplifica cómo funciona el entramado financiero y especulativo del mundo del petróleo, donde el crudo embarcado en un punto de suministro puede pasar por varios propietarios hasta su descarga en puerto. En ese tránsito financiero global no se contemplan inversiones no productivas, en seguridad.

El Prestige invadió con chapapote más de 400 playas en Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco en España, zonas en Portugal y en las Landas, en Francia, y supuso pérdidas económicas que se estimaron en más de 2000 millones de euros, solo el primer año.

Recuerda, el Prestige, el desastre del Exxon Valdez que vertió 42.000 toneladas de petróleo, el Prestige 77.000, en las costas de Alaska y Canadá en 1989 y, aún hoy, 21 años después sigue contaminando.

Tras años de litigio, la compañía Exxon Mobil Corp fue condenada a indemnizar con 2500 millones de dólares (recurrida y reducidos a 507 millones de dólares) por los daños medioambientales, estableciendo el precedente de que los daños al medio ambiente tienen un valor económico mesurable y un precio equivalente al precio que pagaríamos por recuperar ese bienestar. El desastre ecológico, al margen del valor económico de la pérdida de recursos (los mariscadores), supone una pérdida económica que el economista ambiental valora como externalidades de la actividad económica. El economista ambiental valora el daño ocasionado al medio ambiente observando, y cuantificando, el valor que los individuos atribuyen al medio ambiente calculando el daño ocasionado en función de ese precio de reposición, de las condiciones anteriores al desastre medioambiental.