Por mucho que se esfuercen los partidos que se oponen a una profunda revisión de la Constitución en la cuestión regional, la historia de España es la que es y corrobora que la Transición no fue un acuerdo constituyente en plena libertad, sino el compromiso posible dada la correlación de fuerzas del momento. La necesidad de un pacto para salir de la dictadura forzaron a un acuerdo en el que ganaba aquella parte que teniendo de su lado a los poderes fácticos, se había educado durante la dictadura en los valores culturales de la idea de un nación española uniforme; del toreo como fiesta nacional y del flamenco como divisa de lo español. Los de más edad recordarán, cómo durante la dictadura de Franco televisión española bombardeaba con las corridas y el inevitable tablao en los programas musicales de mayor audiencia.

La Constitución incluyó el título VIII por imposición de los nacionalistas catalanes y vascos. Y especialmente de los catalanes, que los vascos, como los navarros, ya sabían que se blindaría su régimen foral, mantenido durante el franquismo por haber hecho causa común con el “Alzamiento” (Navarra y Álava). No era ese el caso de Catalunya que tuvo que plantarse en exigir un régimen autonómico. La reivindicación autonómica de Catalunya era unánime cuándo la Transición, y había sido el clamor de la Assemblea de Catalunya desde 1971: Llibertat, Amnistia i Estatut d’Autonomia.

Suárez, tras el fracaso de UCD en Catalunya en las primera elecciones democráticas (15-J), solo consiguió el 16,7 por ciento de los votos (similar a Pacte Democràtic, de Pujol), tuvo que aceptar que para su credibilidad tenía que dar un paso hacia adelante aprestándose al retorno de Tarradellas, que había ignorado cuando se lo propuso Alfonso Osorio en abril de aquel mismo año, restableciendo por decreto la Generalitat provisional.

En las negociaciones constitucionales, el Título VIII fue motivo de las mayores tensiones por parte de Alianza Popular y los democristianos de UCD, que se incorporarían al PP, que se oponían a la estructura autonómica que finalmente salió adelante. Solo aceptaron la descentralización política cuando se garantizó que el Senado, que otorga un plus de representación a las provincias de la meseta y Andalucía, (el 47 por ciento de los senadores de elección), tendría capacidad para bloquear cualquier avance en sentido federalista. Al tiempo, se convenció a los nacionalistas catalanes de que el compromiso llegado, con la expresa imprecisión constitucional, era a propósito para permitir que una interpretación progresiva del texto constitucional llevara a un modelo federal.

Eso fue así. Se puede leer en la historia y en las crónicas periodísticas de aquellos años, incluso lo puedo recordar porque con veinte y muchos, tengo vivencias directas por haber estado en aquellos mentideros políticos.

Me resultan, por eso, escandalosas las falsedades de políticos y comunicadores que pretenden explicar la Transición que les conviene con afirmaciones temerarias, de oídas y sin rigor ni perspectiva histórica.

Entre estos está un Albert Rivera nacionalista español, jacobino a la francesa, contrario a una concepción de España como nación de naciones. Que juega, si se permite esa colación imprecisa, a ser un nuevo Lerroux; aquel político, demagogo y oportunista, que estuvo en todas las guisas. De izquierdas, fundando el Partido Republicano Radical (1908), destacando por su virulencia contra la lengua y cultura catalanas, luego pactando con los socialistas; finalmente de derechas con la CEDA y prestando su adhesión a Franco. A la postre servidor del conservadurismo más rancio e intransigente.