La monarquía, o el juancarlismo, ha sido afectada por el descrédito de su imagen por los episodios ya señalados, pero también por el deterioro de la economía y de las instituciones que conforman nuestro sistema polí­tico. Del mismo modo que el juancarlismo se benefició de su crédito como impulsor y garante de la democracia en los setenta y ochenta hoy se le re­clamaría cierta intervención, una voz más comprometida ante la situación de crisis y de descrédito de los políticos que, lejos de gestionar con valentía y honestidad las torpezas administrativas y los casos de corrupción que se han dado, intentan negarlos, ocultándolos y diluyéndolos en una maraña de sinrazones con el indisimulado objetivo de confundir a la opinión pú­blica.336

A la hora de valorar el poco respaldo actual a la institución monárquica hay que recordar que la monarquía en España fue colada, es un hecho, por la puerta trasera. Fue una imposición del dictador Franco, votada por el pueblo en referéndum franquista, y sancionada cuando se votó y refrendó la Constitución que, para todos, era ante todo la garantía de un sistema polí­tico democrático y parlamentario. Al rey Juan Carlos se le reconoció enton­ces, y ahora, el mérito de haber sabido asesorarse y rodearse de personajes de verdadera estatura política; hombres de Estado que estuvieron a la altura de las circunstancias en el proceso de la Transición, sin olvidar la figura de referencia de su padre, don Juan, demócrata convencido que tuvo desde su exilio, en Estoril, constantes refriegas con Franco por el tipo de educación que pretendía trasladar al príncipe, alejándolo de la referencia paterna.

Desde aquel éxito institucional de la Transición, pero sobre todo desde su decisiva intervención para frustrar el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el pueblo español tuvo con la monarquía la querencia del agra­decimiento y de la confianza en que, como entonces, estaría alerta a otros posibles golpismos adquiriendo cierta aureola de tutela de las conquistas de la Transición. Logros que, en un cuaderno no escrito, constaban como un pacto nacional más allá de ideologías partidistas para la convivencia entre todos los españoles, y entre todas las regiones; unos presupuestos ideológicos que habían sido los inspiradores del texto constitucional.

La Corona era un referente de convivencia nacional. Un símbolo de una España que encaraba el futuro con confianza porque el Estado de De­recho, las garantías a la integridad de las personas y la seguridad jurídica eran las bases sobre las que progresar. El rey, que impulsaba la marca Es­paña, era admirado dentro y fuera y parecía que tuviera que ser el garante de una pax regis, por la que el rey se comprometía a mantener una estadio de garantías y protección del consenso nacional en los términos pactados; como una especie de reedición de aquellos reyes del medioevo y de la era moderna, que siendo símbolos del poder político estaban dos puntos por encima de las trifulcas partidistas y, por eso, podían reinar en territorios tanto propios como otros, muy distintos e incluso confrontados. Los Reyes Católicos y los Augsburgo en España; casas reinantes en Europa que eran llamadas para reinar en países en conflicto; o la especificidad del Reino Unido.

Al rey Juan Carlos se le tenía como el punto de equilibrio y de neutra­lidad en las grandes discordancias ideológicas de España. En la cuestión social, no se olvide que en la España de la Transición se hablaba de ocupa­ciones de tierras y de la reforma agraria contra los latifundios improduc­tivos. Y en la cuestión regional, el rey devino la garantía de un consenso que habría de estar por encima de ideologismos; no era pensable que por casuísticas electorales se diluyeran los consensos que culminaron con el pacto constitucional.

 1. La Monarquía tiene que tomar iniciativas.

Hoy parece que la Corona, la monarquía sin funciones políticas pero sí simbólicas, no habría estado a la altura de las circunstancias. No supo, no quiso decir nada ante el acelerado deterioro de la economía y de la convivencia política; ni ante los escándalos de corrupción, de principios de los años noventa, o por el paulatino abandono de los principios que estu­vieron detrás de la Transición, con leyes y políticas que, no acordes con los principios de subsidiariedad autonómica, suponían de hecho un retroceso en el mandato de profundizar la España autonómica.

Al rey sin funciones ejecutivas se le habría pedido un poco más de impli­cación. Hice referencia a esto en los artículos “Los próximos veinte años”7 y “Ante la reforma del Senado”8, en un contexto en que Aznar redefinía la política exterior, entraba en el euro, para sorpresa y “horror” de Alemania y Francia, que dudaban de la fortaleza de la economía española (publicaba The Economist). A nivel español, impulsaba el primer intento de recentrali­zación política, tomándose la revancha de cuando en la primera legislatura había tenido que pactar con Jordi Pujol, expulsando al nacionalismo de todos los órganos de ámbito estatal, consejo de Radiotelevisión Españo­la, instancias de gobierno de la judicatura, las mesas del Congreso y del Senado y en instituciones como el Tribunal Constitucional se aceleró su politización, de manera que las resoluciones que se tomaran en el futuro se ceñirían más a la letra constitucional que al sentido interpretativo del consenso constitucional.

En aquella coyuntura, publiqué: “España vuelve a encontrarse ante el dilema: la opción pesimista, de cantar los éxitos pasados dando alas a nos­tálgicos idealismos que no pueden volver… o hacia el futuro, estructuran­do un sistema sólido… un modelo de convivencia, armonizando la unidad (España) en un modelo de Estado plurinacional”; “es momento oportuno de retomar el pulso histórico, haciendo examen del tiempo transcurrido desde la Constitución y reeditar el consenso constitucional adaptando las soluciones de entonces al ahora y, en especial, a los tiempos inmediatamen­te siguientes, en ese horizonte de los próximos veinte años”. En cuanto a la monarquía como institución, en “Monarquías 2000” el 11 de enero decía: “deben de volver a asumir el papel histórico de avance político (como en la Edad Media y la Edad Moderna), y ser referencia de progreso y abocarse en su función de representatividad de los valores que tiren del desarrollo global de la sociedad”.

La institución monárquica hoy lleva el lastre de la indolencia al no haber sido capaz, en los últimos años, de levantar una voz contra gobiernos afec­tados por sus propios intereses ideológicos y también, ahí están las imputa­ciones por casos de corrupción y de financiación ilegal de los partidos, por conveniencias económicas en función de prebendas y favores a devolver a quienes les patrocinaban y financiaban generosamente. La monarquía, que está en el mundo como todos los ciudadanos, tenía que haber manifes­tado su preocupación de forma activa, respetando su papel institucional de no tener presencia política directa, pero sí asumiendo su papel histórico y reconocido durante la Transición de referente de convivencia y, yendo más allá de las limitaciones de la norma escrita, actuar como valedora de los consensos que el proceso constitucional consolidó.

De la institución monárquica, por principio de analogía, puede interpre­tarse que de igual forma que la monarquía sería según los teóricos una insti­tución dada por Dios que se explicita por un pacto entre soberano y súbditos para, a semejanza de la relación de Dios con los hombres, preservar la con­vivencia, los valores sociales y la virtud; del mismo modo, aun sin funciones ejecutivas, la Corona tendría implícitas funciones de moderación y arbitraje o equilibrio, y de cierta ejemplaridad en el orden ético y moral. Es evidente que la imagen del rey no ha respondido a estas expectativas ni de cuido so­cial ni de ejemplaridad. Y ahí están los resultados de las encuestas.

Si a los gobiernos, por su funcionalidad y responsabilidades directas en el manejo de lo público, se les exige buen gobierno: diligencia, honestidad y sabiduría política, prospectiva y anticipación, para conducir el presente y hacer posible un futuro con beneficio para la sociedad, a la Corona le es exigible un plus de talento, no menos gratuito que el privilegio de su estatus de hereditaria; que sea capaz de salir al paso y velar por la sociedad, por la convivencia nacional, para que los intereses partidistas no subviertan principios teóricos y consensos sociales y políticos que forman la parte no escrita del orden constitucional; valores intrínsecos con la propia instau­ración-restauración de la monarquía que fueron la “piedra angular” del diseño constitucional.

¿Puede un rey, sin funciones ejecutivas, inmiscuirse en la política? Esa es una pregunta cuya respuesta debería trascender las finuras legalistas y apriorismos porque, por encima de la no responsabilidad política, está la responsabilidad como ciudadano.

Todos los demócratas que combatieron la dictadura de Franco, y aun los que estando comprometidos con aquélla veían necesario un cambio (el general Franco había dicho al joven príncipe que no podría gobernar de la misma manera que él), sabían que el impulso del cambio político habría de darse desde fuera de las legitimidades de las leyes que sustentaban el franquismo. Juan Carlos, aunque elegido por Franco para sucederle, no contaba con muchos apoyos en las filas franquistas más allá del grupo del Movimiento, de fidelidad a lo que dijera Franco. Ni siquiera los monárquicos, más fieles a don Juan que a un príncipe que aún no había descubierto sus cartas en vida del General, confiaban en don Juan Carlos. Sólo algunos reconvertidos, y nuevos políticos, organizados en las distintas asociaciones políticas que se habían formado a rebufo de la Ley de julio de 1974, que permitía el asociacionismo político con  limitaciones, se apuntaron al nuevo juancarlismo mientras, la oposición democrática se mantenían escéptica hasta que Juan Carlos expuso claramente su voluntad de cambio.

Juan Carlos, saltando la legalidad del momento, se reunía y estaba en todo momento informado de qué se movía tras los bastidores en el régi­men y en la calle. Gracias a esa astucia pudo ser el motor y el director del cambio político. Hoy, a quien fue capaz de ver más allá de los límites de un régimen que agonizaba doblemente, por fundamentarse en valores que la historia había convertido en residuales desde el final de la II Guerra Mundial, y por haberse convertido en una lonja de favores, de prebendas y de reparto económico entre las pocas familias que se beneficiaban y sus­tentaban el régimen del Caudillo, se le pide un plus de compromiso, de determinación y de iniciativa.

¿Cuál será la diagnosis de nuestra situación política actual, vista desde la perspectiva de veinte años? Desde la década de los años noventa, la po­lítica profesional se ha apropiado del discurso político. Los partidos polí­ticos tienen la capacidad, y obligación, de canalizar la participación de la ciudadanía en la dirección política de la sociedad y ser reflejo de aquella. Reflexionaba Tocqueville9, refiriéndose a la democracia americana, que “a pesar de que aspiran (los partidos políticos) a «imponer» sus puntos de vis­ta en la comunidad, en la práctica la interacción entre ellos ha contribuidoal surgimiento de normas de tolerancia y de institucionalización de los de­rechos democráticos”. Pero, en cambio, lo que tenemos son partidos que, por falta de transparencia y de compromiso de representatividad y partici­pación, responden más a intereses privativos de sus cúpulas dirigentes que a la voluntad de la sociedad y de sus propios votantes. Esta partitocracia se parece mucho a la nomenclatura que monopolizaba el debate político de la Dictadura.

Pero, además, durante los últimos veinte años, se ha dado la espal­da a uno de los pilares ideológicos fundamentales que hicieron posible la Transición. La cuestión de los nacionalismos fue, como se ha expues­to prolijamente en el primer apartado de esta comunicación, uno de los tres gritos reivindicativos de la oposición en Cataluña, el País Vasco y, en gene­ral en las comunidades regionales con cultura y lenguas propias, “Estatut d’Autonomia”. En el resto de España se vindicaba democracia y amnistía, y solo tímidamente autonomía, entendida como descentralización y poco más, de modo que el pacto constitucional, para Cataluña y el País Vasco, no hubiera sido tal sin la inclusión de estatutos de autonomía con amplias facultades de autogobierno.

Estamos, a mi modo de ver, ante una nueva versión de los años de la Transición. Una clase política endogámica que ha perdido la referencia de la calle y su apoyo; no hay más que ojear las encuestas del CIS y el creci­miento del voto en blanco en las convocatorias electorales, para constatar que las instituciones políticas han perdido el favor y la credibilidad de los ciudadanos. Como en la Dictadura, se advierten nombramientos por razo­nes ideológicas en las instituciones básicas del Estado desde el gobierno de la judicatura a los demás organismos y órganos de entidades públicas, y las connivencias entre intereses económicos y política, la llamada “puerta giratoria” entre los directorios políticos y las grandes empresas y sectores económicos estratégicos.

La España que nació de la Constitución de 1978 se ha agotado en su propia inanición. Es decir, por incapacidad de mantener por más tiempo la ficción de una normalidad, salud institucional que solo fue tal mientras las condiciones económicas y políticas internacionales permitieron sujetar las debilidades de nuestra sociedad. El modo apañado con que se cambia­ron las superestructuras, en análisis dialéctico, para mantener intactas las infraestructuras ideológicas y económicas. Hay que recordar que la recu­peración de la normalidad democrática, y la rápida desactivación de los cenáculos golpistas durante la década de los ochenta, fue posible porque se paró la dinámica reformista constitucional, con la LOAPA y la inter­pretación restringida de la Constitución que, en la cuestión autonómica, avanzaba hacia un estado cuasi federal. Por contra, el miedo a rebrotes gol­pistas frustró reformas de mayor calado y en las administraciones, y en las grandes empresas públicas, se mantuvieron intactas estructuras, prácticas y amiguismos, y en sus puestos de dirección personas vinculadas y muchas comprometidas con el régimen anterior. Todo ello contribuyó eficazmente a crear esas nuevas nomenclaturas políticas y económicas.

 

[1] “La democracia en América” (1835), Alexis de Tocqueville ; [traductor, Dolores Sánchez de Aleu] Madrid : Alianza, 1980.