De la cuestión catalana a la resolución del conflicto nacional. 2-Abril-2014

 

Artículo exclusivo para el Blog al que os agradecería aportaciones.

De cómo se ha llegado a esta situación somos corresponsables colectivamente, por no haber sabido o querido comprender la voluntad secular de los catalanes que siempre se han sentido cómodos dentro de España cuando ésta ha entendido y respectado su idiosincrasia particular.

Ciertamente, que la deriva soberanista tiene sus arraigos inmediatos en errores de políticos que han antepuesto su ideología, y su idea de España, a la comprensión de la realidad y que, lejos de gobernar desde el pragmatismo, han pretendido acomodar la sociología a las convicciones propias.

 

La ignorancia, y el desdén, con que los últimos años del gobierno Aznar trató las comunidades autónomas, y a los partidos nacionalistas ignorándolos, y apartándolos de representación en órganos institucionales básicos del Estado como el Tribunal Constitucional o de Cuentas, Consejo Asesor de RTVE y otros, contribuyó decisivamente a que, ante una posible nueva mayoría popular en 2004, en Catalunya se abonara la necesidad de un nuevo estatuto que clarificara imprecisionesa, determinando por ley estatutaria precisiones competenciales que tenían que dirimirse cada vez en negociaciones bilaterales entre las administraciones central y autonómica.

El triunfo de Zapatero propició la aprobación del nuevo estatuto y la desafortunada campaña en contra impulsada, hay que decirlo, por una dirección continuista del aznarismo que forzó a beligerancias suicidas; con una campaña contra el nuevo Estatut de Catalunya y boicot a productos catalanes, por un articulado similar al que luego copiaría la Comunidad Valencia. La ciudadanía castigó aquella deriva y oposición frentista, pertinaz e irracional, con la derrota de 2008.

 

La sentencia de un Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, deslegitimada, moralmente, por las irregularidades de todos conocidas: con algunos de sus miembros prorrogados en sus funciones por no haber acuerdo en la renovación, y con una campaña mediática propia de estrategias de “acoso y derribo”, supuso el punto de partida de la situación actual.

 

La sentencia del TC, de apenas unos días, sobre la declaración soberanista contiene elementos interesantes, por clarificadores y que abren vías de solución y a una salida pactada, aunque sean precisas algunas escenificaciones.

 

El Tribunal Constitucional, en una resolución que cabría calificar de salomónica, impecable desde la legalidad, sentencia que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español no encontrado inconstitucionalidad en el resto de la declaración soberanista del parlament de Catalunya. Principios de legalidad, de democracia y de diálogo, apuntando tres aspectos para que formen parte de un cóctel a preparar en la esfera de la política.

El próximo día 8 en el Congreso se seguirá el guión previsto. La cuestión está en por qué no se puede abrir una vía que permita una consulta no decisoria, exploratoria sobre si Catalunya quiere una reforma constitucional que permita que las autonomías que cumplan ciertas magnitudes críticas puedan acceder a un régimen autonómico de tipo federal.

 

 

 

Recuerdo la propuesta publicada en el Blog, https://xaviercassanyes.wordpress.com/2013/12/03/comunidades-autonomas-de-regimen-federal-2/

donde planteaba:

(…) crear un nuevo estatus de comunidad autónoma, las de régimen federal, que satisfaría buena parte de las reivindicaciones  de las comunidades nacionalistas en cuanto se acompañara de un  estatus específico en educación y cultura y en presencia exterior. El nuevo modelo de comunidad de régimen federal sería extensible a todas las comunidades autónomas, incluidas las vasca y navarra, que estarían mejor representadas en el nuevo modelo territorial. (…)

(…) para el acceso a Comunidad Federal sería imprescindible constatar la suficiencia económica y financiera de la región aspirante al nuevo régimen administrativo, mostrando una batería de parámetros de tamaño, de masa crítica, que prevean viabilidad de la Comunidad, por sí misma, para hacerse responsable de su economía, con fórmulas similares a los estados federados más solventes. (…)

 

 

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