I. DEL APOYO AL AGOTAMIENTO DEL JUANCARLISMO.

 

Una reciente encuesta de Sigma Dos, en diciembre 2012, sobre la institución monárquica, mostraba que solo un 53,8 por ciento de los encuestados se manifestaba favorable a la monarquía como forma de estado, mientras que la rechazaban el 41 por ciento. Entre los jóvenes (de 18 a 29 años), el desapego era mayor, un 57,8 por ciento se declaraban contrarios.

La última encuesta del CIS, de abril 2013, sitúa el nivel de confianza que merece en el 3,68 puntos sobre diez; la anterior, de octubre 2011, la confianza era de 4,68 puntos, el primer suspenso en ese tipo de pregunta. La encuesta, confirmaba la tendencia de otras que reflejaban la desafección que los jóvenes menores de 30 años muestran hacia la monarquía como forma de estado, desatándose el temor a que el descrédito de la monárquica llegara a niveles tan bajos que, a corto plazo, resultara ineludible plantear la temida, para algunos, pregunta monarquía o república.

1. La Monarquía cuestionada. El juancarlismo agotado.

La monarquía gozó de su mayor apoyo en los ochenta, tras el prota­gonismo del rey ante la intentona de golpe de estado que movilizó a la ciudadanía en apoyo de la democracia y de la figura del rey. Entonces, la imagen de la monarquía se vio favorecida por el clima de estabilidad po­lítica que siguió al frustrado golpe de estado, y el impulso internacional a la democracia española. La entrada en la Unión Europea en 1985, con el mayor protagonismo de España en el mundo y, en lo económico, el flujo de inversiones a nuestra economía contribuyó a construir un clima de opti­mismo sobre el futuro. La fortaleza y hegemonía del partido del gobierno, el PSOE, que abandonaba el marxismo y se pasaba al ideario de la econo­mía de mercado, y la oposición de AP, que asimilaba al PDP y a UL (los democristianos de Óscar Alzaga y la Unión Liberal, neoliberales de José Antonio Segurado), centraron la sociedad política contribuyendo a alejar extremismos de la sociedad española.

De la crisis de la década de los noventa, con el paro en cotas desconoci­das hasta entonces, del 24,5 por ciento en 1994, se salió con la devaluación de la peseta, alrededor del 24 por ciento respecto al marco (de 1992 a 1995), y afloraron sonados casos de corrupción institucional: Juan Guerra, Luis Roldán, FILESA, GAL.

La monarquía, todavía beneficiada por el éxito de cómo había condu­cido la Transición, y los espejismos de la imagen de España en el mágico 1992, mantenía el respaldo de la ciudadanía: un 65,7 por ciento confiaba en la institución y solo un 8,5 por ciento manifestaba ninguna o poca con­fianza en ella. Apoyo que se mantendría, aunque en descenso, durante los diez años siguientes marcados por el buen momento económico, pro­piciado por la agenda económica del gobierno Aznar: privatizaciones de empresas públicas de referencia que supondría nuevos flujos de capitales extranjeros y la liberalización del suelo en 1998 que, con las alegrías de la entrada en el euro, impulsó la burbuja inmobiliaria.

España experimentaba un nuevo desarrollismo en que la monarquía, como símbolo de estabilidad, era vista como una institución de solideces: la cobertura institucional necesaria para que florecieran los negocios; un cierto paralelismo, tendrán que decir los historiadores, con la Restaura­ción, los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII.

En los primeros años de este siglo XXI, el país estaba en plena euforia y optimismo económico, alegría en el gasto y endeudamiento financiado por un crédito barato; en el envés, el progresivo desmantelamiento de las antiguas fortalezas económicas por la deslocalización industrial y la pree­minencia del mercado globalizado. El deterioro del mercado de trabajo cada vez menos exigente y ocupado por una joven generación que abandonaba su formación por el trabajo bien remunerado, en empresas de la construc­ción y subsidiarias del sector. El dinero fácil unido al cambio generacional (jóvenes que ya no tenían memoria directa de los procesos que llevaron al establecimiento del sistema democrático), facilitaron el desapego de la sociedad de las instituciones políticas, y de la monarquía, que ya no se vería como aquella institución que, comprometida con el progreso del país, vela­ba por las conquistas políticas y sociales de la democracia. Por el contrario, tras veinte años de estabilidad constitucional, muchos consideraban que ya se habría pagado aquel tributo histórico y que la monarquía no tenía ya jus­tificación; si acaso reinventarse, aportando un nuevo valor a la convivencia nacional. ¿Cuál podría ser el papel, el valor añadido, de una institución his­tórica e intelectualmente superada por la evolución de la doctrina política?

La figura del rey, la Corona, sin ese papel que tuvo durante la Transición y la dé­cada de los años ochenta, pierde ese referente de garantía institucional de progreso y se diluye en un staff dirigente que parece sin funciones, sin capacidad para actuar y preocuparse por los problemas específicos de los españoles: un rey demasiado neutral y, acaso, indolente. Un rey que, con funciones difusas —simbólicas de representatividad, y aún más imprecisas, de moderación y arbitraje o equilibrio—, no parece una institución de ne­cesidad para el sistema político.

Desde finales de la década de los noventa, el apoyo social a la monar­quía está en caída libre. En 1998, el 72 por ciento de los encuestados se manifestaban en favor de la monarquía y un 11 por ciento de la repú­blica. En 2007, la monarquía solo era respaldada por el 69 por ciento de los ciudadanos, frente a un 22 por ciento que aseguraban ser republicanos; entre los jóvenes, el porcentaje de contrarios a la monarquía subía al 38,3 por ciento. Si nos remontamos a 1994, entonces un 65,7 por ciento confiaba en la monarquía y un 8,5 por ciento manifestaban ninguna o poca confianza.

http://politica.elpais.com/politica/2013/01/05/actualidad/1357411935_496605.html

La encuesta, realizada a final de 2007, aún reflejaba el optimismo eco­nómico cuando la burbuja inmobiliaria todavía no había estallado. En ple­na ensoñación y felicidad, Zapatero nos recordaba que estábamos en la Champions de los países europeos, mientras el rey hacía callar a Hugo Cha­ves, en noviembre, en la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile.

Las últimas encuestas (2012) revelaban que solo el 54 por ciento se mostraba favorable a la monarquía, mientras que el rechazo era del 41 por ciento de la población. Sobre la abdicación, un 44,7 por ciento de los españoles consideraba que el rey debería abdicar, mientras un 40 por ciento pensaba que don Juan Carlos debería seguir reinando. En cuanto al nivel de popularidad, mientras que la imagen del rey caía estrepitosamente hasta el 50,1 por ciento, 26 puntos menos que hace un año antes, los españoles tenían una buena, o muy buena, opinión del príncipe Felipe, un 62,3 por ciento.

En otras encuestas, la valoración del rey seguía estando afectada por su protagonismo en la Transición. Un 76 por ciento valoraba la importancia de don Juan Carlos en el éxito de la Transición, y así se explica que los monárquicos, lo sean en tanto la figura de don Juan Carlos: un 28,5 por ciento de la población se declara monárquica y un 14,6 por cien­to juancarlista, mientras que un 39,9 por ciento se declaraba “indiferente ante la forma de Estado”. Es evidente que, de los índices de popularidad y del momento en que se realizan los sondeos, se desprende que la imagen del rey don Juan Carlos y el respaldo a la institución monárquica se han visto afectados por los acontecimientos ajenos a la intrínseca función de la monarquía: viaje a Botsuana, relación del rey con trato de favor a la —lla­mada— princesa Corinna y el escándalo Urdangarín, con las sospechas de implicación de la infanta Cristina, pero también de la Corona, han tenido su parte de responsabilidad en la cada menos valorada figura del rey.

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