3. El cierre en falso del encaje de los nacionalismos.

 

En las elecciones al Congreso de los Diputados, en Cataluña, el catala­nismo consiguió el 70 por ciento de los votos emitidos, y en el País Vasco, las candidaturas de partidos euskaldunes el 44 por ciento de los votos, jun­to a los socialistas, el 69 por ciento. Tanto en Cataluña como en País Vasco, las elecciones mostraron la madurez de sus electorados, que no fueron arras­trados a posiciones extremas, de mayor radicalidad nacionalista, a pesar de un año y medio aterrador para la convivencia y normalidad democrática (por la violencia de los atentados terroristas de ETA y de extrema derecha, y episodios de torturas policiales en el País Vasco), y por la situación económica en depresión, con una inflación que llegó al 20 por ciento. La ciu­dadanía se mantuvo serena en sus opiniones sobre la cuestión territorial confirmando la moderación que reflejaba la encuesta de FOESSA de un año antes, sin que se adviertan revanchismos ni se incrementaran derivas independentistas.

Por lo que respecta a las otras regiones, excepto en Valencia y en Ba­leares (por el pacto autonómico impulsado por la Obra Cultural Balear4 y el Congrés de Cultura Catalana5, al que se sumaron todas las candidatu­ras excepto Alianza Popular), en las demás regiones la hegemonía de los dos grandes partidos, UCD y PSOE, dejó la cuestión autonomista según la sensibilidad personal de los políticos electos. De modo que, al plantearse la cuestión regional, la renuencia de las cúpulas dirigentes de los partidos prevaleció sobre la opinión de la ciudadanía que, si damos crédito a las tendencias que mostraba la encuesta de referencia de FOESSA realizada antes de la Ley para la Reforma Política, se mostraba más avanzada en có­mo resolver la cuestión territorial.

En cuanto al Senado, los resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 supusieron, para la cuestión regional, enfrentarse a la paradoja de una conciencia social regional arraigada en las regiones del norte y nordes­te periféricas, más pobladas y más dinámicas económica y culturalmente, mientras que el Senado elegido tenía mayoría política de las provincias que, sociológicamente, eran contrarias a cualquier proceso autonómico.

Enseguida se hizo evidente que cualquier pacto constitucional tenía que incluir el hecho autonómico para dar satisfacción a las demandas de Cataluña y País Vasco, pero también a otras regiones periféricas que estaban iniciando sus procesos para recuperar la demanda histórica. En la Repú­blica, tras la aprobación del estatuto catalán, el País Vasco tuvo su estatuto de autonomía en 1936, poco antes del levantamiento militar. No hubo tiempo para debatir el estatuto gallego. En Andalucía, Baleares, Valencia, Aragón y Canarias dispusieron de su borrador el mismo año. Mientras Navarra, como la provincia de Álava, disfrutaba de una excepcionalidad jurídica, el régimen foral, que fundamentado en derechos históricos, el régimen franquista había respetado en compensación por el apoyo recibido en el momento del alzamiento militar en el 36.

Las restantes regiones, la España interior, no tenían su dibujo territorial tan explicitado, por bien que hacía años que en Castilla (La Vieja) se revin­dicaba la revuelta de los Comuneros como una seña regionalista. Pero estas convocatorias de memoria histórica no eran sentidas en toda la región; las provincias de Santander, Logroño, León y Segovia, sin renunciar a los la­zos comunes con la Meseta, se consideraban particularmente diferenciadas para poner en marcha proyectos autonomistas propios: las autonomías de Cantabria y La Rioja. Pero no se reconocieron las aspiraciones diferencia­doras de Segovia y de León; Región de León, origen histórico del que fue Reino de Castilla que, finalmente, fue incluida en la comunidad autónoma de Castilla y León.

Durante el proceso constituyente, el fervor autonomista solo adquiría tonos reivindicativos potentes en las regiones mediterráneas donde se re­clamaban estatutos de autonomía con grado de autogobierno; es decir, co­mo una reproducción a escala de la administración central del Estado, con un parlamento autonómico con capacidad legislativa, un ejecutivo con un presidente autonómico y un tribunal superior de justicia; el modelo que finalmente se desarrolló.

El consenso constitucional sobre el tema regional fue, así, un pacto de compromiso, transaccional y pragmático para armonizar la España centra­lizadora, que creía que el centralismo era la mejor forma de organizar el Estado, y la España autonomista o federal que, por el contrario, entendía que un país tan diverso como España podía organizarse de forma más sóli­da si se impulsaba un proyecto nacional común desde el reconocimiento a las regiones y nacionalidades que se dan en España, y desde principios de solidaridad interregional.

Se diseñó ex novo la España de las Autonomías, un modelo territorial original que, nominalmente inspirado en el modelo italiano, incorporaba elementos del federalismo alemán y de la tradición histórica española: el reconocimiento foral y el autonomismo de la legalidad republicana cuan­do se había restablecido la Generalitat provisional en la figura de quien era su presidente en el exilio, Josep Tarradellas.

Los miedos a una radicalización autonomista eran alimentados por la impronta de la obsesión que había mantenido el régimen anterior sobre la unidad de España. El miedo al comunismo y al separatismo eran las enseñas del franquismo, ante todo el temido separatismo catalán. “España antes roja que rota”, se oía con frecuencia en las soflamas derechistas, y ése sería el único compromiso que Franco pidiera al, entonces, príncipe: mantener la unidad de España: “Alteza, prometedme que pase lo que pase mantendréis siempre la unidad de España”.

Durante la Transición, a pesar de las ambigüedades del nacionalismo vasco siempre a la sombra del terror de ETA, no hubo planteamientos se­rios que aventuraran secesiones, por lo que el miedo a que el proceso auto­nómico tuviera que concluir con el separatismo eran análisis incorrectos. La opinión de la ciudadanía, por los datos de la encuesta citada, apuntaban que si en una parte del país, las regiones periféricas bilingües, un 60 por ciento creía en la autonomía (en el País Vasco y Barcelona eran más del 70 por ciento), quienes deseaban la independencia no pasaban del 9 por ciento en País Vasco-Navarra; 4 por ciento en Cataluña y 5 por ciento en Canarias.

En 1976, las regiones con mayor sensibilidad autonomista o regional no cuestionaban la unidad de España. Sin embargo, un cierto pánico escé­nico se apoderó, no solo de la derecha más conservadora y emparentada con el legado franquista, sino también de sectores reformistas, centristas, que iban a aceptar el autonomismo como inevitable pero alejado de toda singularidad; no fuera que recordara los procesos de descolonización que se habían seguido en África y Asia en las décadas anteriores y que, con fre­cuencia, habían sido precedidos de figuras jurídicas como el protectorado o territorio autónomo.

La Constitución, en ese título VIII, salió como pudo y de espaldas a una parte importante de la opinión de expertos y de la clase política, formada por profesionales de diversa procedencia ideológica y social, que eran ple­namente conscientes de que España es un Estado multinacional. De ahí el eufemismo “Estado español” que, lejos de significar una expresión des­pectiva, se empleaba para diferenciar del concepto España apropiado, en aquellos años, por grupos paramilitares y ultraderechistas que identifica­ban el ser español, y el españolismo, con la reivindicación del caudillismo y la vuelta al pasado.

Pero ese no era el sentir de la mayoría de políticos elegidos por un siste­ma electoral que favorecía los territorios menos poblados6. La mayoría po­lítica elegida impuso su visión de España a la mayoría social que, con poco criterio político tras cuarenta años de desinformación y con nulo debate en doctrina política, hizo seguidismo de los nacientes liderazgos locales, muchos de ellos reconvertidos de la representatividad de las instituciones del franquismo; algunos preclaros y progresivos, como nuestro Josep Melià Pericàs (antiguo Procurador en Cortes por el Tercio familiar) y otros, rancios, que aprovecharían las nuevas estructuras adminis­trativas para medrar y formar nuevos caciquismos.

Al generalizarse la España de las autonomías se desvirtuó el proceso autonómico que se impulsaba desde las regiones que históricamente recla­maban el autogobierno. Cataluña y el PaísVasco, regiones con partidos nacio­nalistas consolidados, tenían entonces, y siguen teniendo, una visión de la autonomía distinta a la del resto de comunidades autónomas, por lo que no resulta aventurado prevenir que, en el futuro, el grado de insatisfacción de ambas comunidades será creciente si no se advierte un cambio de rum­bo, de mentalidad política.

La conclusión de este primer apartado, como no podía ser de otra ma­nera tras la exposición que pretende ser razonablemente amplia, es que en los trece meses que van desde la Ley para la Reforma Política hasta el regreso de Tarradellas en octubre de 1977, se estaba preparando una orga­nización territorial en consonancia con la realidad sociológica e histórica de España que ahora vemos dibujada, otra vez, por las reivindicaciones so­beranistas de País Vasco y Cataluña. Y que fue el pánico escénico, y la poca valentía política de los gestores de la Transición quienes, en los seis meses en que se configuró el borrador de título VIII, cerraron en falso la cuestión regional por una innecesaria estrategia del café para todos, inventando autonomismos donde no los había y fomentándose nuevos caciquismos en muchas provincias.

 

[1]OCB es la institución cívica y cultural de más influencia en Baleares. Fue creada en 1962, entre otros por Francesc de Borja Moll, para la promoción de la identidad balear y de la lengua y cultura catalana.

[2] CCC, (1975-77) fueron un conjunto de iniciativas, y actos culturales a favor de la defensa de la identidad y cultura de los territorios de lengua catalana.

[3] Un Senador en Madrid representa aproximadamente a 550 mil electores; en Castilla-León a 65 mil.

6 Un Senador en Madrid representa aproximadamente a 550.000 electores; en Cas­tilla-León, a 65.000.335

 

 

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