Propuesta de reforma de algunos artículos de la Constitución.

Justificación.

El Consejo de Estado en su “Informe sobre modificaciones dela ConstituciónEspañola”, de 16 febrero de 2006, centra en cuatro los contenidos en que se hacen precisas modificaciones del texto constitucional:

1º La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono

2º La recepción enla Constitucióndel proceso de construcción europea.

3º La inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas.

4º La reforma del Senado.

El Alto Consejo realiza un estudio razonativo exhaustivo no buscando entrar en valoraciones y concreciones de tipo político, limitándose a cuestiones jurídicas y en relación a las actualizaciones necesarias para adecuar el Texto a la evolución y los nuevos compromisos adquiridos por España en cuestión de derechos y de Tratados internacionales, concretamente respetola UniónEuropea.

Con esta misma intencionalidad sin entrar en las cuatro cuestiones que centran el informe del Consejo, apunto un complemento de propuestas concretas en la dirección de actualizar el texto constitucional. Todo ello, considerando prudentemente la evolución experimentada por la sociedad española en el transcurso de estos últimos treinta años y buscando que, la redacción de las propuestas de modificación, no alteren el texto anterior, siendo equiparables a las que fueron consensuadas en su momento con la idea subyacente de interpretar modernizada, aquellas solideces para editar nuevos consensos.

Siguiendo el hilo que sigue el informe del Consejo, se trata en estas propuestas de “completar y culminar en cada caso, adaptándolo al presente, el diseño normativo de 1978”. Por lo que se ha buscado traer a colación los “valores, principios y opciones fundamentales” que estuvieron en el espíritu redactor de entonces, teniendo en cuenta que el articulado constitucional debe, ahora, pensarse no sólo para la población española de origen sino, también, para los nuevos españoles siendo que surgen nuevas minoritarias significativas de tipo religioso, lingüístico, étnico y cultural. Es particularmente importante, a este respecto, que principios y derechos que deban recogerse en el rango constitucional sean expresados de forma que no generen contradicción con leyes orgánicas de rango inferior, y que no den amparo a situaciones discriminatorias o que, por un celo, en la tutela de las administraciones obligaciones públicas, el Estado se encuentre enzarzado en una maraña de compromisos. Un ejemplo paradigmático es la cuestión religiosa, en cuanto al culto y a la educación.

De mantenerse el redactado actual en algunos de los aspectos socialmente más controvertidos se daría opción a interpretaciones contradictorias lo que, además de la inseguridad jurídica que esencialmente implica, supone carga de procedimientos jurídicos y sus inevitables derivaciones en la opinión pública que, eventualmente, pueden encallar en partidismos y conflicto.

Las reflexiones que siguen se refiere solo a aquel articulado que he detectado, salvo error u omisión, susceptible de mejor adecuación, sin entrar en los puntos genéricos a que se refiere el informa del Consejo de Estado, señalados más arriba, aunque sí me he nutrido de ese exhaustivo y valorable informe en sus propuestas referente a algún articulado.

La descripción de la propuesta se ha realizado en forma esquemática por artículo, transcribiendo el redactado vigente y el de la propuesta, donde se ha destacado en negrilla el texto alternativo. Seguidamente, solo en aquéllos en que la elección de propuesta no resultaba evidente, se ha añadido un texto de reflexión.

Finalmente, expresar el ánimo colaborador con que se aportan estas propuestas y manifestar la disposición, si hubiera ocasión, en profundizar en ellas, en especial, por lo que se refiere a la problemática y reforma del Senado y, en lo que corresponda, al propio Congreso. Así mismo, en la cuestión específica dela UniónEuropearespecto a la que el informe del Consejo de Estado se refiere abriendo un abanico de líneas de innovación institucional bien interesantes. En concreto desde la base de la existente comunitaria ASSISES, conferencia europea de parlamentos, y  COSAC, conferencia de Órganos Especializados en Asunto Europeos, y todo ello en relación ala ComisiónMixtaCongreso-Senado para asunto europeos cuya potenciación y reajuste habría de tratarse en el contexto de la presente reforma constitucional.

Aportación para la reforma de algunos artículos de la Constitución.

 

 

Art.2 Único

DICE La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad dela Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

PROPUESTA del Consejo de Estado:La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad dela Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en Comunidades Autónomas, así como la solidaridad entre ellas.

PROPUESTA. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, así como la solidaridad entre ellas.

Reflexión.- Dado que la reforma constitucional se realizará estando ya constituidas las Ciudades Autónomas de Ceuta i Melilla resultaría un anacronismo no recoger su actual vigencia de pleno derecho en el momento actual, adoptando la solución que propone el Consejo. Sin embargo, la redacción posible del Consejo, (pág. 180)

Podría incluirse, dado que no habría que cerrar casuísticas en que territorios ahora impensables, o poco probables pudieran incorporarse como Comunidad Autónoma o Ciudad Autónoma. Me refiero a Gibraltar, pero también, a la evolución de este mundo cambiante, dónde pudieran caber asociaciones nuevas.

Art. 16. Tercero.

DICE. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación conla Iglesia Católica y las demás confesiones.

PROPUESTA. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán con ellas las consiguientes relaciones de cooperación en asuntos de interés mutuo y social.

 

 

Reflexión.- Traslado párrafos de dos artículos, que publiqué en Última Hora de Palma de Mallorca (4-4-08 y 8-4-08), en que se abogaba por la laicidad. La negrilla es a efectos de resaltar aquí.

La aconfesionalidad, que impide al estado tener opinión pero sí tener tutela, da pie a que el estado tenga que plegarse, también, a exigencias de otras confesiones como la hebrea, la islámica o, por qué no, en un futuro la mormona, o la que se tercie, que reclamarán su derecho para instruir a sus niños según el sesgo particular de su visión del mundo.

En Manacor, población con un fuerte componente inmigratorio de religión musulmana, he tenido ocasión de presenciar cómo, cerca de su lugar de culto, la actitud prepotente de algunos miembros de esa comunidad impedían el paso por la acera a mujeres resultando que éstas debían de bajar a la calzada…La tarea de la integración pasa por que Ley no dé pie a que puedan encontrarse apoyos legales a la discriminación. Tanto en grupos católicos como islamistas, judíos o de otra índole. 

¿Cómo argumentar que un musulmán con varias esposas no pueda reclamar su reagrupación familiar? ¿Cómo disuadir de prácticas discriminatorias para la mujer si ésas, en el fondo, se justifican en la propia religión? Recuerdo Yentl, la película de Barbra Streisand, donde se desarrolla la historia de una judía que se viste de hombre para poder recibir enseñanza de la Torá.

Se trata de apostar por un modelo de convivencia donde se preserve los valores que nuestra sociedad ha desarrollado, en los que hay amplio consenso, que son garantes de convivencia y de asegurarse todos los instrumentos legales para que no puedan interpretarse equivocada ni interesadamente, de manera que las creencias de tipo espiritual sean forzadas a desarrollarse en el terreno de lo privado.

Sería realmente ridículo, si no dramático, que un día tengamos que cuestionar si debemos permitir el burka o hacer la vista gorda a la libertad de expresión por imposición de doctrinas religiosas totalitarias.

Las confesiones religiosas, por lo demás, tienen una actitud bastante limitada en materia de espiritualidad. Quien se tome el trabajo de leer los textos que informan las corrientes espirituales, las religiones, Bíblia y Corán, principalmente, porque los textos interpretativos son otra cosa, se dará cuenta que su lenguaje va dirigido a la conciencia; como esa llamada Jihad, que se traduce por esfuerzo, y que significa la guerra que uno tiene que hacer contra sus demonios, sus defectos, para establecer el reino del Dios en la Tierra, el propio hombre, y alcanzar el paraíso, la perfección.

 

Creo que he argumentado suficientemente porqué me inclino por el redactado propuesto que obviamente no pretende minusvalorar la aportación y la presencia hegemónica de la Iglesia Católica.

 

 

 

 

 

Art. 18. Tercero.

 

DICE. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

PROPUESTA. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas, telefónicas y por medios electrónicos e informáticos, como Internet, salvo resolución judicial.

Art.27. Primero.

DICE. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.

PROPUESTA. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza, sin perjuicio de la sumisión a las directrices dimanadas de las leyes Estatales y de las Comunidades Autónomas en sus ámbitos.

 

 

Reflexión.- En línea con la correspondiente al art. 16. Tercero.

 

 

 

 

 

 

Art.27. Tercero.

DICE. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus convicciones.

PROPUESTA. Los poderes públicos facilitan el derecho de los hijos a recibir la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con las convicciones de sus padres legales, sin perjuicio de la formación complementaria para la comprensión del mundo globalizado.

 

 

Reflexión.- En línea con la correspondiente al art. 16. Tercero.

 

Art.30. Primero.

DICE. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.

PROPUESTA. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España en los cauces previstos por las instituciones democráticas.

 

 

 

 

 

 

Art.30. Segundo.

 

DICE. La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria.

PROPUESTA. La ley fijará el acceso de los españoles a las fuerzas armadas, regulando la carrera profesional, con carácter permanente y en contratos por tiempo definido facilitando a éstos, en su momento, el retorno a la situación civil.

 

 

 

 

 

 

Art.32. Primero.

 

DICE. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

PROPUESTA. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. En caso de conflicto entre la regulación civil y la de confesiones religiosas, con las que se establezca convenios de reconocimiento de contrato matrimonial, prevalecerá la civil.

 

 

Reflexión.- Viene al caso del matrimonio, en sus efectos civiles, que en matrimonios por confesiones religiosas, solo son válidos a efectos civiles aquéllos realizados por confesiones religiosas que tenga por convenio en vigor su reconocimiento civil. Pero ocurre que en confesiones que responden, tradicionalmente a derechos matrimoniales de sistema jurídico, islámica principalmente, pero sin descartar otras que puedan añadirse, la presunción de consentimiento mutuo o la libertad real de los cónyuges pudiera cuestionarse. En estos casos, debe quedar amparada la protección inequívoca del contrato civil. Fuera éste anterior o posterior, situándose pues la carga probatoria en la parte confesional.

 

 

 

 

 

 

Art.35. Primero.

 

DICE. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

 

 

PROPUESTA. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo, religión o étnia.

 

 

 

 

 

 

Art.38. Primero.

 

DICE. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

 

PROPUESTA. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan, protegen y facilitan su ejercicio de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso de la planificación, facilitando el acceso a la modernización e innovación con criterios de transparencia y responsabilidad social, en relación a la defensa del sistema productivo

.

Reflexión.- Ésta se enmarca en la casuística de la coyuntura actual. Sin embargo, ya hace al menos quince años, desde amplios sectores de la sociedad se tiene la convicción que la globalización económica no responde a los intereses de las sociedades en particular aunque pueda darse consenso en que a escala de ciclos históricos sea, sin duda, positiva.

La cuestión, naturalmente, está en si la política, ésa que se renueva cada cuatro años, se debe en sus responsabilidades a la sociedad que vota y deposita su confianza o al juicio de los historiadores del futuro. Centrando más, se trata, así lo veo, de volver al vector revolucionario, innovador, creativo del sistema de libre mercado y es su afán por el bien común, por el progreso social de las sociedades. No hace falta argumentar sobre la responsabilidad social de las empresas, ni de la sociedad respecto al medio ambiente, la sostenibilidad. En este contexto de reflexión se enmarca Estela propuesta de reforma de ese artículo que, en su redactado original ya recoge una voluntad, un tanto exótica, como la defensa de la productividad, que parece impropia del carácter de texto constitucional y entrada con calzador, seguramente compensada por la inclusión de, en su caso, de la planificación.

Otro añadido de reflexión, haría referencia a cuál es la experiencia de la trayectoria de la sociedad en cuanto a bienestar diferencial. La desregularización excesiva, la opacidad de los mercados y la miedosa posición de los reguladores públicos, que tienen su techo en la no injerencia en los asuntos del mercado, por mandato constitucional facilita las prácticas especulativas. Obviamente, no soy experto, ni es aquí donde debatir los baremos que diferencian entre los márgenes razonables de interés/ganancia, las usuras o las burbujas especulativas. Se trata, empero, que si la Constitucióndefiende la productividad, que en última instancia podría ser traída a colación a la hora de regulaciones de plantilla, deslocalizaciones, etc, también, debería y en el mismo rango, amparar al Estado en su, a mi modo de ver, incuestionable obligación de velar por garantizar la transparencia y la viabilidad del mercado, en sus máximos posibles.

 

Art.39. Tercero.

DICE. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

PROPUESTA. Los padres, padre y madre, deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.

Reflexión.- La inclusión de nombrar a ambos progenitores vendría cuento de las disputas en relación a separaciones y divorcios.

Art.57. <<<<<<<          Referente a la cuestión sucesoria.

 

 

 

 

Art 68 Congreso.         Funcionalidades. Circunscripción electoral.

 

 

 

 

Art 69 Senado.            Funcionalidades. Circunscripción electoral.

 

 

 

 

TÍTULO VIII Bis       Referente a la Unión Europea

 

 

 

 

 

Art.71. Segundo.

 

DICE. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización dela Cámara respectiva.

PROPUESTA. Durante el periodo de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad, por lo que se refiere a cuestiones de opinión, y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva por lo que se refiere a delitos de opinión.

Reflexión.- Éste, en mi opinión, es una cuestión que heredera de circunstancias excepcionales debe ser corregida con valentía y contundencia. Cuando el estado de derecho no estaba, ni mucho menos, consolidado, cuando el caciquismo y los clientelismos no se presumían como ajenos a la actividad política, tenía alguna explicación proteger, mimar, a los políticos para aislarlos de posibles agresiones en su persona o patrimonio, ya sabemos las consecuencias del rumor. De todos modos, me pareció inapropiada una medida que sí tenía sentido en el siglo XIX o primera mitad del XX, sobre todo atendiendo a las zonas rurales y atrasadas, y en tiempos donde los medios de comunicación de masas no existían y cuando la justicia era quien desvela las situaciones de ilegalidad. A estas alturas, las acciones delictivas son destapadas por los medios de difusión, resultando que la aplicación de este artículo en beneficio del presunto inculpado, solo consigue soliviantar la opinión pública que no tiene dudas en acusar de corporativismo al grupo político que lo sustente. Consigue pues, el efecto contrario a su propósito que, es de suponer, como así era decenios pretéritos, garantizar que el político fuera libre de expresar opinión sin temer que pudiera ser difamado o, peor aún, enzarzado en alguna suerte de trampa.

Hoy ese artículo es la cobertura legal para escabullir acciones de la justicia. No tengo duda que si no estuviera recogido en el texto ya, no habría político capaz de argumentar, sólidamente, su inclusión en él.

 

Art. 137. Único.

DICE. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

PROPUESTA del Consejo de Estado. Solución A (pág.166)

PROPUESTA del Consejo de Estado. Solución B 1 (pág.167, 8)

PROPUESTA del Consejo de Estado. Solución B 2 (pág.169),

PROPUESTA. El Estado se organiza territorialmente, en orden de escala descendente, en Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas, en provincias y municipios, sin perjuicio de que por los parlamentos autonómicos puedan establecerse modificaciones en cuanto a la implementación de nuevos, o supresión, de entes territoriales de inferior rango, en su ámbito de competencia. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

Reflexión.- Me inclino por la versión de la propuesta porque ampara constitucionalmente la posibilidad de modificaciones en la organización territorial en el ámbito de las Comunidades Autónomas, recogido en algunos estatutos de autonomía,  lo que supondría adecuar de forma automática, sin necesidad de ulteriores modificaciones, las demarcaciones electorales; en el supuesto que en algunas Comunidades Autónomas la división provincial fuera modificada.

 

 

 

 

Art. 141. Bis. Primero.

PROPUESTA. Las Comunidades Autónomas, en su ámbito territorial, pueden delimitar demarcaciones territoriales propias, similares y sustitutorias en su caso de las provincias, por acuerdo en mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de sus parlamentos autonómicos.  En este caso, no se aplica el artículo 141, apartado 1, relativo a la preceptiva aprobación por parte de las Cortes Generales mediante ley orgánica.

 

 

 

 

 

 

Art. 141. Bis. Segundo.

 

PROPUESTA. El gobierno y la administración autónoma de las entidades a que se refiere el apartado anterior, estarán encomendados a Diputaciones o Corporaciones de carácter representativo en los términos en que se determine por los parlamentos autonómicos correspondientes, por acuerdo de mayoría cualificada de dos tercios de sus miembros.

 

 

 

 

Art. 143 Primero.

 

DICE. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos.

 

 

PROPUESTA del Consejo de Estado.

 

 

PROPUESTA. (asumiendo la propuesta del CE) (…) País Vasco/Euskadi, Cataluña/Catalunya, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Región de Murcia, Comunidad Valenciana/Comunitat Valenciana, Aragón, Castilla- La Mancha, Islas Canarias, Navarra, Andalucía, Illes Balears/Islas Baleares, Madrid, Castilla-León y Extremadura. Las Ciudades Autónomas son Ceuta y Melilla.

 

 

 

 

 

 

Art. 143 Segundo.

 

En consonancia con el apartado 1, y el artículo 2, que fundamenta la unidad de la Nación española y en que se garantiza el derecho a la autonomía, de las nacionalidades y regiones, y la solidaridad entre ellas, se reconoce la posibilidad de modificar la actual delimitación de provincias limítrofes entre Comunidades Autónomas, en los términos previstos en el apartado siguiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 143 Tercero.

 

DICE. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

PROPUESTA. La iniciativa del proceso de modificación de demarcación provincial entre Comunidades Autónomas corresponde a todas las Diputaciones interesadas conjuntamente con las asambleas o parlamentos autonómicos correspondientes y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.

 

 

 

 

 

 

Art. 143 Tercero.

 

DICE. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

 

 

PROPUESTA. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.

 

 

 

 

 

 

Art. 144

DICE Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán por motivos de interés nacional:

a) Autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143. b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.

PROPUESTA.     SUPRESION.

Art. 145 Primero

DICE. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

PROPUESTA.  España, en cuanto a su organización territorial, se define como un Estado Autonómico. Cada una de las Comunidades Autónomas está directamente representada en el Senado sin que puedan establecerse instancias políticas intermedias, que se sitúen entre las instituciones autonómicas y las centrales.

Reflexión.- No parece adecuado mantener este articulado que no aporta nada a la casuística de la evolución de las Comunidades Autónomas y que se redactó para atajar ciertos temores hoy, notablemente, sin fundamento. Conviene traer a colación que el redacto constitucional choca con la situación de Navarra respecto el País Vasco, donde sí se arbitra la posibilidad bien que no de federación, sino de unión. El segundo párrafo de la propuesta pretende, en todo caso, recoger la eventualidad de verosimilitud de aquella casuística redactando con igual efecto.

Art. 145 Segundo

DICE. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

PROPUESTA.  Las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas y las que puedan establecerse entre éstas y regiones europeas, dentro de políticas de cooperación interregional, necesitarán la autorización de las Cortes Generales.

Reflexión.- Recoge la propuesta casuísticas dentro del marco de las políticas interregionales dela Unión Europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 146 Único

 

DICE. El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros dela Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley.

PROPUESTA. SUPRESIÓN

Art. 147, Primero, Segundo, Tercero.

DICE.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:

a) La denominación dela Comunidadque mejor corresponda a su identidad histórica.

b) La delimitación de su territorio.

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido enla Constitucióny las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas.

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

PROPUESTA.

 

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos son la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconoce y ampara como parte integrante de su ordenamiento jurídico.

2. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Art. 151, Primero,

DICE.

1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una ley orgánica.

2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:

1º. El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de Autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros.

2º. Aprobado el proyecto de Estatuto porla Asambleade Parlamentarios, se remitirá ala Comisión Constitucionaldel Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación dela Asambleaproponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.

3º. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.

4º. Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los Plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.

5º. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2º de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónomaproyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

PROPUESTA.  SUPRESIÓN.

Artículo 152

DICE.

1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido porla Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables antela Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial dela Comunidad Autónoma.En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio dela Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

PROPUESTA.

1. En los Estatutos de Autonomía vigentes y futuras reformas, la organización institucional autonómica se basa en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido porla Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables antela Asamblea.

Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial dela Comunidad Autónoma.En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio dela Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

______________________________________________________________________

XAVIER CASSANYES – SEPTIEMBRE 2008 ———————————————–

 

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