Publicado en UH, el 20/junio/2014,

En esta España sin monárquicos, la monarquía tendrá que validar su legitimidad histórica asumiendo un papel institucional propio, más allá de la representación totémica del Estado, de la que algunos quisieran no se apartara. Su padre Juan Carlos, legalmente elegido rey para continuar con el régimen anterior, se legitimó ante la sociedad cuando aportó un plus de compromiso personal, impulsando el cambio político, democracia parlamentaria y un sistema autonómico que buscaba, y eso es así, integrar a Catalunya y Euskadi principalmente, en un proyecto de España sólido y de futuro.

Felipe VI arranca su reinado, también, con la doble dificultad  de legitimizarse socialmente, impulsando reformas que constitucionalmente no dependen de Él y que la sociedad española reclama, y ganar credibilidad para su reinado, estabilizando la monarquía como forma  de Estado. Para una y otra tendrá, tendrá que asumir algunos riesgos de prestigio que no serían  necesarios en otras monarquías. La española no es otra monarquía europea sino impuesta por un dictador, aunque colectivamente aceptada como mal menor bajo el miedo, nada fantasioso, del caos institucional.

El Rey inicia su reinado con los mejores parabienes personales y con la sabiduría del conocimiento del País, sin olvidar el muy estimable mentoring de su padre don Juan Carlos. Del porqué la abdicación ahora, caben respuestas interesadas y el Rey tendrá la suya de peso, pero al analista no se le escapa la coincidencia del porqué el enuncio de la abdicación se produjo en plena resaca postelectoral. El vuelco al sistema de partidos, que había funcionado desde la Transición, y, en Catalunya, el refuerzo del soberanismo, habrían convencido al rey de la necesidad de adaptar la constitución a las exigencias y necesidades de hoy. Y ante la cerrazón, en banda, de un presidente de gobierno reformista que no quiere oír hablar de reformar la constitución, no habrían dejado otra salida que la abdicación. El Rey Juan Carlos no habría tenido otra manera de marcar su posición que provocando el cambio desde arriba, pasando el testigo a su hijo para que éste, “emprenda con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando”.

La necesaria reforma constitucional tendrá que abordar tres cuestiones: Modelo territorial, sistema de partidos y electoral, y democracia participativa. El modelo territorial que tenemos ha resultado ineficiente e insuficiente para conciliar a Catalunya y Euskadi en España, objetivo último del desarrollo autonómico. El sistema de partidos endogámico y descontrolado, mimado por un sistema electoral ad hoc, ha dado como resultado partidos que han actuado mirando el interés ideológico privativo, en lugar de buscar el interés general, posibilitando la corrupción generalizada; dando al traste con la presunción de honestidad de los partidos: esa mancha de sospecha resulta insoportable para dar otra oportunidad, sin más, a un sistema de partidos dañado de raíz y que sólo puede aspirar a una refundación desde los cimientos. Y, en tercero lugar, una reforma constitucional tiene que dar respuesta a la demanda social de mayor implicación entre política y ciudadanía; tiene que establecer mecanismos de la llamada democracia participativa, para que la sociedad sea consultada más allá de los referendos que constituyen las convocatorias electorales.

El Rey Felipe asume su reinado con éstas, y otras, cuestiones en su portafolio sabiendo que su aceptación y respaldo institucional y popular, dependerá de su habilidad para dar respuesta positiva a estas cuestiones medulares en política nacional; tendrá que buscar la querencia de la sociedad, sus instituciones civiles, y en aquellaclase política que esté dispuesta a estar a la altura de la historia, como estuvo la nomenclatura franquista cuando votó la Ley de Reforma Política. La reforma constitucional deseable y posible, podría realizarse en menos de seis meses, por el artículo 167 (UltimaHora, noviembre 2013), haría posible introducir una nueva tipología de comunidades autónomas, de régimen federal, posibilitando un estatus federal inmediato para Catalunya y, extensible a otras comunidades y regiones que, según alcanzaran parámetros de masa crítica suficiente y viabilidad,  podrían acceder también al estatus federal.