Paso firme y en la buena dirección.

Sin tiempo para completar los nuevos organigramas ministeriales, el gobierno de Rajoy tomó la decisión de subir los tramos del IRPF y rendimientos de capital, para los ejercicios de 2012 y 2013. Planteada como una medida de carácter extraordinario y temporal, el gobierno busca la comprensión del contribuyente para que asuma con gusto los sacrificios fiscales, y con la manida expresión de apoyo al emprendedor dispone a la ciudadanía para una nueva actitud ante la economía, menos pasiva y a expensas de los ciclos de actividad, por otra, pro-activa, creadora de iniciativas de actividad económica.

En este último Consejo de Ministros, el gobierno se ha centrado en el fraude y la evasión fiscal, la economía sumergida y las transferencias hacia países de conveniencia,  pero también pretende cuestionar las retribuciones de los altos directivos y, es de esperar, en un futuro, que aborde la impunidad en cuanto a las responsabilidades por una gestión deficiente o de alto riesgo.

Se echan en falta, sin embargo, un paquete de medidas que compense los sacrificios que se están exigiendo a la población: políticas de inversión para la creación de riqueza y de empleo, que por mucho que el doctrinarismo neoliberal recele del keynesianismo, acabará exigiendo que el dinero público actúe de iniciador económico. ¿Acaso los rescate a las instituciones financieras no son medidas de interferencia en la economía?

Desde distintos medios financieros y políticos se están reclamando certidumbres en las cuentas de los agentes económicos, entre ellos, las instituciones de crédito y los estados, el déficit, como paso previo a cualquier estrategia de reactivación.

Mientras los gobiernos lo están haciendo, a las instituciones financieras, a sus accionistas, hay que pedir coraje para actualizar sus balances asumiendo pérdidas y una nueva baja del precio de sus activos inmobiliarios, ajustados, para que se mueva un mercado que no se recupera porque se vislumbra que los precios aún pueden bajar más.

Una baja incentivada de los precios inmobiliarios, y de alquileres, en su momento, a fin de evitar el gravoso coste que para familias y empresas iba a suponer la crisis financiera que se avecinaba, hubiera mitigado el efecto traumático que supone el peso inmobiliario en las economías familiares y las empresas. (Ver mi artículo, “Aislar al enfermo”, UH, 25-11-08)

Desde el comienzo de la crisis, los precios han bajado sobre el 25%, pero los alquileres siguen estando por encima del mercado y mientras no se ajusten a la realidad económica seguirán afectando negativamente en las economías familiares y en el consumo.

El gobierno tiene que armar un plan que facilite este ajuste a cambio de un panel de compensaciones razonables.

Publicado el 09-01-2012, en Ultima Hora, en lugar del sábado por un fallo en la recepción.

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